La posverdad del Gobierno se desmorona en el primer día en vigor del nuevo Código Penal

La derogación de la sedición y la rebaja de la malversación eran lo que parecían, no lo que el Gobierno decía que eran. La realidad ha hecho añicos el argumentario que Pedro Sánchez y el PSOE han venido defendiendo los dos últimos meses; desde que, el pasado 11 de noviembre, los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentaron la proposición de ley de reforma del Código Penal que entró en vigor este jueves. «Lo que estamos haciendo es homologar los delitos conforme a lo establecido en las principales democracias europeas», insistió el propio presidente en su comparecencia de fin de año desde la Moncloa.

Pero el relato del Gobierno no aguantó en pie ni 24 horas, una vez publicada la modificación el BOE. Ayer mismo, el juez Pablo Llarena dictó un auto en el que puso negro sobre blanco las consecuencias de la supuesta homologación: tuvo que retirar la acusación de sedición, no sin antes dejar constancia de que el cambio en el Código Penal crea un «contexto cercano a la despenalización». Puesto que Llarena no cree que el procés encaje en el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados.

En paralelo, ERC emitió un comunicado felicitándose por el triunfo político, lo que hizo aún más evidente la falsedad de la coartada del Ejecutivo. «Hoy se puede constatar que la reforma del Código Penal supone un beneficio colectivo. No para el independentismo, sino para el conjunto de los demócratas», señaló la formación de Oriol Junqueras. Que, asimismo, destacó la «eliminación efectiva» del delito de sedición, reconocida en el propio auto de Llarena.

Y la secretaria general de Esquerra, huida en Suiza y para la que milagrosamente ha desaparecido la petición de cárcel (ya solo será procesada por un delito de desobediencia), anunció su vuelta a Cataluña en el medio plazo. «La música nos gusta», afirmó Marta Rovira. En su misma situación está la exconsejera Clara Ponsatí, que podrá regresar a España sin temor a entrar en la cárcel.

También el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, movió ficha en cuanto hubo entrado en vigor la reforma del Código Penal. El tribunal que condenó a 12 cabecillas del procés pidió este jueves a las partes que hagan sus alegaciones sobre cómo deben quedar las condenas. El indulto parcial de nueve de ellos, los que tenían penas por sedición, no afectó a las inhabilitaciones.

La absolución

Las defensas de varios de ellos, al menos los de ERC, van a pedir al Supremo la absolución de sus clientes. De manera que puedan presentarse a las elecciones municipales del 28 de mayo (en Cataluña no hay autonómicas esa fecha). En cualquier caso, se avecinan rebajas o extinción de las penas de inhabilitación para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Otro roto al argumentario del Ejecutivo, que hace semanas presumía de que, aceptando esta reforma del Código Penal, Esquerra venía a reconocer implícitamente que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue delictivo.

Aun así, la portavoz del Gobierno trató de mantener ayer, contra viento y marea, el relato gubernamental. «Quiero recordar que hace algunos años, cuando se tramitaban las peticiones de extradición, uno de los problemas jurídicos y procesales a los que se enfrentaba la Justicia era precisamente esa falta de homologación de nuestro Código Penal», señaló Isabel Rodríguez.

En realidad, la caída del trampantojo del Ejecutivo no empezó este jueves, sino el martes, dos días antes de la entrada en vigor de la reforma. Ese día, el juez instructor del caso Acuamed pidió al fiscal que revisara su petición de penas.

La propia Rodríguez, en rueda de prensa desde la Moncloa, fue incapaz de garantizar que la rebaja del delito de malversación no vaya a provocar revisiones de condena a la baja e, incluso, excarcelaciones. «Le puedo asegurar que el Gobierno, lo que persigue con esta reforma, es penar todo tipo de corrupción. Al que se lo lleva para sí y también a los que se enriquecen a costa del erario público y hasta ahora se iban de rositas (en alusión al nuevo delito de enriquecimiento ilícito)», sostuvo la portavoz.

A mayores, ayer el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón consultó a la Fiscalía si considera que la reforma de la malversación a la baja debe alterar las penas solicitadas para los acusados del caso Púnica. Entre ellos, del exconsejero madrileño Francisco Granados.

El fiscal general va a unificar criterio con la malversación, como hizo con la ley del 'solo sí es sí'

La Fiscalía General del Estado intentará salvar la papeleta al Gobierno, como lo intentó con la ley del 'solo sí es sí'. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, adelantó que este mismo mes publicará un decreto para fijar un criterio único respecto a las revisiones de condena por malversación.

Ocurre, como en el caso de la ley Montero, que quienes tendrán la última palabra son los jueces, no la Fiscalía. A este último respecto, el Gobierno sigue enrocando y sin acceder a modificar la normativa, tres meses después de su entrada en vigor. Al menos, con aquella, a Sánchez le duró más la alegría: entró en vigor el 7 de octubre y hasta el 15 de noviembre no se produjeron las primeras rebajas. Durante ese tiempo, la ministra de Igualdad pudo mantener lo que aseguró en el Congreso el 2 de noviembre: «Salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer: es propaganda machista».

Hoy en día, los violadores y agresores sexuales beneficiados son ya más de 163, y la secretaria de Estado de Igualdad se permite bromear con ello y luego culpar a la prensa y a la derecha de manipular sus palabras.