Los trucos de Sánchez para legislar: eludir informes en contra, 135 decretazos y sin debate parlamentario

A base de decretos, tramitaciones de urgencia y retorcimientos del sistema parlamentario. Así es la política legislativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, abonado a los procedimientos rápidos, evita enfrentarse a las tramitaciones que garantizan tramitaciones completas que cuenten con la mayor de las garantías.

Para ello, el Gobierno hace uso de varias tácticas. Todas ellas, eso sí, en base a la legalidad o, al menos, amparadas por una suerte de alegalidad que engrasa las leyes para que entren, finalmente, por el aro legislativo.

La Proposición de Ley

Ejemplo de ello es el gusto que el Ejecutivo tiene por las proposiciones de ley en lugar de los proyectos de ley. En lenguaje entendible, el primero es más adecuado para los grupos parlamentarios de la oposición que quieran poner en marcha una ley y el segundo el que se suele usar desde los gobiernos. La diferencia clave que hace al equipo de Sánchez optar por las proposiciones de ley es que estas no necesitan la emisión de informes preceptivos de carácter público o de otros órganos. De esa manera, el Ejecutivo no precisa de un informe favorable sobre la ley en cuestión.

En este caso se pueden apreciar varios ejemplos claros de ello. Una de las más destacadas es las que supusieron la derogación del delito de sedición o modificaron las penas para los delitos de malversación. También aquella mediante la cual se aprobó el impuesto a las energéticas y la banca o la que reglaba la penalización de aquellas personas que acudían a los centros abortistas tras la cual se consideraba como acoso. De la misma manera ocurrió con la eutanasia o las modificaciones de ley respecto al poder judicial. Todas ellas se hicieron a través de proposiciones de ley desde los grupos parlamentarios socialista y Podemos, evitando hacerlo a través de proyectos de ley impulsado por los partidos que forman el Gobierno.

La vía de urgencia

Otra de las técnicas de Sánchez para acelerar su hoja de ruta son las tramitaciones por vía de urgencia. En concreto, 38 procedimientos de urgencia a través de los cuales el Gobierno ha aprobado modificaciones como la de «salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo» o la denominada como ley trans.

Estas aprobaciones suponen acortar a la mitad la tramitación ordinaria y únicamente están permitidas «previa declaración de su urgencia por razones justificadas y excepcionales». Sin embargo, el Ejecutivo ha hecho uso y abuso de la misma. Uno de los problemas que sitúan este hecho como una falta de transparencia es que los informes preceptivos que acompañan a estas leyes no se hace o llegan tarde, por lo que se aprueban antes de que la oposición y la ciudadanía puedan tener acceso a estos documentos.

El Decreto Ley

Desde que Sánchez entró en la Moncloa, su Gobierno ha aprobado 135 decretos ley. Esta forma de legislar evita las tramitaciones parlamentarias para su aprobación, pero sí que debe ser ratificado por el Parlamento para que se efectúe de manera prolongada. Pedro Sánchez ha llegado a cifras récord en este sentido siendo el presidente que más ha usado el Decreto ley.

Sánchez ha batido el récord de Decretos ley a pesar de habérselo afeado a Rajoy cuando era presidente

Concretamente, durante los seis años y medio que gobernó Mariano Rajoy se aprobaron 107 mientras que en algo más de cuatro años, Sánchez ya le supera en 28. Todo ello pese a que fue el propio líder socialista el que criticó al entones presidente del Gobierno este tipo de aprobaciones: «Han convertido una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar», le afeó desde la tribuna.

La vía ´de la enmienda

A pesar de que las enmiendas tienen que tener una conexión directa con la ley a la que pertenecen, el Ejecutivo sanchista ha encontrado en ellas una manera de integrar leyes que deberían ser tramitadas de manera individual en caballos de Troya dentro de otras. El ejemplo más claro y reciente de ello fue las enmiendas que versaban sobre los cambios en el sistema del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y que fueron frenadas tras la petición del recurso de amparo del Partido Popular por el propio Tribunal de Garantías.

A través de estos recursos, el Gobierno de coalición ha podido avanzar de manera más ágil en su agenda evitando así tramitaciones con mayor repercusión mediática y social y, sobre todo, eludiendo los informes que podrían haber advertido de la peligrosidad de muchas de estas aprobaciones.