El PP tenía razón cuando desconfiaba de la reforma del artículo 49 de la Constitución

Las enmiendas presentadas por el PNV al proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, el que se tramita en el Congreso para cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad», han venido a dar la razón a los populares. Estos llevan un año y medio con reticencias a pactar esta aparentemente inocente modificación con Pedro Sánchez porque temen que el artículo 49 sea el caballo de Troya con el que la mayoría Frankenstein pretende entrar en el edificio constitucional. Y, a partir de ahí, dinamitar sus pilares, empezando por la Monarquía Parlamentaria.

El grupo parlamentario vasco registró el miércoles 11 enmiendas al proyecto de reforma de la Carta Magna, con la intención de aprovechar la apertura del melón constitucional para: incluir el derecho de autodeterminación –que no existe en ninguna Constitución salvo en las de Etiopía y la diminuta isla caribeña de San Cristóbal y Nieves–, eliminar el artículo 155, limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones institucionales y despojar a las Fuerzas Armadas de su función de mantener la integridad territorial.

Los de Aitor Esteban proponen, entre otras cuestiones, incluir una nueva disposición adicional. Ésta: «La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado».

El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución fue aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2021 y enviado al Congreso. Desde entonces permanece varado en la Comisión Constitucional. Para que salga adelante necesita obligatoriamente el voto favorable del PP, puesto que es requerida una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras.

El PP nunca se ha fiado

Sin embargo, antes con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo, el PP nunca se ha fiado de las verdaderas intenciones de Sánchez, dado que tiene a los independentistas catalanes y vascos como socios. En la primera y única reunión que Sánchez y Feijóo han mantenido en el último año en la Moncloa, el presidente pidió al líder popular que desatascara esa reforma.

Pero, en ésa y en varias ocasiones después, Feijóo reclamó a Sánchez garantías de que si se aviene a reformar el artículo 49 será ni más ni menos que para sustituir el término «disminuido» por «personas con discapacidad», no para cambiar de arriba abajo todo el artículo, como quiere el Gobierno. Y sobre todo: quiere garantías de que eso no derivará en la convocatoria de un referéndum que fuercen los socios del presidente, ni en más cambios «de forma torticera». En esa misma tesis está Vox.

El presidente no está en condiciones de dar a Feijóo garantías

Sin embargo, el presidente nunca le ha dado esas garantías, porque de hecho no está en disposición de hacerlo. Basta con que 35 diputados soliciten la convocatoria de un referéndum para que deba celebrarse obligatoriamente. Así lo estipula el artículo 167.3 de la Carta Magna: «Aprobada la reforma por las Cortes Generales, deberá ser sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras». La cuenta sale sola: ERC tiene 13, el PNV seis, Bildu cinco, el PDeCAT cuatro, Junts per Catalunya cuatro, la CUP dos y el BNG uno. Total: 35, la cifra mágica.

El pasado 12 de diciembre, el presidente del Gobierno se reunió con varios responsables del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y se comprometió con ellos a impulsar la reforma del artículo 49. Y el PP aprovechó para recordarle que su mano está tendida, siempre y cuanto les dé esas garantías y, además, el cambio sea quirúrgico.

El movimiento del PNV no solo ha puesto en guardia –aún más– al PP, sino que ha indignado a la Plataforma del Tercer Sector, que incluye a 28.000 entidades sociales, y al CERMI. Este viernes ambos emitieron un comunicado en el que pedían a los grupos parlamentarios que se «ciñan» en sus enmiendas al artículo 49, «única y exclusivamente». Es decir, que no aprovechen para colar cualquier «otra pretensión para la que no existe el consenso mínimo», en alusión a las demandas de los independentistas. Demandas que, según los firmantes, pueden «frustrar la legítima demanda del sector de la discapacidad».

El contexto

Es probable que los temores de la Plataforma del Tercer Sector y del CERMI se acaben cumpliendo, máxime teniendo en cuenta el contexto en el que se producen estas maniobras de los separatistas: en mitad de una crisis institucional, con Pedro Sánchez cambiando las mayorías del Tribunal Constitucional por la vía exprés (aunque tendrá que ser a la segunda y no a la primera) y Esquerra pidiendo un referéndum de autodeterminación después de haber conseguido la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Un cóctel imbebible para el PP.

No obstante, ni el PNV ni ERC han engañado nunca sobre lo que pretendían hacer aprovechando el artículo 49. Cuando en el pleno del Congreso se debatió la totalidad de este proyecto de reforma, el diputado vasco Mikel Legarda avisó de que «inevitablemente» esta reforma abriría otros debates. Y citó los artículos 1 y 2 de la Constitución, sobre la Monarquía parlamentaria y la indisoluble unidad de la nación española. También de la reforma del Título VIII, que articula la organización territorial del Estado. Y habló, asimismo, de la convocatoria de un referéndum. «Es una cuestión que creemos que quizá requiere una reflexión con vista más panorámica, en gran angular, y no con teleobjetivos», señaló entonces. Y era septiembre de 2021.