El voto de la mujer de Conde-Pumpido pone en entredicho la elección de los candidatos al Constitucional

El bloqueo en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la elección de los candidatos a renovar el tercio de los miembros del Constitucional cuyo mandato caducó el pasado mes de junio, ha acelerado las maniobras de un Gobierno decidido a tomar el control de la Corte de Garantías cuanto antes. El mismo Ejecutivo que se negaba, desde el comienzo de las negociaciones ya rotas con el Partido Popular, a modificar la ley actual para despolitizar la designación de los perfiles del Poder Judicial, lideraba la semana pasada una doble enmienda exprés para modificar por tercera vez nuestro ordenamiento y permitir a sus dos candidatos –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de la Generalitat Laura Díez– tomar posesión de sus nuevos cargos, sin esperar al Consejo.

Pedro Sánchez tiene prisa por lograr el vuelco de la actual mayoría conservadora del Tribunal a otra progresista que no sólo favorezca la resolución de sus causas más ideológicas, durante los próximos meses, sino que mire con buenos ojos un futuro nuevo Estatut para Cataluña y la llegada de un referéndum pactado con la Generalitat en manos de Esquerra (ERC). Así las cosas el Consejo se encuentra partido en dos sectores claramente enfrentados por las presiones externas y los tiempos impuestos; y, las dudas sobre la participación de dos de sus miembros –las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda– en la votación final de los candidatos que habrán de elegir, una vez nombrados, al futuro presidente del órgano, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, hacen complicado que se materialice el necesario filtro de idoneidad del máximo órgano de los jueces para el trámite.

Clara Martínez de Careaga, miembro del sector progresista del CGPJ, está en cuestión por su matrimonio con el favorito de la Moncloa a liderar un futuro y eventual Constitucional Conde-Pumpido. Ante un escenario en el que «es evidente» que la candidatura del actual miembro del Constitucional se da por hecho como la única posible, su mujer «debería abstenerse como vocal del Consejo en la votación de los dos magistrados» de la cuota institucional del Poder Judicial que por turno corresponde, desde el pasado mes de junio.

Lo contrario provocaría un «indiscutible conflicto de intereses» entre su papel como vocal y la elección de los dos nombres que, llegado el momento, tendrán que pronunciarse sobre su marido como posible presidente. «Resultaría poco ético y muy poco estético», aseguran desde algunos sectores del ámbito jurídico consultados por El Debate.

Pero la realidad es que la abstención de los vocales del CGPJ es «un acto voluntario del concernido». Esto es, en ningún caso el Pleno del Consejo –pendiente de la convocatoria extraordinaria solicitada por nueve miembros del sector conservador del mismo– puede vetarle su facultad de participación por mucho que la mayoría entienda que está «trufada» y que tenga «un evidente interés en el tema». La única opción del máximo órgano de gobierno de los jueces es la de afearle su conducta para que asuma su trascendencia y «obre en consecuencia», han apuntado a El Debate varios expertos en la materia.

Sin embargo, sí cabe una opción alternativa: la recusación. Una figura que «sólo puede plantear un afectado». Esto es, en el caso de los dos nombramientos que están encima de la mesa del CGPJ casi «cualquier español mayor de edad y con más de quince años de experiencia en el ejercicio del Derecho» al tratarse de una decisión sin convocatoria previamente cerrada. De ahí que «no es descartable» que alguno de los candidatos que vayan a ser propuestos como elegibles, por cualquiera de ambos bloques, a la renovación del Constitucional «pueda hacerlo». En especial si en un contexto de 'manoseo' descarado del Ejecutivo socialista sobre el Poder Judicial quiere «desmarcarse» de cualquier futura duda sobre su independencia e imparcialidad en las decisiones del Tribunal.

La 'contaminación' de Pilar Sepúlveda

A la 'contaminación' de Martínez de Careaga se suma la de su compañera de filas Pilar Sepúlveda quien, el pasado verano estampó su firma entre las de las cuatro mil personalidades a favor del indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán –condenado por prevaricación y malversación en la macrocausa de los ERE andaluces– . Un polémico ingrediente más en la ya de por sí conflictiva renovación del Constitucional (TC).

Más allá del rechazo público escenificado, en su momento, en un comunicado conjunto emitido por seis de sus compañeros de Pleno –ante una decisión que «colisiona» con los «deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo»–, la adhesión de la vocal progresista a la solicitud del perdón, para el expresidente andaluz, plantea dudas severas sobre su neutralidad en el caso de que «participe en el nombramiento de los magistrados» de la Corte de Garantías.

En este sentido se han pronunciado fuentes próximas a la institución comprometida consultadas por El Debate quienes, además, han subrayado que «ambos candidatos», tras su incorporación efectiva al TC, «tendrán que pronunciarse sobre los indultos» solicitados o «sobre los recursos de amparo que plantee el condenado para el que» Sepúlveda «pide clemencia». Un escenario que, cuando menos en apariencia, se presenta «contaminado» en origen.