Vox exige al Gobierno la derogación de la ley del 'solo sí es sí' «con carácter de urgencia»

133 violadores y agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas y 17 ya han sido excarcelados desde que entrara en vigor el pasado octubre la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', además de la avalancha de solicitudes de revisión de condenas por delitos sexuales que desde entonces ha llegado a los juzgados de toda España como consecuencia de que con esta norma se fusionara en un mismo delito lo que antes eran dos: el abuso sexual y la agresión sexual.

Vox asegura que con estos datos se demuestra que «la entrada en vigor de esta ley supone un peligro para la seguridad de los españoles en general y de las mujeres en particular». Por ello, el grupo parlamentario ha registrado una proposición no de ley en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse la derogación «con carácter de urgencia» de esta ley «a la vista del evidente perjuicio que está produciendo para la seguridad», para que se recupere la distinción entre abuso sexual y agresión sexual y se incrementen las penas para los agresores, «incluida la prisión permanente revisable».

En el texto al que ha tenido acceso El Debate, la formación que preside Santiago Abascal insta a crear un Portal de Seguridad Ciudadana en el que «se expongan los datos delincuenciales», como pueden ser el número de crímenes cometidos, la edad media de los agresores, su nacionalidad o cualquier dato relevante para la seguridad ciudadana, «siempre con pleno respeto a la legislación en materia de protección de datos personales». Asimismo, solicita al Ejecutivo que pida perdón a los españoles y especialmente a las mujeres por los daños que está provocando esta norma con las rebajas de penas y las puestas en libertad de condenados por delitos sexuales.

El Grupo Parlamentario Vox reprocha al Gobierno central que hayan pesado más sus «empeños ideológicos» que «el sentido común y el rigor jurídico» durante el proceso de tramitación de la ley orgánica, y que las enmiendas presentadas a la misma, así como los informes de los organismos consultivos hayan sido «abiertamente desoídos».

Así, el partido explica que el objetivo de su proposición es doble: instar al Gobierno a promover la derogación de la polémica norma y llevar a cabo las medidas precisas para que se conozca «el índice de delincuencia» en cada zona de España, y crear «mapas criminógenos» –que estarían disponibles en el citado Portal de Seguridad– que permitan tener conocimiento de la comisión de los delitos sexuales en las provincias para que se puedan «adoptar medidas y estrategias de protección oportunas». Entienden, en este sentido, que sería una «herramienta fundamental para la lucha y prevención» de este tipo de delitos.