Más rápido, menos arriesgado
Sánchez opta por un atajo más sencillo que la reforma de la Constitución para complacer a ERC
Hasta hace unos meses, el presidente exploró un referéndum consultivo a la ciudadanía para iniciar un cambio en el modelo territorial. Pero su dependencia del secesionismo le lleva por otro lado
En el cuadragésimo cuarto aniversario de la Constitución, Pedro Sánchez ha aparcado, sine die, la reforma que exploró hasta hace unos meses para actualizar el Título VIII, el de la organización territorial del Estado.
Y lo ha hecho por puro pragmatismo: es más fácil y efectivo el atajo de un nuevo Estatut en Cataluña, que valide un Tribunal Constitucional de mayoría progresista -en eso está Sánchez-, que invocar el artículo 92 de la Carta Magna: el que faculta al presidente del Gobierno a convocar un referéndum consultivo de todos los españoles sobre el modelo territorial.
En enero de 2019, Sánchez llegó a encargar a la Fundación Sistema, presidida por José Félix Tezanos, un «estudio para las posibilidades de reforma de la Constitución Española de 1978». El Gobierno pagó por él casi 15.000 euros, según ha sabido El Debate; básicamente para que la fundación presidida por el también presidente del CIS le dijese que siete de cada diez españoles eran partidarios de reformar la Constitución tras más de 40 años de vigencia.
Iván Redondo afirmaba que la expectativa de una 'nueva España' era un filón electoral
El anterior jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, siempre fue partidario de que Sánchez diera ese paso al frente como traca final de la legislatura. Apostaba por que Sánchez convocara un referéndum consultivo en los últimos compases de su mandato (para ello solo necesita 176 votos en el Congreso) y asumiera lo que, según él, era una demanda mayoritaria de la sociedad. Redondo sostenía que eso catapultaría al socialista hacia una victoria segura en las urnas, por la expectativa de una 'nueva España' que abría. Era un filón, según él.
Redondo salió de la Moncloa en julio de 2021, pero Sánchez siguió barruntando esa opción. De hecho, ese mes de octubre, en el 40º Congreso Federal del PSOE, creó una Secretaría de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos que encomendó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Se suponía que para dar impulso a una reforma sobre la que los socialistas llevaban años debatiendo, en torno a una idea de Sánchez: «La España federal en la que se reconozca la pluralidad y la diversidad de los distintos territorios».
La realidad política ha cambiado
Pero en el último año la realidad política ha cambiado. Por un lado, la dependencia de Sánchez respecto a ERC y Bildu se ha acentuado y la sociedad lo percibe. El día en que el Congreso aprobó los Presupuestos Generales de 2023, Arnaldo Otegi se jactó de que el Gobierno se mantiene gracias a los que quieren «marcharse de España». El pasado sábado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reconoció que su partido utilizó las cuentas del próximo año como «palanca de fuerza» para eliminar el delito de sedición del Código Penal.
Que un presidente maniatado por el independentismo convocara a la sociedad española a un referéndum para liderar un cambio de modelo territorial sería muy arriesgado para Sánchez, porque tendría muchas probabilidades de perderlo.
Por el otro lado, Sánchez ha forjado un acuerdo soterrado con ERC que pasa por una nueva consulta en Cataluña, como ha venido contando este periódico. Pero esta vez con la connivencia del Gobierno y del Tribunal Constitucional. El máximo intérprete de la Carta Magna jugó un papel clave en 2008 contra el Plan Ibarretxe, en 2014 contra la consulta de Artur Mas y en 2017 contra el referéndum ilegal de Carles Puigdemont.
Laura Díez es una de los dos elegidos por el Gobierno de Sánchez para controlar el Constitucional
Las prisas de Sánchez por cambiar cuanto antes la mayoría conservadora del Constitucional por una progresista tienen mucho que ver con el biscotto catalán. De hecho, por eso ha elegido el Gobierno a la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez para ocupar una de sus dos plazas en el TC. Hace unos días, en unas jornadas tituladas «Aragón y la España territorial: una hoja de ruta para un futuro inmediato», Díez se mostró partidaria de reformar la Constitución y de revisar algunos aspectos del Estado de las Autonomías; especialmente la cesión de competencias y la financiación.
Este martes, los socios de Sánchez volverán a faltar al acto conmemorativo de la Constitución en el Congreso, porque para ellos no hay nada que celebrar. No estarán ni ERC, ni el PNV, ni tampoco Bildu, ni los presidentes de Cataluña y País Vasco, Pere Aragonès e Íñigo Urkullu.
Vox, por su parte, estará a las puertas de la Cámara Baja, pero no en «la farsa» de los actos oficiales porque están convocados «por quienes están actuando como enemigos de la Constitución, de España, de la libertad y de la democracia», según la formación de Santiago Abascal.
Junto con la representación política, encabezada por el presidente y buena parte de su Gobierno, asistirán al aniversario el todavía presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el presidente provisional del CGPJ, Rafael Mozo. El año pasado, la presidenta del Congreso aprovechó su discurso para abroncar al PP –entonces dirigido por Pablo Casado– por no avenirse a renovar el CGPJ: «Quien discute el cumplimiento de la Constitución, por buenas que sean sus razones, pretende situarse por encima de ella», afirmó Meritxell Batet entonces. Este martes también se esperan alusiones a la situación del Poder Judicial.