Tal y como avanzó El Debate en primicia
El juez Llarena retira la acusación por sedición a Puigdemont tras la reforma penal del Gobierno
El magistrado instructor mantiene un doble procesamiento por malversación y desobediencia. Ha dado un plazo de 8 días a las acusaciones y a las defensas para presentar alegaciones a su decisión
La derogación del delito de sedición plantea «un contexto cercano a la despenalización» ya que las maniobras del que fuera presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Bajo esta premisa, el juez instructor de la causa del 'procés' en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, ha reformado el auto de procesamiento del político separatista retirando las acusaciones que pesaban sobre él relativas a la sedición. La revisión de oficio del Alto Tribunal se produce, tal y como avanzaba ayer El Debate en primicia, como resultado de las últimas reformas penales del Gobierno fruto de las cesiones pactadas por Pedro Sánchez con sus socios independentistas catalanes.
Así las cosas, el juez Llarena ha retirado, también, la Euroorden de detención que pesaba sobre el hasta ahora prófugo de la Justicia española, aunque ha mantenido la de busca y captura vigente tanto para Puigdemont como para los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, al seguir vivas las acusaciones de por sendos delitos de malversación y desobediencia. Sin embargo, se trata de un requerimiento de ámbito exclusivamente nacional, esto es en el supuesto de que pisen territorio español, ya que el Supremo se encuentra a la espera de que los tribunales europeos respondan a varias cuestiones prejudiciales sobre la inmunidad parlamentaria del hoy diputado comunitario Puigdemont.
Derogación del delito de sedición
La decisión del magistrado Llarena tiene lugar, tal y como adelantó El Debate, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de la reforma del Código Penal con la que el Gobierno, antes de Navidad, derogó el delito de sedición y suavizó las consecuencias de la malversación asociada a la primera, ambos requisitos impuestos por sus socios de Esquerra (ERC) para prestar su apoyo a los Presupuestos Generales que permitirán a Pedro Sánchez agotar la legislatura.
Una vez consumada la desaparición criminal de los tipos por los que estaban procesados Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, el instructor ha entendido que los hechos de la causa relacionados con el mismo solo subsumibles, ahora, en un mero delito de desobediencia, ya que considera que no encajan tampoco en el delito de desórdenes públicos previsto como nueva formulación ante un futuro escenario análogo al del 'procés' de 2017, ni en los hechos cometidos en dicho momento en el que éste no estaba vigente.
Así las cosas, el juez Llarena ha confirmado, sin embargo, que no debe modificarse sino mantenerse el procesamiento de tres de ellos por un delito de malversación de caudales públicos, al considerar que la reforma de dicho delito no afecta a los hechos investigados en el sentido de eliminar o minorar la pena prevista en la tipificación que este jueves ha quedado retocada para algunos supuestos.
Un escenario procesal que permitirá a Puigdemont regresar a España con un coste penal infinitamente menor del que enfrentaba hace tan sólo veinticuatro horas, así como el retorno de otras políticas como la exdiputada Marta Rovira y la exconsejera Clara Ponsatí con un horizonte plenamente despejado ya que para ambas se mantendría únicamente un requerimiento por desobediencia, una vez extinguida la sedición inicial por la que estaban siendo acusadas.
Así las cosas, el precedente de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel quien en julio comparecía voluntariamente ante el instructor, procedente de Suiza, y para regularizar el trámite de notificación de su procesamiento por un delito que no conlleva aparejada pena privativa de libertad, podría marcar el camino tanto a Ponsatí como a Rovira.
Preguntado al respecto de esta última hora a su llegada a unas jornadas sobre seguridad vial que se celebran hoy en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la nueva resolución dictada por el magistrado Llarena «debe cumplirse en sus términos». «Vamos a respetar las resoluciones judiciales; las resoluciones judiciales deben cumplirse en sus términos», ha expresado el exmagistrado.