Los progresistas del Constitucional retrasan el Pleno para dar tiempo a que el Congreso apruebe las enmiendas de Sánchez para controlarlo

Que la jornada sería tensa y convulsa era la única certeza palpable de este jueves en doble clave parlamentaria y judicial. Según ha podido saber El Debate, el Pleno extraordinario del Constitucional, que debía haber comenzado a las 10.00 horas, se ha pospuesto hasta las 12.00 tras el registro de dos escritos del PSOE y de Podemos solicitando personarse en el recurso de amparo promovido por el Partido Popular para frenar la aprobación parlamentaria de las dos enmiendas con las que Pedro Sánchez aspira a controlar el órgano de Garantías. Si bien es cierto que la sesión se había constituido correctamente para iniciar el debate, y la eventual votación sobre la suspensión de urgencia instada por los populares, con la presencia de los once miembros que actualmente conforman el Pleno, la entrada de sendos textos ha sido la excusa perfecta para que los miembros del bloque progresista exigiesen al presidente Pedro González-Trevijano el estudio de los mismos.

Una maniobra con la que han conseguido ganar tiempo para que el Congreso, sin traba judicial que se lo impida, pueda aprobar las dos polémicas enmiendas 61 y 62 del Gobierno que rebajarán las mayorías reforzadas necesarias para que el Poder Judicial, que se reunirá finalmente el día 20 de este mes, elija a los dos candidatos que han de incorporarse al propio Constitucional, caducado en un tercio desde el pasado mes de junio.

Y ello pese a que fuentes de toda solvencia consultadas por el Debate denuncian que la iniciativa de los socialistas y de sus socios de la formación morada, que en este momento analizan conjuntamente González-Trevijano y el vicepresidente Xiol, «no tiene ningún sentido procesal» porque «nadie se puede personar» en un trámite que «todavía no se ha decidido si se admite o no». Máxime cuando, además, «las medidas cautelarísimas están previstas para acordarse inaudita parte»; y, en todo caso, «la legitimación para instar dicha personación corresponde a la Mesa del Congreso» en su conjunto, como órgano colegiado, y «en ningún caso es una prerrogativa individual de los grupos parlamentarios».

Así las cosas, mientras el TC se «distrae» en «cuestiones disuasorias que no tienen sentido jurídico alguno», lamentan fuentes próximas a la causa, el Congreso de los Diputados avanza en el cumplimiento del orden del día fijado para la aprobación de la reforma del Código Penal –la 'reforma Junqueras'– que eliminará la sedición, reducirá las penas de la malversación «sin ánimo de lucro» y, sin nada lo remedia, rebajará la mayoría reforzada de tres quintos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe alcanzar para proponer dos de los cuatro candidatos que han de incorporarse al futuro TC que Sánchez ansía controlar cuanto antes.