Los magistrados del Constitucional afines a Sánchez apuestan ya por rechazar el recurso del PP

El Constitucional comenzaba, por fin, a las 10.00 horas de este lunes su encuentro para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el Partido Popular y suspender la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas con las que el Gobierno aspira a reformar el sistema de elección de los dos candidatos al propio Tribunal que le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los once magistrados enfrentados en dos bloques –seis conservadores, con el presidente Pedro González-Trevijano en cabeza y cinco progresistas, tras la estela del aspirante al cargo Cándido Conde-Pumpido– daban comienzo a las conversaciones necesarias para decidir el futuro de la petición del PP y de las medidas cautelarísimas solicitadas para impedir, in extremis, que la reforma quede aprobada el próximo jueves en el Senado. A esta hora, y sin que haya podido alcanzarse el consenso -ni se haya votado nada por el momento, salvo la avocación del tema al Pleno extraordinario- el bloque de los magistrados afines a la maniobra de Pedro Sánchez apuesta, ya, sin disimulo, por rechazar el intento de la oposición por neutralizarla.

Según las fuentes jurídicas consultadas por El Debate, el encuentro ha sido por el momento un auténtico choque de trenes que ha acabado, de nuevo, en la vía muerta del receso. Mientras la mayoría conservadora se inclina por admitir la acción de los populares aunque con «entusiasmos distintos», e incluso los mecanismos provisionalísimos previstos para lograrlo, apoyado en un informe técnico que los avala; los cinco magistrados de la mayoría progresista no han visto, en ningún momento, con buenos ojos la injerencia en el trámite parlamentario al que han tratado de dar oxígeno retrasando la decisión y amenazando con levantarse de la mesa de deliberación para boicotear el quorum necesario con el que tomar una decisión válida y aplicable, sea cual sea el sentido de la misma que, en su caso, pasa por dar carpetazo al tema de raíz y sin matices. Si finalmente funciona la estrategia de la Moncloa, se avecinan votos particulares.

En esta tesitura, el primer escollo era el propio orden del día. Entre los temas previstos no figuraba la cuestión de las recusaciones, con las que Podemos trataba de apartar a dos de los magistrados conservadores –el presidente González-Trevijano y el conservador Antonio Narváez– de la participación en la toma de cualquiera de las resoluciones, teniendo en cuenta que ambos son dos de los miembros del TC llamados a salir del órgano si sale adelante la reforma del Gobierno sobre la que tienen que decidir.

Sin embargo, y de manera selectiva, la formación morada ha planteado un escenario en el que se omite que el actual vicepresidente Juan Antonio Xiol y el también progresista Andrés Martínez-Vares también están afectados por la reforma, en la misma dirección de salida.

Un escenario inédito pero posible

A pesar de las reticencias del sector progresista del Constitucional, sobre los precedentes habituales que aconsejan no intervenir en la actividad parlamentaria, la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) avala la suspensión, total o parcial, de los efectos de las decisiones recurridas «siempre y cuando (...) no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona». Y, así lo ha recogido uno de los dos informes que obran en poder de la Corte para decidir sobre la suspensión cautelarísima de las actuaciones administrativas orientadas a confirmar la entrada en vigor de las decisiones recurridas, tal y como avanzó El Debate en primicia.

La segunda fase en el Senado

Así las cosas, el Constitucional no frenó la primera de las votaciones que se llevó a cabo el pasado jueves en el Congreso de los Diputados para aprobar, con la mayoría prevista, la proposición de ley con sus dos polémicas enmiendas, toda vez que en vista de las amenazas del bloque progresista el presidente del órgano decidiese suspender el Pleno extraordinario de ese día y convocar otro para este mismo lunes.

No en vano, los cinco miembros del bloque de la izquierda institucional habían advertido, nada más llegar, de su negativa a deliberar y votar, si no se les concedía un plazo de tiempo más amplio dada la «complejidad» y «relevancia» de un tema que la noche anterior e in extremis, se había complicado con la presentación de dos escritos, cuatro más con los dos nuevos planteados en el día de ayer, de PSOE y Podemos destinados a evitarlo.