Interior encarga a Indra el escrutinio electoral pese a que no presentó a tiempo la documentación

El Gobierno ha cambiado de un día para otro las condiciones del concurso público sobre el escrutinio de las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales para asegurarse de que la empresa adjudicataria será Indra Soluciones Tecnológicas de la Información. Sí o sí.

Una empresa sobre la que Pedro Sánchez ha aumentado su control en los últimos meses, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI), que ya posee el 25,2 % de las acciones de la compañía. De hecho, el 28 de octubre el Ejecutivo metió en el Consejo de Administración de Indra a un tercer consejero de la SEPI: Juan Moscoso, exdiputado del PSOE.

La SEPI es el primer accionista. El segundo es el fondo de inversión estadounidense Fidelity Management & Research, que posee el 10 %, y el tercero es Prisa: su presidente, Joseph Oughourlian, compró el 5,1 % del accionariado de Indra en representación del fondo Amber Capital (y tiene autorización para llegar hasta el 9,9 %).

Indra no entregó a tiempo toda la documentación para presentarse al concurso convocado por la Dirección General de Política Interior, para la «obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio de los procesos electorales y consultas populares» que puedan celebrarse en los próximos cuatro años. Un contrato por un importe máximo de 39,93 millones de euros.

Pero el departamento, que depende del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, fue indulgente con Indra, esgrimiendo la importancia del contrato público en juego: «Teniendo en cuenta que el servicio a contratar es fundamental para el correcto desarrollo de los procesos electorales y un retraso en su tramitación podría afectar a las elecciones que deben celebrarse 2023», según una resolución firmada por la directora general de Política Interior, Carmen López García, a la que ha tenido acceso El Debate.

El plazo de presentación de ofertas vencía el pasado 7 de octubre, al mediodía. Solo Indra se interesó, puesto que ya tiene experiencia en noches electorales y al Gobierno le ofrece confianza. La compañía ha puntualizado en diversas ocasiones que no cuenta votos, sino que recibe los datos de las mesas electorales y los sirve, mediante un software puntero.

Fallo de Indra

El 11 de octubre se reunió la mesa de contratación del Ministerio y sus miembros constataron que la empresa no había enviado la documentación de forma correcta. Se suspendió la sesión y los presentes se emplazaron a una nueva reunión el 24 de octubre, según el relato de la Dirección General de Política Interior.

Allí corroboraron que era un fallo de Indra, puesto que en la Plataforma de Contratación del Sector Público no constaban «errores o fallos técnicos que hubiesen podido impedir la presentación de dicha documentación». La mesa de contratación no tuvo más remedio que declarar el concurso desierto. Pero, en paralelo, consultó con la Abogacía del Estado para ver si había forma de hacer la vista gorda con Indra, «sin que se cause perjuicio alguno a terceros». Lo hizo a través de la letrada María Teresa García García.

La Abogacía recomendó a la Dirección General de Política Interior abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas, con la seguridad de que solo Indra volvería a presentarse. Dicho y hecho: el plazo se amplió hasta el 8 de noviembre.

El 25 de octubre, Indra presentó la documentación a través del Registro General del Ministerio del Interior. Aunque el concurso no está oficialmente resuelto de momento, oficiosamente será para Indra con total seguridad.

Tanto la noche electoral de mayo como la de diciembre, la empresa recogerá la información de las mesas electorales y la transmitirá al Centro de Procesos de Datos a través de más de 23.000 dispositivos móviles; o, donde no sea posible, vía telefónica. En los pliegos del concurso, el Ministerio del Interior especifica que el Centro Criptológico Nacional, perteneciente al CNI, se encargará de hacer una auditoría de seguridad con anterioridad.

El CNN fue el que en mayo detectó que los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska habían sido espiados a través de Pegasus, aunque nunca pudo averiguar por orden de quién. Ni tampoco qué contenían esos 2,6 gigas de información que los hackers sustrajeron del teléfono del presidente.

Interior detalla también: «Toda la información recibida será tratada en el Centro de Procesos de Datos (que se constituirá en organizador y coordinador de todo el proceso), donde a los resultados electorales se le aplicarán las fórmulas correspondientes para la atribución de escaños, cálculo de porcentajes de participación y comparación con los datos de anteriores procesos equivalentes».

Y continúa: «El sistema tiene como finalidad que los datos de constitución, participación y resultados se capturen de cada mesa electoral y se trasmitan al CPD para su tratamiento y posterior difusión con la fiabilidad y rapidez necesarias para garantizar la confianza en el sistema». Es por ello que el adjudicatario, que será Indra, «deberá prever los correspondientes mecanismos de detección de incidencias en toda la cadena de recogida, trasmisión, recepción, tratamiento y difusión de los datos, así como aquellos procedimientos y herramientas necesarias para resolverlas».

En la repetición electoral del 10 de noviembre de 2019, el Ministerio del Interior le adjudicó el recuento a Indra por valor de 7,21 millones de euros (IVA incluido) sin que mediara concurso público y utilizando un atajo: declaró el procedimiento de emergencia, porque aquellos fueron unos comicios sobrevenidos. También en abril se encargó de la obtención y difusión de los datos del escrutinio.

Los últimos trabajos electorales de Indra no han estado exentos de polémica. En Colombia, el expresidente Andrés Pastrana y miembros del Partido Conservador acusaron a la firma española de fraude en favor de la candidatura de Gustavo Petro.