Exministros y exdiputados socialistas firman un manifiesto contra la deriva de Sánchez

Al menos cinco exministros socialistas, varios eurodiputados de esta formación política y catedráticos del Tribunal Constitucional, entre otros, han suscrito un manifiesto en contra del objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar los delitos de sedición y malversación.

Con este manifiesto, que ha difundido este lunes la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, pretenden exhortar a los diputados a que reflexionen sobre la gravedad de estos cambios, ha explicado su presidente, Emilio Contreras.

Reclaman por tanto la retirada de la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos y piden a las Cortes Generales la tipificación urgente de un delito contra la Constitución «con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas» para evitar un «vacío legal» que pueda dividir «aún más» la convivencia entre españoles.

Entre los firmantes están el exministro de Cultura, César Antonio Molina; el exministro de Obras Públicas y exportavoz del grupo socialista en el Congreso Javier Saenz Cosculluela; el exministro de la Presidencia, Virgilio Zapatero; el exministro de Defensa y Sanidad Julián García Vargas; y el exministro del Interior José Luis Corcuera, todos ellos del PSOE.

También el exministro de Economía, José Luis Leal y la exministra de Cultura, Soledad Becerril, ambos de UCD; la exsenadora y ex Secretaria de Internacional de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Elena Flores y el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón (que en su día contribuyó a declarar inconstitucional aspectos relevantes del Estatut catalán).

Asimismo, suscriben relevantes excargos del PSOE como Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña; Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSE; Manuel Jiménez Barrios, exvicepresidente de la Junta de Andalucía; el exconsejero andaluz Paulino Plata; el exsecretario general de la Vicepresidencia del Gobierno Rafael Delgado Rojas; el excandidato socialista al Ayuntamiento de madrid, Antonio Miguel Carmona; y otros exdiputados socialistas como José Acosta, Alejandro Cercas, Salvador Clotas, Miguel Ángel Ibáñez Giner o Salvador Fernández Moreda, entre otros.

También lo firman, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández; el expresidente de la Real Fundación Elcano Emilio Lamo de Espinosa; el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras; o el catedrático de Derecho Mercantil Jesús Quijano.

Entre los firmantes de este manifiesto hay decenas de exalcaldes, exparlamentarios, embajadores, profesores de universidad y personas vinculadas al mundo del Derecho. En total suscriben el texto más de 300 personas y una veintena de entidades.

En el manifiesto denuncian el proceder del Gobierno y la tramitación legislativa elegida para «prescindir» de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de debates sobre «un problema jurídico de tanta trascendencia».

Rechazan las actuaciones del Gobierno de coalición porque su objetivo es «obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución».

Estímulo contra la Constitución

En este sentido, advierten al Ejecutivo de que cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá «un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente».

Denuncian que, con estos cambios, se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual considera «más lesivo aún que el lucro personal».

De este modo, se oponen a las últimas actuaciones del Gobierno y sostienen que su propósito es obtener «a cualquier precio» el apoyo parlamentario «de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución», según señala el texto.

Consideran que eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación «supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución» y el ordenamiento jurídico actual y que además se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, «lo cual es más lesivo aún que el lucro personal», según defienden.

En la misma línea piensan que es «una burla» hablar de «desinflamación del conflicto catalán» puesto que según advierten todos los condenados «han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo». «Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna en Europa», señalan.

Por último afirman que la Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España y menos sustituirlo por un delito de desórdenes públicos y remarcan que los hechos sucedidos en el año 2017 no fueron desórdenes públicos sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional.

«Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas», denuncian.