Darias dice que Mañueco «no tiene competencias» para poner en marcha el protocolo provida

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado este lunes que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia si la Junta de Castilla y León aplica el protocolo para mujeres embarazadas encaminado a reducir las interrupciones voluntarias del embarazo, y ha subrayado que esas medidas, ya sean obligatorias o recomendaciones, «contravienen la legalidad vigente».

«Llegaremos a todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone al alcance para la defensa de la legalidad», ha dicho la ministra en una entrevista en la cadena Ser, en la que ha afirmado que el Gobierno «no permitirá un paso atrás en los derechos de las mujeres», y ha advertido a la Junta de Castilla y León que no puede ofrecer pruebas complementarias «porque lo que están incentivando es la proculpa de las mujeres» y eso -ha dicho- «no cabe en la ley y la Junta no tiene ámbito competencial para hacerlo».

Darias también se ha referido al «elocuente» silencio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asunto. «Es evidente que no está cómodo y que se siente mal», ha dicho la ministra, que ha instado a Feijóo a «poner fin a esta tropelía que lo que hace es insistir en la culpabilización de la mujer a la hora de decidir su maternidad, algo que este país ha dejado atrás después de mucho sufrimiento».

Este domingo, el Gobierno realizó un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnera la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria y le advierte de su disposición a más acciones legales.

Entre las medidas que contempla el protocolo castellanoleonés figura derivar a Salud Mental a las mujeres «que lo requieran», una cuarta ecografía en el primer trimestre para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo. Estos son los tres principales servicios que ofertará la Junta a las mujeres embarazadas, incluidas las que han manifestado la voluntad de abortar.

Como respuesta, la Junta de Castilla y León se ha remitido a un comunicado que tiene «plena autonomía» para implementarlo e instó al Gobierno a abstenerse de dirigir requerimientos «vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía».

En el escrito, la Junta aseguró que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: «El respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios».

Criterio sanitario no preceptivo

No obstante, queda aún por despejar, hasta conocer en detalle esta instrucción comunicada a los facultativos a través de las gerencias de salud, si para los profesionales será «obligatorio e imperativo» ofrecer estas prestaciones a las mujeres que expresen su voluntad de abortar, como aseguró el vicepresidente de la Junta, de Vox, o será algo que quedará al criterio sanitario sin ser preceptivo, como matizó el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP.

Precisamente, desde que el vicepresidente anunciara esta medida el pasado jueves en consejo de Gobierno, los dos socios de Gobierno, PP y Vox, han mantenido un tira y afloja, con distintas versiones, incluso contradictorias, de qué supondrá este protocolo y cómo se llevará a cabo en la Comunidad.

Asimismo, además de la obligatoriedad o no de ofrecer este protocolo por parte de los profesionales sanitarios, PP y Vox también han evidenciado estos cuatro días sus diferencias argumentales para catalogar estas medidas.

Así, mientras que para Vox este protocolo es una respuesta «provida» a la «agenda abortista de la izquierda», para el PP no son medidas «antiabortistas», sino en «apoyo a la natalidad», con el énfasis puesto en la «voluntariedad» de las mismas para las mujeres, como recalcó este fin de semana el presidente autonómico.

Sin dar un paso atrás

«Todos los ataques, todas las difamaciones, todas las zancadillas… todo habrá merecido la pena si conseguimos salvar una única vida. Seguimos adelante, sin dar ni un paso atrás», escribía por su parte este domingo en redes sociales el máximo dirigente de Vox en Castilla y León.

Desde que este anuncio saltó a la opinión pública, las críticas hacia este protocolo y a la Junta de Castilla y León se han sucedido desde diversos ámbitos, especialmente el político, donde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en un acto este fin de semana en Sevilla que con gobiernos socialistas «habrá avances» en beneficio de las mujeres y «ni un solo retroceso».

De este modo, el presidente subrayó que los socialistas no permitirán que haya ninguna regresión en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo son madres y cuándo no, un mensaje que también han replicado otras voces, como la ministra de Sanidad o la vicepresideta segunda del Gobierno y ministra, Yolanda Díaz.

Finalmente, asociaciones feministas y proaborto también han criticado este protocolo por atentar, según estas, a los derechos de la mujer, al suponer una coacción a su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.