Europa sospecha que la reforma de la malversación de Sánchez pone en riesgo los fondos de la UE

No es la primera vez que Europa pone el foco en las reformas legales del Gobierno. En los últimos meses, desde la Comisión de Justicia de la UE han advertido en incontables ocasiones al Ejecutivo socialista de la necesidad de adaptar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los estándares del resto de países comunitarios. Ayer, el comisario europeo Didier Reynders volvía a insistir en la «despolitización» pero añadía una variable más tras la modificación del Código Penal a la carta que ha rebajado las penas asociadas a la corrupción política en España. La Comisión Europea está «analizando» los cambios que afectan al delito de malversación para asegurarse de que no se alejan de las reglas de la Unión, en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere.

«La reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la UE, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE», detallaba Reynders durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de Derecho en nuestro país, una vez más.

Pese a que en lo relativo a la derogación de la sedición, el político comunitario ha advertido de que España es «libre» de introducir cualquier cambio al respecto porque se trata de una «competencia exclusiva» de los Estados miembro, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales, Reynders ha matizado las consecuencias del abaratamiento del desvío de los fondos públicos. Un aspecto en el que casi la totalidad de los diputados no españoles que intervinieron en la cita advertían de que «lo que es condenable en Hungría y Polonia debe ser condenable también en España».

Sobre el nuevo Constitucional

Además, en el marco de su intervención, el comisario europeo se refería a la reciente renovación del Tribunal Constitucional y el hecho de que los cuatro nuevos nombramientos son «importantes» en tanto que estaban pendientes desde el pasado mes de junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un «elemento esencial del Estado de derecho».

El comisario ha dicho, en este sentido, que el Ejecutivo comunitario está al tanto de que el Constitucional suspendió la votación en el Senado de la propuesta para modificar el sistema de designación de los miembros del Tribunal y ha añadido que, en todo caso, Bruselas seguirá atenta a toda evolución en materia de Estado de Derecho para incluir su análisis en el informe anual que publicará a mitad de año y del que, en buena medida, depende la futura Presidencia de España en la UE durante el segundo semestre del año.

El debate en el pleno del Parlamento Europeo se producía después de que el Partido Popular Europeo forzara la inclusión de la materia en el orden del día de esta sesión plenaria, ya que en las sesiones de noviembre y diciembre la Eurocámara rechazó en votación incluir una discusión sobre España en su agenda.

La prórroga del CGPJ

El responsable europeo de Justicia ha aprovechado su intervención para insistir en la urgencia con la que el Ejecutivo comunitario observa el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para el que pide que se proceda a su renovación «con carácter de urgencia» e, «inmediatamente después», se inicie el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos.

Las normas europeas aconsejan a las autoridades políticas que no estén implicadas en el proceso de elección de los miembros del CGPJ

«Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación», ha remachado Reynders, en referencia a las conclusiones recogidas en la última edición del informe sobre el Estado de derecho en España publicado en julio del pasado año.

En este contexto ha lamentado que el Gobierno y oposición aparcaran las negociaciones para resolver esta crisis el pasado otoño y ha subrayado que los estándares europeos abogan por que la elección de los vocales recaiga en sus pares, por lo que «ni el Parlamento ni el Ejecutivo deben estar implicados en ninguna fase» del proceso de selección.

El informe apuntó entonces otras cuestiones de preocupación para la Comisión que Reynders ha repasado de nuevo en esta ocasión, como por ejemplo el que los mandatos del Fiscal General y del Gobierno coincidan en sus plazos y la recomendación de Bruselas de que el estatuto del fiscal sea «reforzado» para evitar esa coincidencia.

El comisario ha apuntado asimismo el lastre en la lucha contra la corrupción que supone que las investigaciones y procesos contra la corrupción «de alto nivel» siguen siendo «complejas y largas».