La presidenta del PSOE abanderó la obra que nutrió la 'caja B' del partido en Valencia, según la Guardia Civil

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que uno de los contratos que nutrió de fondos la 'caja B' del PSOE de Valencia fue la adjudicación de la obra del trasvase Júcar-Vinalopó en 2007. En aquel momento, la hoy presidenta del PSOE, Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, abanderó el proyecto asegurando que su ejecución supondría un enorme avance económico, social y medioambiental.

El Debate publica hoy en exclusiva uno de los informes secretos de la Guardia Civil donde se plasma la investigación del 'caso Azud', la trama de corrupción urbanística con pagos de comisiones, amaños de contratos públicos y regalos a funcionarios que afecta al PSOE de la Comunidad Valenciana. Los investigadores aseguran que José María Cataluña, ex tesorero de los socialistas valencianos, anotó en su agenda repartos de comisiones durante la adjudicación de la obra del trasvase Júcar-Vinalopó en Valencia en 2007.

Durante el proceso de contratación, la máxima responsable de estos contratos era Cristina Narbona, en aquel momento ministra de Medio Ambiente en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, Narbona visitó el paraje donde se iban a hacer las obras justo antes de su inicio acompañada por varios cargos del partido.

Durante su visita, Narbona recriminó al PP de la Comunidad Valenciana, que durante aquel periodo gobernaba, que mientras que el Gobierno ejecutaba sus plazos ellos «no cumplían con sus deberes». «Esta obra confirma con hechos la voluntad inequívoca del Gobierno de realizar el trasvase del Júcar al Vinalopó con las mejores condiciones económicas, sociales y medioambientales», aseguró.

Narbona sacó pecho del proyecto y afeó a Francisco Camps, entonces presidente autonómico, «que sólo hubiera ejecutado el 10 % de las obras de modernización de los regadíos en el Júcar mientras el Ministerio ya ha terminado las suyas», recriminó. La ex titular de la cartera de Medio Ambiente se fotografió en la balsa de San Diego, donde arrancaron las obras.

Reparto de mordidas

La Guardia Civil encontró el desglose de esta adjudicación en una de las libretas de José María Cataluña, histórico dirigente socialista que ejerció de tesorero del partido en Valencia. Los investigadores localizaron este material tras efectuar un registro en su domicilio. Junto a los cinco tramos en los que se dividió el contrato aparecían anotaciones manuscritas de «condición de adjudicación» y «recuperar en proyecto» junto a la cifra 1.750.000 euros. Los investigadores atribuyen esta cantidad de dinero al cobro de mordidas.

Los importes de cada uno de los cinco tramos de la obra oscilaban entre los 28 y los 46 millones de euros. El organismo que adjudicó este megaproyecto fue la sociedad Aguas del Júcar SA, dependiente a su vez de Acuamed, la empresa estatal de aguas que se controlaba desde el Ministerio de Medio Ambiente. La Guardia Civil señala directamente a Juan José Moragues y a José María Marugán, altos cargos de estas instituciones en aquellos momentos. Hoy ambos están siendo investigados por los tribunales.

La Guardia Civil ha localizado un correo electrónico de un directivo de la compañía que resultó adjudicataria del tramo E del contrato enviado 20 días antes de que finalizara el periodo para presentar las ofertas. En este mensaje, el empresario reconocía haber tenido encuentros con los ex altos cargos públicos que hoy están imputados. Este periódico reproduce hoy la literalidad de las consignas que el empresario se intercambiaba con sus interlocutores para que éstos intervinieran en el amaño del contrato.

«Adjunto un cuadro, muy simple, que es el que he utilizado en las reuniones (...) con el ánimo de hacerles ver que nos han de adjudicar el tramo más grande del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó», arrancaba el mensaje. «Se han declarado perfectamente conocedores del tema y agradecidos por nuestra disciplina (...) Que nos adjudiquen el tramo E», continuó el texto. El tramo al que se refiere este directivo tenía un importe de 46.109.320 euros.

El empresario volvió a implicar a los dos cargos públicos dependientes de Narbona asegurando que «ambos me han transmitido que sería el mejor regalo que podemos hacerles ya que les libera de un problema político muy importante y ambos coinciden en que nos apuntaríamos una de cara al Ministerio. De salir la operación ambos apoyarían que nos adjudicaran el tramo más grande el tramo E», vuelve a repetir.

El ‘caso Azud’ investiga los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal. La causa investiga el reparto de comisiones millonarias entre 2003 y 2011 a cambio de obra pública en diversos municipios. También se investiga el posible blanqueo por parte del PSOE de Valencia de las mordidas en forma de gastos electorales.