Así estalló la mayor crisis entre el PP y Vox en Castilla y León: cinco días que dejan una herida

La primera gran crisis en el Gobierno de Castilla y León ha dejado muy tocada la relación entre el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente y líder de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, apenas un mes después de que aprobaran juntos sus primeros Presupuestos. «Ha actuado de manera desleal. No es de fiar. Nos ha engañado y tomamos nota», señalan desde el ala popular de la coalición a El Debate, muy enfadados con el número dos del Ejecutivo. Hasta el punto de que desde la Junta adelantan a este diario que, finalmente, no se aprobará ningún plan ni habrá cambios en el protocolo previo establecido para escuchar el latido fetal.

Fernández Mañueco compareció este lunes ante los medios de comunicación para tratar de poner fin a un sainete que comenzó el pasado jueves, cuando su socio le pidió el favor de dar él la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, acompañando al consejero portavoz. La de ayer fue una desautorización en toda regla del presidente regional. «No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres a nada», zanjó.

El origen

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, llevaba tiempo negociando con García-Gallardo medidas de apoyo a la natalidad; un compromiso que ya figuraba en el acuerdo de legislatura suscrito en marzo de 2022 entre las dos partes. Pero no para evitar abortos, sino para mejorar las condiciones de las mujeres embarazadas.

El plan, según fuentes populares, se fundamentaba en tres medidas: el acceso a la ecografía 4D para todas las mujeres embarazadas, y no solo cuando hay sospechas de malformación; la posibilidad de que tengan la asistencia de un psicólogo clínico; y un protocolo de latido fetal en el primer trimestre. Actualmente, éste puede escucharse en las ecografías de las semanas 12, 20 y 33, según la Consejería de Sanidad. Pero se trataba de adelantar la posibilidad de que la madre escuche el latido de su hijo entre la sexta y la novena semana.

En el Consejo de Gobierno del pasado jueves no se aprobó ninguna medida. De hecho, el asunto no figuraba en el orden del día (puede consultarlo aquí). Pero como ya había un acuerdo hilvanado, García-Gallardo pidió a Fernández Mañueco salir a contarlo. Éste accedió y el vicepresidente lo presentó como un protocolo antiaborto ya aprobado. El PP trató de corregir a su socio enviando una nota de prensa a través de la Consejería de Sanidad, con el siguiente encabezado: la Junta promoverá medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias. La única alusión que contenía al aborto era un apartado sobre el respeto a la objeción de conciencia de los médicos.

La bola de nieve fue creciendo, alentada por un Gobierno deseoso de desviar la atención sobre el goteo de rebajas de condena provocado por la ley del solo sí es sí y las palabras de la número dos de Irene Montero burlándose.

En privado, Fernández Mañueco instó a García-Gallardo a rectificar, pero éste mantuvo su postura. Fuentes cercanas al vicepresidente aseguran que sí había un acuerdo y acusan al presidente regional de haberse dejado doblegar por la «presión» de Alberto Núñez Feijóo y de la izquierda.

Y el Ministerio entró en escena

El viernes por la mañana, la ministra de Sanidad envió una carta al consejero del ramo en Castilla y León pidiéndole explicaciones sobre el protocolo fantasma. En ella, Carolina Darias advertía a Alejandro Vázquez de que el Gobierno enviaría un requerimiento a la Junta si seguía adelante. Toda una declaración de guerra.

El consejero respondió a la ministra esa misma tarde, aclarando que no existía tal protocolo antiabortos ni intención de aprobarlo. Durante el fin de semana, los socialistas cogieron la presa y no la soltaron. El propio Pedro Sánchez avisó el sábado desde Sevilla que su Gobierno no permitiría «ningún retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo ser madres o no». Ese día, el presidente castellano y leonés afirmó en un acto del PP: «En Castilla y León defendemos a la mujer. Garantizamos todos sus derechos y garantizamos la libertad de elección que tiene la mujer».

En paralelo, los populares siguieron esperando a que García-Gallardo «se diera por aludido», en palabras de un miembro del Ejecutivo regional. El domingo, pasadas las siete de la tarde, La Moncloa anunció en un comunicado inédito que había cursado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad. Requerimiento que sigue sin llegar a Valladolid, porque no ha habido ningún acto administrativo previo de la Junta que lo sustente.

Irónicamente, ese movimiento del Ejecutivo fue lo que terminó por convencer a los socios de coalición de que había que poner fin al culebrón, que la secretaria general del PP definió como «un burdo intento del Gobierno de desviar la atención», según Cuca Gamarra. La Junta contraatacó esa misma tarde con un comunicado en el que reivindicaba su autonomía para «aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias».

El lunes por la mañana, Fernández Mañueco fue claro en su declaración institucional. Al escucharla, García-Gallardo optó por encajar finalmente el golpe y pasar página. Desde su entorno bendijeron las palabras del presidente regional, sin matices. Pero la coalición entre el PP y Vox en Castilla y León está hoy más débil que hace una semana.