Conde-Pumpido ya maniobró en favor del anterior Estatut catalán siendo fiscal general

La designación de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional ha puesto a temblar a los populares. Los de Alberto Núñez Feijóo temen que, con él al frente, la nueva mayoría progubernamental del Constitucional facilite una consulta a la ciudadanía de Cataluña.

Esto es: que halle la forma de encajar en la Carta Magna lo que hasta ahora el TC ha considerado inconstitucional en tres ocasiones: el Plan Ibarretxe en 2008, la consulta del 9-N convocada por Artur Mas en 2014 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La fórmula con más posibilidades es la de un nuevo Estatut que se someta al refrendo de los catalanes, como ha venido contando El Debate desde el pasado mes de septiembre.

Conde-Pumpido ya maniobró en favor del anterior Estatuto de Cataluña cuando era fiscal general del Estado, un cargo que ocupó entre abril de 2004 y diciembre de 2011. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había prometido aceptar el Estatut que saliera del Parlamento catalán, y Conde-Pumpido puso todo de su parte para que así fuera.

El PP intentó frenar su recorrido en el Congreso presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de tramitarlo como reforma estatutaria y no como una reforma encubierta de la Constitución (una triquiñuela del PSOE para rebajar la mayoría necesaria para su aprobación). Era noviembre de 2005.

El propio Constitucional pidió criterio a los fiscales del TC y estos se posicionaron mayoritariamente a favor de admitir el recurso de amparo del PP. Lo cual, probablemente, habría cambiado el curso de la historia. Pero Conde-Pumpido era partidario de que ese recurso del PP fuese rechazado, puesto que su admisión habría comprometido los planes de Zapatero de aprobar en el Congreso el Estatut salido del Parlament en sus mismos términos.

Conde-Pumpido no dudó en desacreditar a los fiscales del Constitucional para favorecer los planes de Zapatero

Así que el fiscal general del Estado buscó la forma de corregir la decisión de los fiscales del TC: el 14 de febrero de 2006 convocó una Junta de Fiscales de Sala e hizo campaña a favor del «no». El resultado fue que 15 de los 19 fiscales respaldaron su tesis de inadmitir el recurso del PP. Un mes después, el Congreso aprobó el Estatut por 189 votos a favor y 154 en contra. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, proclamó aquel día que el texto era «constitucionalmente impecable». Aunque el TC acabaría anulando, en junio de 2010, artículos enteros del Estatut que bendijeron los socialistas.

El propio Conde-Pumpido lo explicó así en una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso meses después: «Nos tuvimos que pronunciar (en alusión a la Junta de Fiscales de Sala) sobre un tema que había creado una gran desestabilización en el ámbito del Tribunal Constitucional: resucitar el recurso previo de inconstitucionalidad a través de un recurso de amparo contra el Estatuto de Cataluña, que se presentaba contra la decisión de la Mesa de esta Cámara (el Congreso), que lo había admitido a trámite. Hubo un debate importante en la Junta de Fiscales de Sala, un debate creo que de gran altura jurídica, y por una mayoría muy considerable la Junta de Fiscales de Sala se estimó –yo me había comprometido a asumir el criterio de la Junta– que la posición de ese recurso no debía ser admitido a trámite. Así lo postuló la Fiscalía del Tribunal Constitucional y así lo acordó el Tribunal Constitucional».

Su ponencia más polémica

A Conde-Pumpido se le ha acusado, recurrentemente, de trabajar al servicio de los intereses del PSOE. Antes en la Fiscalía General del Estado y luego en el Tribunal Constitucional. En esta última etapa, el magistrado fue ponente del recurso de amparo que presentaron cinco condenados por el asalto al Parlament en junio 2011, castigados con tres años de prisión.

Conde-Pumpido se puso de parte de los asaltantes. En junio de 2021, elaboró un borrador de sentencia que chirrió a los magistrados conservadores y levantó no pocas especulaciones, puesto que restaba gravedad a unos hechos violentos. Aquello se interpretó como una forma de preparar un terreno benévolo para cuando el TC tuviera que examinar el asedio de cientos de independentistas a la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil estaba dentro.

Su ponencia fue rechazada por el pleno del TC y el presidente designó a un nuevo ponente, Antonio Narváez. El Constitucional acabó rechazando el recurso de amparo, pero Conde-Pumpido emitió un voto particular mostrando su disconformidad: «Considero que las conductas que les han sido imputadas a los recurrentes constituyeron actos de protesta y reivindicación extralimitados que, pese a su naturaleza verbal y gestual innecesariamente coercitiva, se encuentran directamente relacionados con las críticas políticas y de carácter social que justificaron la convocatoria de la reunión pública y manifestación ante el Parlamento de Cataluña. Por esta razón no quedan fuera del marco general de protección que la Constitución otorga a los derechos de libre expresión, reunión y manifestación».

Los populares se conforman con que Conde-Pumpido se guíe solo por la brújula de la Constitución, y no por la de Pedro Sánchez. «El Tribunal Constitucional es un órgano fundamental en nuestro Estado de Derecho, que debe garantizar la supremacía de nuestra Carta Magna y su acatamiento por todos los poderes públicos», recordó este miércoles el principal partido de la oposición.