El Gobierno negocia con sus socios un 'atajo de atajos' para apoderarse ya del Constitucional

Es cuestión de días que el Gobierno presente, a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, la proposición de ley para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y poder acabar así con la mayoría conservadora del TC metiendo en él al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díaz, exalto cargo de la Moncloa a las órdenes del ministro Félix Bolaños.

En vista de que el plan A fracasó por la intervención del Constitucional, Pedro Sánchez quiere que el plan B sea rápido, muy rápido. A poder ser, en un único pleno en el Congreso y otro en el Senado, a través del procedimiento de lectura única regulado en el artículo 150 del Reglamento del Congreso. El 'atajo de atajos'.

El procedimiento de lectura única permite solventar un proyecto o proposición de ley en un único pleno

Es uno de los puntos que está negociando el ministro Bolaños con ERC, Bildu, el PNV y Más País, las cuatro formaciones que ya han anunciado que apoyarán a Sánchez. Porque para hacerlo así el Gobierno necesita el respaldo de una mayoría simple de la Cámara Baja.

El precedente cercano

Como referencia tiene la anterior reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los socialistas impulsaron hace apenas medio año por ese mismo método. Una reforma con la que el presidente intentó –en vano– que el CGPJ, aun estando en funciones, pudiera designar a sus dos candidatos para el Constitucional, cambiando los artículos 570 bis y 599 de esa ley orgánica.

Entonces, el PSOE y Unidas Podemos solventaron la tramitación parlamentaria en solo 34 días, todo un récord: los que transcurrieron desde que el 24 de junio ambos grupos parlamentarios presentaron la proposición de ley y hasta que, el 28 de julio, los cambios fueron publicados en el BOE. Enero no es un mes hábil en el Congreso, como tampoco lo era julio. Pero ni entonces fue un problema convocar plenos extraordinarios ni lo será ahora.

El esquema será el mismo. Aquella proposición de ley fue tramitada por el procedimiento de urgencia, para acortar los plazos a la mitad y evitar comparecencias de expertos. Los informes de los órganos consultivos del Estado ya los habían eludido los socialistas recurriendo –una vez más– a la proposición de ley de los grupos parlamentarios en lugar de a un proyecto de ley del Consejo de Ministros.

Pero no solo: también fue tramitada en lectura única, de manera que se solventó en un único debate ante el pleno: tanto las enmiendas a la totalidad como las enmiendas parciales. Los días 13 y 14 de julio se debatió y votó en el pleno del Congreso su toma en consideración y todo lo demás, eliminando los trámites previos de ponencia y comisión (que sí los hubo, aunque reducidos a su mínima expresión, en la reciente reforma del Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación).

Las denuncias de la oposición

En julio, en el único debate de aquella reforma del Poder Judicial, la oposición se quejó de las artimañas del Gobierno. «A través de este procedimiento de lectura única, al final lo que se hace es cercenar los derechos de la oposición, cercenar los derechos de los diputados. No existe el trabajo en comisión, no existe la posibilidad de llegar a un consenso, no existe la posibilidad de citar a comparecientes, existe un plazo muy exiguo para presentar enmiendas y todo se decide en tres minutos desde el escaño», denunció el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal.

«El artículo 150 (del Reglamento del Congreso) dice también que para que una iniciativa pueda tramitarse por el procedimiento de lectura única es necesario que su naturaleza así lo aconseje. El contenido de su proposición de ley no solo no lo aconseja, sino que debería obligar a una mayor reflexión y discusión al tratarse de una nueva intromisión en las competencias del órgano de gobierno del Poder Judicial, algo que no tiene parangón en nuestra democracia», añadió el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

«Este trámite de urgencia en el fondo vulnera la posibilidad de trámite de audiencia que debería haber pasado si la hubieran presentado no como una proposición, sino como un proyecto de ley. Audiencia, entre otras, a las asociaciones de jueces y fiscales, en la llamada Comisión Europea para la Democracia por el Derecho o Comisión de Venecia y en el propio Consejo General del Poder Judicial», señaló el diputado de Vox Javier Ortega Smith.

Las quejas del PP, Vox y Cs cayeron en saco roto

Aunque de nada sirvieron las denuncias de la oposición. La proposición fue aprobada y enviada al Senado, que el día 20 de julio le dio luz verde de manera definitiva. También entonces, entre quejas de la oposición. La intervención del senador del PP Fernando de Rosa resultó premonitoria: «Señorías, ¿nos puede asegurar el Grupo Socialista que esta contrarreforma de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ustedes traen a esta Cámara por vía de urgencia y saltándose todos los trámites y debates previos, será la última o será la penúltima? ¿Podemos esperar futuras enmiendas y autoenmiendas a sus propias propuestas efectuadas sobre la marcha?». Medio año después, la historia se repetirá.