Cinco claves para entender el acuerdo del Tribunal Constitucional y sus consecuencias

El Gobierno y el PP tienen distintas versiones e interpretaciones sobre el acuerdo adoptado por unanimidad por los vocales del Consejo General del Poder Judicial para elegir a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Que serán los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano. Cargos que fueron confirmados por unanimidad este jueves por el pleno del TC.

Para los populares, el CGPJ ha dado «un ejemplo al Gobierno». A juicio de su vicesecretario institucional, Esteban González Pons, lo que se había producido durante medio año no era un bloqueo, sino una «resistencia democrática de los vocales a que el Gobierno le impusiera los magistrados que debía elegir para el TC». Para el Ejecutivo, el acuerdo del CGPJ ha pillado a algunos «con el pie cambiado», en alusión al PP, porque «llevan meses protagonizando un bloqueo para que no se produjera la renovación de órganos», en palabras de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Más allá de las lecturas políticas, hay seis claves que ayudan a entender lo ocurrido y aportan contexto.

Qué habría pasado si...

¿Habría habido desbloqueo sin el voto favorable de los vocales progresistas?

No puede saberse a ciencia cierta, pero todo apunta a que sí. La clave está en el voto del magistrado –cercano al PNV– Enrique Lucas, una especie de verso suelto dentro del bloque progresista, puesto que nunca ha seguido a pies juntillas las consignas monclovitas. Lucas se abstuvo en la votación del anterior pleno, el del 20 de diciembre, porque uno de los dos candidatos propuestos era su hermano, el magistrado Pablo Lucas.

Aquel día, los conservadores sumaron 10 votos, se quedaron a solo uno de desatascar los nombramientos. Y este martes todo apuntaba a que Lucas decantaría la balanza a favor de los dos nombres propuestos por los conservadores, toda vez que su hermano ya no estaba entre ellos. Los progresistas se vieron venir la jugada y anunciaron la retirada de su candidato, José Manuel Bandrés, por «sentido institucional». Hicieron de la necesidad virtud. Por establecer un símil: es como cuando un político se adelanta y anuncia su retirada de la política cuando ya sabe que su partido no cuenta con él para las candidaturas.

Conde-Pumpido vs Balaguer

¿Quién presidirá el Constitucional?

El bloqueo, que ha durado seis meses, venía motivado en buena medida por la resistencia de los vocales conservadores a que el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido se hiciese con la Presidencia. Tras el acuerdo, sus opciones no han desaparecido, aunque sí son menos.

Aunque, vayamos por partes. Ahora lo primero es que el Tribunal Constitucional celebre, este jueves y de forma telemática, un pleno en el que verifique la idoneidad (tradicionalmente ha sido un mero formalismo) de Segoviano, Tolosa y los dos candidatos propuestos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez. Aún no hay fecha, pero podría ser esta misma semana.

Después tomarán posesión en presencia del Rey y, más adelante, el nuevo pleno del Constitucional elegirá a su presidente. Será un pleno ya de mayoría de izquierdas para los próximos nueve años, en proporción siete a cuatro. Junto a la candidatura de Conde-Pumpido se da por hecho la de María Luisa Balaguer, también progresista.

Los conservadores del CGPJ no querían a Bandrés, dando por hecho que éste después votaría a Conde-Pumpido e inclinaría la balanza a su favor. Los cuatro conservadores votarán a Balaguer como mal menor, así que todo depende de la división de voto entre los progresistas. El voto de María Luisa Segoviano será, previsiblemente, el definitivo: y podría inclinarse por Balaguer.

La proposición de ley

¿Qué pasa con la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para forzar la renovación del Constitucional?

El Gobierno mantiene su intención de presentarla, aunque ya sin tanta prisa. Si no se hubiera producido el desbloqueo en el pleno de este martes, la pretensión del Gobierno era aprobar la iniciativa parlamentaria en las Cortes en enero, con un atajo de atajos, como desveló El Debate: por la vía de urgencia y mediante el procedimiento de lectura única en sendos plenos extraordinarios convocados en el Congreso y en el Senado (puesto que enero no es un mes hábil dentro del calendario de sesiones).

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció el martes por la noche que la proposición de ley «ya no es urgente». Porque su «finalidad principal» era forzar la renovación del TC y ya no hace falta. En cualquier caso, el propio Pedro Sánchez aseguró, horas antes del pleno del CGPJ, que pasara lo que pasara llevaría adelante esa «reforma» para que en el futuro no hubiera más bloqueos.

Los recursos pendientes

¿Qué asuntos resolverá el Constitucional?

Un TC de mayoría conservadora tumbó los dos estados de alarma decretados por Pedro Sánchez por inconstitucionales, el cerrojazo al Congreso durante el primero de ellos y la inclusión del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión delegada que controla el CNI.

Y un TC de mayoría progresista, o de izquierdas, decidirá sobre los recursos de inconstitucional presentados por el PP y Vox contra algunas de las leyes señeras del Ejecutivo: la ley Celaá, la Ley de Memoria Democrática, la reforma laboral, el ingreso mínimo penal, la reforma del Código Penal para castigar con penas de cárcel a los provida, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y la ley de eutanasia. Y sigue coleando, desde 2010, el recurso de inconstitucional presentado por el PP contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando la nueva, la de Irene Montero, fue aprobada por el Congreso el pasado jueves y ya solo queda la luz verde del Senado.

El siguiente, ¿el CGPJ?

¿El desbloqueo del TC favorecerá el del CGPJ?

No tiene por qué, puesto que la del CGPJ es una negociación exclusivamente política entre el Gobierno y el PP (aunque, en teoría, corresponde al ámbito de los grupos parlamentarios socialista y popular). Lo que sí hará el desbloqueo del TC es aumentar la presión de los socialistas y sus terminales sobre Alberto Núñez Feijóo para que los populares vuelvan a sentarse a negociar. La última negociación se truncó a finales de octubre, cuando Sánchez confirmó al líder de los populares que reformaría el delito de sedición (luego lo derogó directamente).

Este miércoles, González Pons puso la condición del PP para retomar las conversaciones: que Sánchez se libere de la «esclavitud moral a la que está sometido con ERC y Bildu».

La Comisión Europea ha instado en múltiples ocasiones a las partes a que renueven el CGPJ de una vez. ¿Aguantará Feijóo su veto hasta las elecciones generales? Ésa es la gran incógnita.