La exconsellera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, en una imagen de archivo
Ponsatí prevé volver a Cataluña «lo antes posible» pero no se presentará ante el Supremo
La eurodiputada de Junts está estudiando las implicaciones que puede tener su vuelta
La exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí prevé volver a Cataluña «lo antes posible» pero no se presentará ante el Tribunal Supremo al asegurar que no reconoce la jurisdicción del juez Pablo Llarena, por lo que desconoce si será detenida.
«Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100 % no las tenemos», ha recalcado en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Tras explicar que su vuelta dependerá de su agenda, ha asumido que su decisión de no presentarse ante el Supremo puede tener consecuencias, y por ello está estudiando las implicaciones que puede tener su decisión.
Las declaraciones de Ponsatí llegan después de que Llarena cambiara el delito de sedición por el de desobediencia en su caso y en el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por lo que ambas podrían volver a España y no ser detenidas al no estar procesadas por delitos que impliquen cárcel, pero tendrían que comparecer ante el Supremo dado que no están exentas de responsabilidad penal.
«Dado que Llarena ha renunciando a perseguirme para ponerme en prisión, yo volveré a mi casa», ha destacado la exconsellera, que ha insistido en que desconoce cómo reaccionará el juez del TS.
Al preguntársele si esperaba encontrarse en esta situación, ha precisado que era «un escenario posible» y ha lamentado que, en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, mantenga la nueva malversación agravada, que conserva las penas de la antigua malversación.
Persecución española
«Llarena es la punta de lanza de la persecución española contra el presidente Puigdemont y su gobierno. Su objetivo es encerrarlo en prisión y harán todo lo que puedan», ha avisado Ponsatí, que cree que esto no ha sido posible gracias a la respuesta de los tribunales europeos y del trabajo que han llevado desde fuera de España.
En su opinión, la derogación del delito de sedición es la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la «presión internacional» que se ejerció, pero no cree que la reforma del Código Penal tenga grandes consecuencias desde un punto de vista político.