Una decisión inédita del Constitucional suspende las dos enmiendas abusivas de Sánchez

En una decisión inédita hasta la fecha, el Pleno del Constitucional ha suspendido preventivamente la tramitación de una iniciativa legislativa aprobada, en primera instancia, por el Congreso. Y lo hacía, a última hora de este lunes tras admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular para frenar los planes de Pedro Sánchez enfocados a cambiar, por la puerta de atrás, las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Tribunal de Garantías. Así las cosas, el TC ha cumplido con su obligación de resolver, antes de la próxima votación parlamentaria que tendrá lugar el día 22 en el Senado, la petición instada por el PP para frenar los trámites de la aprobación y entrada en vigor de las dos enmiendas con las que el Gobierno aspiraba a controlarlo, sin respetar el derecho a deliberar de la minoría representativa del Congreso de los Diputados. Fuentes del tribunal indicaron a El Debate que el debate entre magistrados fue «civilizado y sereno».

Unas horas antes, el Tribunal de Garantías ya había acordado admitir a trámite el recurso de amparo de los populares –previo rechazo, por seis votos a cinco, de las recusaciones planteadas por Podemos, contra dos de sus magistrados– frustrando, con ello, la estrategia inicial del sector progresista para salvar el intento de Moncloa para precipitar, vía exprés y por la puerta de atrás, el cambio de la actual mayoría conservadora del órgano a otra más afín.

Dos informes técnicos parcialmente opuestos han sido la clave sobre la que la Corte decidía –en una segunda convocatoria del Pleno extraordinario aplazado el pasado jueves– dar luz verde al amparo del Partido Popular contra la decisión de la Mesa parlamentaria que permitió al Congreso deliberar y votar el atajo con del Ejecutivo para alterar las mayorías reforzadas que, en la actualidad, son necesarias para renovarlo.

Tal y como avanzó El Debate, de acuerdo con uno de los dictámenes emitidos por los letrados del Constitucional, en el que se ha apoyado la ponencia defendida por el magistrado Enrique Arnaldo, no congelar el avance parlamentario de las mismas –en este preciso momento, antes de que se produzca su validación definitiva el jueves en el Senado– a través de la «medida de suspensión cautelar [...], produciría un perjuicio a los recurrentes de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo».

Por ello, con la aceptación de las medidas cautelarísimas inaudita parte quedará en suspenso el trámite parlamentario de la reforma, en su segunda fase. Tras una deliberación y votación que descartaba, en primer término, apartar al presidente González-Trevijano y al juez Narváez del Pleno encaminado a estudiarlas, el órgano mantenía la mayoría conservadora de seis magistrados necesaria para abordar la suspensión desde una posición de fuerza jurídica.