Las mujeres juristas hacen balance de la ley contra la violencia de género: «La demagogia no salva vidas»

Diciembre de 2022 es el mes más negro de nuestra historia para las víctimas de violencia de género desde que existen registros. Dos mil veintidós es el año en el que «en virtud de una ley absolutamente innecesaria y nefasta» se han reducido, «por el momento», más de un centenar de condenas y se han producido «varias excarcelaciones» de delincuentes sexuales pese a que éste «ha sido el año en el que se han invertido 20.000 millones de euros en un Ministerio» –el de Igualdad– que «ha fracasado en su misión de proteger a las mujeres».

Así de contundentes son los datos y así de tajante es el diagnóstico de la abogada penalista Bárbara Royo para quien «para hacer políticas reales y efectivas» en materia de violencia de género, como mínimo, se requiere un «conocimiento de técnica legislativa» y del «asesoramiento de los expertos» que hayan estudiado «concienzudamente» la naturaleza de aquello que «se quiere reducir de manera considerable».

«Las pancartas, las campañas, la modificación del lenguaje,... son demagogia y propaganda que nada tiene que ver con la protección de la mujer», añade Royo para quien, además, «desde el mismo momento en que la promesa es que haya cero víctimas» se está condenando a una ley a la derrota. «En un Estado social y democrático de Derecho nunca puede haber cero criminalidad, ni cero víctimas, en ninguna parcela del delito», subraya la penalista madrileña quien apuesta por estrategias a largo plazo para combatir una lacra que, «de lo contrario nunca se va a reducir porque erradicarla es imposible», sentencia.

Los casos más graves «no se denuncian»

«Desgraciadamente los objetivos de la ley no se cumplen como estamos comprobando», confirma en el mismo sentido la fiscal Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación mayoritaria del Ministerio Público. «Por ello», a su juicio, «es preciso hacer un estudio profundo de la situación actual, alejado de estereotipos, que nos ofrezca una visión lo más objetiva posible de la realidad social».

Para la veterana fiscal «se trata de un tema muy complejo en el que entran muchas variables como la educación, el origen cultural, el miedo de la víctima,...» en los que «el gran fracaso de la ley radica en que los casos más graves de violencia o no se denuncian o no se detectan». Y esto es así, en una parte muy importante, «porque los juzgados asumen mucha carga en esta materia y lo hacen con mucha dedicación» pero ajenos a los asuntos «más severos» que no llegan.

Apostar solo por Derecho Penal es «un error de base»

Así las cosas, para la magistrada Natalia Velilla «teniendo en cuenta lo que se ha invertido en lucha contra la violencia de género, en medidas, en gabinetes de apoyo a mujeres,...», y en vista de los tristes resultados cosechados, «el camino emprendido no es el correcto y habrá que replantearse determinados aspectos» de las normas, las causas del problema y «el origen» de este tipo de conductas.

«Combatir la violencia de género, y tratar de erradicarla, sólo con Derecho Penal es un error de base», defiende la juez. «Por supuesto que cuando existe un delito tiene que existir una consecuencia penal pero ésta es la respuesta a un hecho que, lamentablemente, ya se ha producido y, por lo tanto, no puede depositarse toda la esperanza de la sociedad en el castigo», argumenta. Especialmente cuando pese a que existe una ley específica «la dotación para los juzgados especializados», cuando lo están, «no es la misma en todo el territorio nacional».

Para Velilla «atajar la violencia de género» pasa, de manera imprescindible, por «incidir en la prevención, en la detección temprana y en la educación». «Mientras siga existiendo en ciertas personas la creencia de que las relaciones sentimentales tienen que ser de posesión o de imposición de la supremacía de una parte sobre la otra no vamos a avanzar nada» en esta materia, y en nuestra sociedad, se lamenta la magistrada.