La Fiscalía de Ceuta pide 12 años de inhabilitación para la delegada del Gobierno por la devolución de 55 menores marroquíes

La Fiscalía de Ceuta ha solicitado la apertura de juicio oral contra la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en la expulsión en agosto del año pasado de 55 niños inmigrantes solos marroquíes. Por su actuación cree que procede condenarlas a 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de «cargos electivos» o «funciones de gobierno» tanto de ámbito estatal como autonómico o local, así como a «la pérdida de los honores» asociados a sus cargos.

En su escrito de conclusiones preliminares tras el final de la instrucción de la causa, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la acusación pública estima probado que ambas fueron «perfectamente conocedoras de su ilícito proceder» y que «acordaron practicar la repatriación [en principio de 145 niños] sin determinar si alguno de los menores se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen ni si con ello el interés del menor podía verse comprometido».

Según el relato del Ministerio Público, tras la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando «se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de alrededor de 15.000 inmigrantes de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores y fueron filiados como tales», la vicepresidenta de Ceuta, que ha dicho no querer presentarse a las elecciones locales de 2023, emprendió «diversas actuaciones» para agilizar la repatriación «por la vía de hecho» de los niños marroquíes.

«Mantuvo numerosas reuniones y contactos con la delegada del Gobierno y decidieron de común acuerdo practicar la devolución sin seguir el procedimiento establecido y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran», entiende la Fiscalía, que opina que buscaron amparo en un Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 no usado nunca para «eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes que iban a incurrir».

El 10 de agosto lograron que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior remitiese un escrito «que no se hallaba suscrito por autoridad o funcionario alguno» en el que se «rogaba» ejecutar «el retorno de los menores al Reino de Marruecos respetando en todo momento sus intereses y derechos».

La jefa del Área de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, advirtió por escrito a Deu que era «claro» que debía atenerse a lo establecido en la Ley de Extranjería sobre repatriaciones de menores, competencia de la Delegación. A pesar de ello, la exdelegada concertó una cita en la frontera del Tarajal al día siguiente con representantes marroquíes en la que la misma funcionaria alertó verbalmente de que deportar a menores «sin tramitar procedimiento alguno» resultaba «contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional».

La vicepresidenta también hizo caso omiso a los reparos de los responsables de la Fundación SAMU sobre «la posible situación de vulnerabilidad» de los menores, así como por no preservarse «el superior interés» de los mismos. Finalmente, durante cuatro días, del 13 al 16 de agosto, hasta que la Justicia ordenó parar de forma cautelar, se logró deportar a 55 niños.

Una de las acusaciones populares, la Red Española de Inmigración, ha pedido tanto para Deu como para Mateos 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prescindir «a sabiendas» y «total y absolutamente» del procedimiento establecido para la repatriación de niños migrantes solos «conociendo la oposición al menos del Ministerio de Derechos Sociales y la predisposición del de Interior, no constando siquiera que se consultara al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente».