Puigdemont podrá volver a España a partir del viernes con penas insignificantes gracias a la rebaja de Sánchez

Al módico precio de «una mera desobediencia» que conlleva pena de multa e inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante dos años «como máximo». La rebaja del Código Penal con la que Pedro Sánchez adaptó, a la carta, los delitos por los que fueron condenados los líderes separatistas del procés de Cataluña, entrará en vigor este viernes y, con ella, se abre un nuevo horizonte judicial para los prófugos de la Justicia española por esta causa. Según ha podido saber El Debate, en primicia, el Supremo prepara la modificación del auto de procesamiento del expresidente de la Generalitat durante el 1-O, Carles Puigdemont, huido a Bruselas en 2018, de la exconsejera Clara Ponsatí y la exdiputada Marta Rovira quienes, como él, se fugaron al extranjero para evitar la prisión provisional y el posterior juicio al que sí fueron sometidos sus compañeros de PDeCat y Esquerra (ERC), posteriormente indultados por el Gobierno.

Puigdemont no va a responder por el delito de sedición ya derogado, pero tampoco por el delito de desórdenes públicos agravados que lo reemplazó

«El viernes tendrán que adaptarse las medidas cautelares» que pesan sobre todos ellos «a la nueva legislación» aprobada por el Ejecutivo socialista, tal y como han confirmado fuentes conocedoras del caso. Un nuevo escenario procesal que podría animarles a regresar más pronto que tarde o que, incluso, podría liberarles de hacerlo sin que ello supusiese encontrarse en una situación de rebeldía. No en vano, todo apunta a que «Puigdemont no va a responder por un delito de sedición porque ya se ha derogado», pero tampoco por el delito de desórdenes públicos agravados que lo reemplazó, porque es un tipo penal diferente y «no estaba vigente cuando se perpetraron los hechos».

Lo que significa que tras un periplo jurídico de casi cinco años –con Ordenes de Detención y Entrega (OEDE) activas que ningún país europeo se ha atrevido a ejecutar; persecuciones en caliente por Bélgica, Alemania o Cerdeña; y dos litigios inéditos ante la Justicia comunitaria–, el actual eurodiputado catalán se enfrentará a una mera desobediencia por desoír las advertencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, que prohibió el referéndum de independencia en aquel aciago otoño de 2017. Es decir, una insignificante pena de multa e inhabilitación política durante un par de años, como máximo, pese a haber tratado de seccionar una parte del territorio español.

Cuestión aparte será el delito de malversación, sobre el que se está centrando el análisis del Supremo para ordenar su detención si pisa suelo español, y que «habrá que encajar» en alguna de las nuevas categorías del tipo criminal.

Por su parte, Clara Ponsatí y Marta Rovira podrían ahorrarse la vuelta ante una futura, eventual y única sanción de multa. El hecho de que, hasta la fecha, sólo estuviesen reclamadas por la ya desaparecida sedición, las coloca en una situación «claramente favorable» para regresar sin más reproche que un pequeño tirón de orejas económico o, incluso, decidir no hacerlo. Como precedente, el retorno de la diputada de la CUP Anna Gabriel que, el pasado verano, decidió regularizar su situación con el Alto Tribunal y liquidar su deuda pendiente por desobediencia tras su huida a Suiza, destino europeo que al no ser miembro de la Unión complicaba su extradición. Una petición que, en su caso, nunca se cursó.

Revisar la inhabilitación de Junqueras

Además de lo anterior, los retoques penales del Gobierno a la baja obligan al Tribunal sentenciador, la Sala Segunda del Supremo, a revisar de oficio la sentencia dictada para el exvicepresidente catalán de ERC, Oriol Junqueras, y los nueve exconsejeros condenados junto a él durante el juicio del procés. Tanto el líder republicano como sus compañeros de andanzas –el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell– tendrán diez días, al igual que las acusaciones, para pronunciarse sobre la adaptación de sus condenas al nuevo y simbólico delito de malversación. Fundamentalmente, de cara a la inhabilitación.

Según ha podido confirmar El Debate, llegado el caso, las defensas de los condenados seguirán una estrategia de «máximos» y coordinada frente al Supremo. Aunque cada uno de los afectados presente su propio escrito bajo la atenta mirada de los abogados, estos últimos ya han adelantado que su posición pasa por que se dicte una nueva sentencia absolutoria de todos ellos y que se extinga cualquier rastro de responsabilidad penal sobre lo ocurrido, incluidas las de inhabilitación que les fueron impuestas en octubre de 2019.

En este sentido, y aunque la última palabra será la del ponente del fallo en el Alto Tribunal, el magistrado Manuel Marchena, los abogados pedirán que se suprima la prohibición que niega a los exdirigentes catalanes a presentarse como candidatos a elecciones o bien ocupar cargos de responsabilidad pública. Los abogados pedirán que se suprima esa prohibición incluso si se considera que hay un delito de malversación. Para la modalidad más leve —la que consideran que debe aplicarse en este caso— la inhabilitación sería como máximo de tres años y los han cumplido.