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Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, los dos candidatos a presidir el Constitucional

Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, los dos candidatos a presidir el ConstitucionalPaula Argüelles

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Conde-Pumpido, el candidato favorito del sanchismo, nuevo presidente del TC

  • El exfiscal general del Estado logra seis votos frente a cinco en una ajustada votación que muestra la división del Alto Tribunal

  • El sector de la izquierda ha apoyado al magistrado gallego para liderar un órgano que, desde hoy, estará más politizado que nunca

Pedro Sánchez está de enhorabuena. El nuevo Pleno del Tribunal Constitucional, que en los próximos meses tendrá que decidir sobre las causas más políticas del Gobierno, ha elegido presidente a Cándido Conde-Pumpido, candidato oficioso de la Moncloa, para sus próximos tres años de andadura. El exfiscal general del Estado ha recibido el apoyo del bloque de izquierdas de la Corte, con la única excepción de su rival, María Luisa Balaguer. Los cálculos de Balaguer para hacerse con el cargo pasaban por obtener los votos de los cuatro magistrados conservadores, el suyo propio y un sexto que era clave y que apuntaba hacia la magistrada progresista María Luisa Segoviano, perfil elegido por unanimidad en el CGPJ a propuesta del sector conservador. Pero, finalmente, Segoviano se ha inclinado por Conde-Pumpido, decantando el resultado sin discusión. El recuento de los votos emitidos arrojaba seis a favor del ex Fiscal General del Estado frente a los cinco recibidos por la catedrática Balaguer, según avanzaban a El Debate fuentes judiciales. Un resultado que pone de manifiesto la fuerte división en dos del órgano de Garantías en su próxima etapa.

Por su parte, ha resultado elegida vicepresidenta la magistrada Inmaculada Montalbán, lo que rompe la costumbre de que sea un magistrado del grupo minoritario, en este caso el bloque conservador, quien ocupa este Segundo puesto en la institución. Conde-Pumpido presidirá el Tribunal hasta 2025. Un jurista que nunca ha ocultado su afinidad con el PSOE y que llega para ‘arreglar’ a favor del Ejecutivo los más de cincuenta recursos pendientes contra las leyes más ideológicas aprobadas a golpe de decretazo.

La elección de Conde-Pumpido pone fin a un período marcado por la inestabilidad en el Poder Judicial aunque el máximo intérprete de la Carta Magna no pertenezca, en realidad, al mismo. Han sido muchos los meses de trabajo en la sombra del magistrado y varias las visitas necesarias para obtener el visto bueno de Moncloa como para dejar el resultado al más puro capricho del destino. Conde-Pumpido ha tejido concienzudamente su red de apoyos para asumir el cargo, desde principios del año pasado, y la entrada en escena de su compañera María Luisa Balaguer había complicado bastante sus aspiraciones. Hasta tal punto que el exfiscal general trató de neutralizar sus opciones por diferentes vías: ofrecerle la Vicepresidencia o, incluso, barajar su propia abstención para provocar un empate que, siempre, se inclinaría hacia sí mismo.

Sentencias que afectan al PSOE

El Constitucional tendrá que pronunciarse, durante lo que resta de legislatura, sobre algunas de las cuestiones más delicadas en materia legislativa de este Gobierno, afectando de lleno a las líneas más ideológicas implementadas por el Partido Socialista. Entre ellas, la ley del aborto, la ley de eutanasia, la ley Celaá o la polémica reforma del Gobierno que limita las competencias del CGPJ mientras se encuentra en funciones. Pero, también, la pérdida del escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez o las presuntas irregularidades cometidas por la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, en sus decisiones unilaterales.

Pero quizás sea en los temas referidos a Cataluña y la estructura territorial del Estado donde el terreno del debate jurídico se presenta más pantanoso. No sólo en cuanto a la reciente normativa autonómica que sortea la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español en las aulas, según sentencia firme del Supremo sino también, y muy especialmente, tal y como adelantó El Debate, por la necesidad de una mayoría de magistrados de izquierdas en el TC para que validen un nuevo Estatut y una futura consulta sobre el encaje territorial en España, tal y como comprometió Sánchez a sus socios separatistas de Esquerra (ERC).

Si el proyecto prospera, después iría el País Vasco. Ése es el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo a las que ha tenido acceso a El Debate.

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