Primer Pleno del nuevo Constitucional: se mantiene el ponente conservador para la sentencia del aborto

Tras unas semanas convulsas a nivel interno en las que la Presidencia del Tribunal mantuvo en vilo al mundo jurídico, el Constitucional (TC) recién renovado ha sido convocado a un primer Pleno gubernativo extraordinario por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, al frente del mismo, con el objetivo de adaptar su configuración interna a las nuevas incorporaciones de los miembros designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la renovación del tercio del mismo que se materializó la semana pasada. Según ha podido saber El Debate, la sentencia del aborto mantendrá al ponente conservador encargado de la misma, Enrique Arnaldo, mientras que el expresidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa heredará las ponencias que, hasta la fecha, estaban en manos del vicepresidente saliente, Juan Antonio Xiol.

Por su parte, los temas del expresidente Pedro González-Trevijano recaerán en el exministro de Justicia Juan Carlos Campo; la exalto cargo de la Generalitat y de Moncloa Laura Díez recibirá los asuntos del conservador Antonio Narváez; y, por último, María Luisa Segoviano asumirá los temas encargados a Santiago Martínez-Vares, durante esta última legislatura previa a la renovación.

Así las cosas, quedará reajustada la nueva composición de las dos Salas, primera y segunda, que conforman la Corte de Garantías, así como de sus cuatro secciones correspondientes, siendo que los cambios de ponente sólo afectarán a los asuntos que se mantienen en una deliberación especialista en cada una de ellas, a diferencia de los que han sido elevados al Pleno que no sufrirán modificaciones sustanciales y seguirán perteneciendo a sus ponentes actuales.

El primer Pleno del TC que tiene lugar desde la elección el pasado miércoles de Conde-Pumpido, candidato oficioso de la Moncloa al puesto, como su nuevo presidente, en sustitución de González-Trevijano, es la consecuencia natural de la renovación parcial que se produjo el pasado día 9 de enero, tras más de seis meses de prórroga, y que ha dado paso a un órgano de mayoría progresista, siete a cuatro, con una vacante del bloque conservador pendiente de cubrir por el Senado.

Según ha ido trascendiendo en los últimos días Conde-Pumpido se ha propuesto, entre sus objetivos inmediatos, dar salida al centenar de asuntos pendientes que se acumulan actualmente en el TC, priorizando los más antiguos, entre los que destaca el recurso de cincuenta diputados del Partido Popular contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero. Un anuncio extraoficial que, por el momento, y según ha podido saber El Debate, desconocería el propio magistrado encargado de defender la ponencia correspondiente, el conservador Enrique Arnaldo.

Sea como fuere, resulta indudable que el Constitucional más politizado de la historia tiene el reto de abordar, en los próximos meses, los más de cincuenta recursos que pesan sobre algunas de las leyes más polémicas del Ejecutivo socialista como las dos 'patatas calientes' sobre las que el Tribunal tendrá que decidir próximamente: el aborto y la eutanasia.

La batalla por el derecho a la vida

En el caso de la ley de eutanasia, el PP planteó un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley actual emanada del Gobierno de Pedro Sánchez al entender que vulnera el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona. Se da la circunstancia que el magistrado encargado de la ponencia, en este caso, es el propio Conde-Pumpido que, ahora como presidente, en caso de empate, tendría voto de calidad para inclinar la balanza.

Los populares plantearon las anomalías de una norma en la que se advertía una evidente falta de consenso político y social durante su aprobación para la infracción del derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución. «En la medida en que el régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida y, en particular, de establecer un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión de lo que conlleva».

En la misma línea se orientó el recurso presentado por Vox contra la misma. «No podemos apoyar una ley de eutanasia que nos lleva por una pendiente resbaladiza por la que ya se han deslizado los países en los que estas leyes se aplican», comentó Santiago Abascal durante la presentación del escrito.