Los conservadores del CGPJ pedirán un nuevo Pleno y se plantean querella contra su presidente si lo deniega

Darán la batalla ante la «excusa» del defecto formal con la que el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado, en una decisión inédita hasta la fecha, la petición de un Pleno extraordinario. Los nueve vocales conservadores del Consejo que solicitaron una reunión de urgencia para frenar la reforma del Gobierno que rebajará la mayoría reforzada de tres quintos, a una mayoría simple, en el trámite de elección de sus dos candidatos al Constitucional, se reúnen de nuevo este miércoles para «corregir» la ausencia de perfiles concretos acompañados de sus respectivos CV en el escrito al que el progresista Rafael Mozo ha denegado la posibilidad de un encuentro urgente, previo a la cita ya prevista el próximo día 22 de diciembre.

Si bien en las reglas fijadas por el propio Pleno del máximo órgano de los jueces, en el mes de septiembre, para abordar las dos designaciones pendientes a la Corte de Garantías, se pedía expresamente que junto con los candidatos propuestos se adjuntasen su formación, trayectoria y méritos para el puesto, «también se dejó abierta la opción de presentar perfiles hasta en la reunión previa a la votación» de los mismos. De manera que los conservadores insistirán a su presidente Mozo tras la resolución «deliberada» con la que ha zanjado sus pretensiones y lo harán con dos nombres bajo el brazo, de entre los cuatro favoritos actuales: Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena y César Tolosa.

De lo contrario, en el sector mayoritario del órgano se plantean recurrir a la Sala Tercera del Supremo, para instar medidas cautelarísimas que paralicen los posibles nombramientos que pudieran intentarse bajo las nuevas reglas ad hoc de Pedro Sánchez para controlar el Constitucional cuanto antes. E, incluso, una posible querella contra el presidente del Consejo ante la Sala Segunda del Alto Tribunal por sus presuntas responsabilidades penales en el bloqueo «deliberado» de un número suficiente de vocales que han solicitado «por escrito» el Pleno rechazado.

«Es curioso que se hayan agotado los tres días hábiles» máximos previstos para la respuesta del presidente del órgano, que en todo momento alegó cuestiones «de agenda» para justificar su retraso en el planteamiento de la convocatoria, y que siendo un aspecto de forma lo que le ha llevado a denegarlo «no haya ofrecido de inmediato un trámite de subsanación», han apuntado a El Debate fuentes próximas al caso. Así las cosas, los nueve vocales concernidos presentarán una nueva solicitud y que «se haga efectiva y más evidente la resistencia» pasiva del presidente a conceder un Pleno al que le obliga el artículo 35 del Reglamento.

La «norma es clara», señalan los expertos: el «presidente procederá a la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al mismo por cinco o más vocales del órgano. (...) El presidente convocará al Pleno del Consejo a los tres días siguientes a la presentación de la solicitud».