Temor en el bloque conservador del TC a que las presiones del Gobierno condicionen la posición de González-Trevijano

Entre fuertes presiones externas y una innegable división interna, el Tribunal Constitucional debatirá hoy de urgencia –en un Pleno extraordinario convocado por acuerdo del presidente del órgano Pedro González-Trevijano con su vicepresidente, Juan Antonio Xiol– si se debe paralizar de forma provisionalísima el acuerdo de la Mesa de la Comisión parlamentaria que dio luz verde a las reformas con las que el Gobierno aspira a controlar, de inmediato, la propia Corte. Dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para reducir la actual mayoría cualificada de tres quintos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) necesita para designar a sus dos candidatos al TC. Una maniobra con la que Pedro Sánchez busca acelerar la toma de posesión de sus dos elegidos –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo catalana Laura Díez–para consumar el vuelco ideológico del Constitucional hacia una izquierda afín a sus intereses políticos ligados a los de los separatistas.

Consciente de la gravedad del contenido de la doble modificación legal promovida por el Ejecutivo en el trámite exprés de alteración del Código Penal pactado con Esquerra (ERC) y de lo escueto de los plazos disponibles –ya que en sede parlamentaria todo está previsto para que hoy a partir de las 15.00 se apruebe la misma–, González-Trevijano instaba la convocatoria urgente del Pleno de los miembros del TC. Y lo hacía en respuesta al recurso de amparo que el Partido Popular presentaba ante la Corte tras solicitar sin éxito en el Congreso –ante la Mesa de la Cámara Baja y la Mesa de la Comisión de Justicia, que daban la callada por respuesta– retirar la maniobra de Sánchez, la llamada «reforma Junqueras», que a juicio de los populares apunta a una «inconstitucionalidad» manifiesta.

Sin embargo, la mayoría conservadora del Tribunal de Garantías teme que la determinación inicial de su presidente o, incluso, el sentido de su posición previa sobre el tema, se vea condicionada a lo largo de la jornada y durante la propia deliberación por las fuertes presiones que el órgano, y él mismo, está recibiendo para «no interferir en un acto administrativo» que, de seguir su curso, terminará en un «despropósito de proporciones incalculables», según apuntan a El Debate fuentes próximas a la causa. Por ello, el sector conservador del TC se reunirá a partir de las 9.00 horas en la madrileña sede institucional de Domenico Scarlatti para fijar una postura común y única antes del Pleno.

No en vano, el Constitucional encabezado por González-Trevijano tendrá que pronunciarse no sólo sobre la nulidad de los acuerdos de la Comisión de Justicia del Congreso en los que se admitieron a trámite las dos polémicas enmiendas parciales del Gobierno de Sánchez sino, además, sobre las medidas cautelarísimas que el PP ha solicitado para que antes de conocerse la anulación, o no, de sendos parches se congele cualquier posibilidad de hacerlos efectivos y, por lo tanto, aplicables de inmediato como quieren los socialistas y sus socios morados de coalición.

«Puede pasar cualquier cosa»

Pase lo que pase durante la celebración del Pleno y sea cual sea el resultado final del mismo, este jueves se prevé muy tenso en el Constitucional. Fuentes próximas al órgano consultadas por El Debate no han ocultado que «puede pasar cualquier cosa» en el transcurso de una jornada que arranca con dudas reales sobre si se alcanzará «el quorum necesario» para iniciar la deliberación que, de acuerdo a la composición actual del TC requiere de ocho miembros. Esto es, los seis conservadores, incluyendo al presidente, y al menos dos progresistas.

Y es que, la ausencia en bloque del ala izquierda del órgano a la cita planea como una de las posibilidades con las que miembros como Cándido Conde-Pumpido, candidato de la Moncloa a la futura Presidencia del órgano, podrían tratar de boicotear la respuesta de la Corte al recurso planteado por el Partido Popular, dando así margen suficiente al Parlamento para que apruebe las enmiendas antes de que puedan frenarse jurídicamente. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas confían en que «por respeto institucional, al menos el vicepresidente Juan Antonio Xiol y su compañera María Luisa Balaguer» comparezcan «en cumplimiento de la obligación de todos los magistrados de asistir a los Plenos convocados».

Cuestión diferente es si, una vez conformado ese Pleno de mínimos, ambos se levantarán antes de dar paso a la votación en la que con la presencia de ocho miembros en Sala bastaría con cinco votos, la mitad más uno de los presentes, para avalar la decisión resultante sea cual sea el sentido de la misma. Así las cosas, cinco síes de los seis magistrados conservadores del órgano bastarían para frenar, provisionalmente, los planes de Sánchez.

Por el contrario, ante la presencia del Pleno al completo, con sus once miembros sentados a discutir sobre el asunto –tras la renuncia de Alfredo Montoya Melgar en julio, por razones graves de salud– surgen dudas de si el bloque conservador de Pedro González-Trevijano alcanzaría la mayoría simple de seis votos, no unánime, para neutralizarlo. En este segundo escenario será determinante el voto presidencial para el desempate y ahí es donde nacen los temores sobre una posible influencia negativa de las presiones de la izquierda política, jurídica y mediática en el ánimo del veterano jurista.

Cabe recordar, sin embargo, cómo la determinación de González-Trevijano fue clave para anular por partida doble, y a pesar de las numerosas dificultades y discrepancias iniciales, los estados de alarma declarados por el actual Gobierno durante la pandemia del coronavirus.