La doble vara de medir de Sánchez: 6 años de cárcel por incumplir la ley laboral y solo 4 por malversar
Con la reforma del delito de malversación, saldrá más barato desviar fondos públicos para fines ilegales que incumplir reiteradamente la legislación laboral
PSOE y Unidas Podemos presentarán este lunes una enmienda que rebajará a cuatro años la pena máxima por malversación de fondos públicos, es decir, por desviar dinero de todos los españoles a fines ilegítimos. De esta manera, viste de algodones el regreso de los políticos independentistas catalanes que utilizaron fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1-O.
Este nuevo tipo de malversación y la pena de cuatro años asociada que piden el PSOE y Podemos supondrá una nueva afrenta a la proporcionalidad que deben tener los castigos por los delitos que se cometen en cualquier democracia.
Si se aprueba esta rebaja, se podría decir que en España malversar fondos de la Administración Pública, los que se sustentan en los impuestos de todos los ciudadanos, sale más a cuenta que, por ejemplo, incumplir la legislación laboral en el caso de los empresarios.
Enmienda de tapadillo
El Gobierno, en su práctica ya habitual de mezclar churras con merinas a la hora de legislar, ha incluido una enmienda al proyecto de ley para derogar la sedición que no tiene nada que ver con la misma pero afecta de lleno al mundo laboral para apretar a los empresarios al gusto de Unidas Podemos.
PSOE y la formación morada han acordado castigar con hasta seis años de prisión a los propietarios que incumplan reiteradamente o supriman de forma habitual los derechos laborales o las condiciones de trabajo pactadas con los trabajadores tanto en contratos como en convenios. Antes, la multa era de 7.000 euros por empleado si se incumplían las leyes, ahora será de 10.000 euros y se podría incluso entrar en prisión.
Lo que antes era una multa de 7.000 euros, ahora son 10.000 y la posibilidad de entrar en prisión
En la hoja de ruta de Pedro Sánchez para legalizar un futuro intento de independencia por parte de los partidos nacionalistas, entran enmiendas tan inverosímiles como la de modificar el artículo 311 del Código Penal que establece los supuestos de delito contra los derechos laborales.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, justificó este aumento de penas para evitar que, como a su juicio ocurre ahora, los empresarios se vayan de «rositas» dado que les «compensa más pagar la multa que cumplir la legalidad».
En concreto, la enmienda incluye un primer apartado con penas de prisión de seis meses a seis años, y multa de seis a doce meses, para aquellos que «mediante engaño o abuso de situación de necesidad», impongan a los trabajadores a su servicio «condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual».
De esta forma, España sancionará más duramente los incumplimientos laborales que financiar con dinero de todos operaciones ilegales como las del 1-0. Los primeros, hasta seis años a la cárcel. Los segundos, apenas tres.