Pablo Lucas Murillo de la Cueva
Crisis institucional
El sector conservador del CGPJ dinamita los nombramientos al Constitucional y propone al progresista Pablo Lucas Murillo como candidato
El magistrado que autorizó al CNI las escuchas a los independentistas catalanes será, junto con el actual presidente de la Sala Tercera César Tolosa, uno de los candidatos del bloque que se opone a las últimas reformas del Gobierno
El juez Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el magistrado progresista del Supremo que avaló las escuchas telefónicas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los separatistas catalanes, será uno de los candidatos propuestos por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar el Constitucional caducado desde el pasado mes de junio. Murillo de la Cueva será junto con César Tolosa, el actual presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, la doble apuesta del bloque mayoritario del Consejo para incorporarse a la Corte de Garantías y neutralizar, de esta manera, el perfil del candidato opuesto, José Manuel Bandrés bendecido por Moncloa y por sus socios separatistas de Esquerra (ERC) dado su marcado perfil procatalanista.
Con este movimiento, los nueve vocales críticos con las últimas reformas de Pedro Sánchez que, vía enmienda, pretendía aprobar este viernes la reducción de la mayoría reforzada de tres quintos con la que el Pleno del Consejo debe aprobar a los dos candidatos propuestos, han reaccionado. Máxime cuando, a última hora de la tarde de este martes, se conocía la inédita decisión de su presidente interino Rafael Mozo para denegarles la petición de un pleno extraordinario pensado para desbloquear el trámite de las designaciones, antes de la entrada en vigor de la nueva modalidad impuesta por el Ejecutivo.
Crisis del Poder Judicial
Rechazo sin precedentes del presidente del CGPJ al Pleno solicitado por los conservadores
Así las cosas y con la amenaza de una posible querella contra el propio Mozo si, una vez solicitado por escrito el nuevo Pleno, como avanzaba este miércoles El Debate en primicia, se atrincheraba en su negativa –en contra de lo previsto en el artículo 35 del Reglamento del CGPJ–, los consejeros que, hasta la fecha, se han empeñado a fondo por evitar las injerencias políticas del Ejecutivo en sus competencias han movido ficha y de qué manera.
«Los abajo firmantes» –Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona Vergara y Wenceslao Olea Godoy– han reiterado «la solicitud de celebración de un Pleno extraordinario, que deberá tener lugar en los próximos días». El único punto previsto en la petición será el de los «nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional» para los que proponen al «Excm. Sr. D. César Tolosa Tribiño y D. Pablo María Lucas Murillo de la Cueva» con cuyas candidaturas «se acompañan los currícula» correspondientes y «se significa que no existe ningún otro documento a aportar».
De esta manera, el bloque mayoritario del Consejo prorrogado ha insistido en la necesidad de adelantarse a la reforma de Sánchez, que podría quedar congelada si el Constitucional así lo decide en el Pleno extraordinario y urgente anunciado por su presidente, así como a la reunión prevista el próximo día 22.
Los conservadores está dispuestos a dar la batalla ante la «excusa» del defecto formal con la que el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazaba su intento inicial por frenar la reforma del Gobierno y, ahora, han acompañado la nueva petición de dos nombres muy concretos para «corregir» la ausencia de de los mismos en el escrito al que el progresista Rafael Mozo ha denegado la posibilidad de un encuentro urgente. De lo contrario, se plantean recurrir a la Sala Tercera del Supremo, para instar medidas cautelarísimas que paralicen los posibles nombramientos que pudieran intentarse bajo las nuevas reglas ad hoc de Pedro Sánchez para controlar el Constitucional cuanto antes. E, incluso, una posible querella contra el presidente del Consejo ante la Sala Segunda del Alto Tribunal por sus presuntas responsabilidades penales en el bloqueo «deliberado» de un número suficiente de vocales que han solicitado «por escrito» el Pleno rechazado.
¿Quiénes son Tolosa y Murillo?
Pablo Lucas Murillo de la Cueva (Salamanca, 1954) es hijo de Pablo Lucas Verdú, reconocido jurista que fue profesor en la Universidad de Deusto. Su hermano, además, es Enrique Lucas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido a propuesta del PNV quien, así las cosas, tendrá que abstenerse en la votación que, en los próximos días, se producirá en el seno del Consejo para pronunciarse sobre los tres perfiles propuestos desde ambos sectores. Pese a que se le encasilla en el sector progresista de la judicatura y redactó, entre otros, el auto que dio el visto bueno judicial a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, es un hombre de ley.
No en vano, a finales de 2021, siendo ponente en una causa contra el pasaporte Covid, Pablo Lucas Murillo firmó una dura sentencia contra el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vetando la obligatoriedad del documento, al entender que estaba fuera de «toda proporción» un salvoconducto sanitario que obstaculizaba «el libre desarrollo de la personalidad».
Por su parte el juez César Tolosa Tribiño (Santa María la Real de Nieva, Segovia, 1957) es magistrado del Supremo desde 2014 y el actual presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Hombre afable, sensato y conciliador, ingresó en la Carrera Judicial en 1982 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara) hasta que, en 1984, ascendió a magistrado y fue destinado al Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de Mallorca. Fue mismo año el de su ingreso en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo para ejercer, en la Magistratura número 1 de Santander, hasta 1990.
Posteriormente fue magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, desde 1993, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo órgano judicial. En 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Tribunal Supremo donde, en los últimos meses, ha tenido que conciliar su trabajo diario con las obligaciones propias de un presidente de Sala que, además, ha tratado de articular con uñas y dientes, medidas de refuerzo para una de las áreas más mermadas por la parálisis del Gobierno a los nombramientos del CGPJ.