El PP analizará «caso a caso» apartar a los dos magistrados de Moncloa en sus recursos al TC

No ha empezado a dar el Constitucional sus primeros pasos tras el reparto de los asuntos más políticos pendientes en el Tribunal y ya se plantea, en firme, la necesidad de apartar de ciertas causas a aquellos magistrados «contaminados» por su interés directo las mismas. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática exalto cargo de la Generalitat y de Moncloa Laura Díez, ambos miembros del actual Gobierno durante este misma legislatura, son los principales afectados por su participación directa en algunas de las leyes ideológicas del Ejecutivo socialista. El Partido Popular que ha recurrido varias de ellas revisará «caso por caso» la necesidad de recusarles si no se abstienen por iniciativa propia. «Es un escenario a barajar», apuntan fuentes populares consultadas por El Debate.

No en vano, Campo formó parte del Consejo de Ministros que aprobó la Ley Celaá, entre otras polémicas normas, y como diputado participó en la votación de numerosos textos en el Congreso entre 2016 y 2020 de los que tampoco debería pronunciarse. Además, su relación sentimental con la presidenta de la Cámara parlamentaria, la socialista Meritxell Batet, invalidaría su intervención en cualquiera de los tres recursos planteados ante la Corte por las decisiones adoptadas de forma unilateral que están a la espera del análisis jurídico del nuevo Pleno.

Díez prepara su abstención voluntaria

Sin embargo, es la exalto cargo Laura Díez la que, sin lugar a dudas, tuvo una «innegable participación directa» en el debate sobre la ley lingüística catalana cuando era vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, puesto al que accedió poco después de abandonar el Gabinete de Presidencia de la Moncloa del que formó parte durante esta misma legislatura. Díez avaló entonces la norma diseñada por la tríada ERC, PSC y JxCat para continuar con su modelo de inmersión y puentear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir, al menos, un 25 % de las clases en castellano.

La exalto cargo de la Generalitat ya ha comunicado a Conde-Pumpido su intención de apartarse de la causa del 25% del castellano en Cataluña

Consciente de su implicación directa en este pronunciamiento previo, Díez ya habría comunicado al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, su voluntad de apartarse de la causa que, por herencia de los temas en manos de su predecesor en el cargo –el magistrado Antonio Narváez–, tendrá que resolver el recurso de súplica planteado por la entidad Òmnium Cultural contra la decisión del propio TC de denegar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad instada por el propio TSJC contra el decreto del 25 %.

No en vano, dos dictámenes con los que el Consejo respaldó la maniobra legal del Govern separatista para sortear la sentencia del TSJC, salvar el reglamento ideado por la Generalitat y mantener la discriminación lingüística del español en los colegios de Cataluña, condicionan la objetividad e imparcialidad de Díez en su nueva función.

Especialmente si se tiene en cuenta que en el marco de sendos informes se llegó, incluso, a justificar la desobediencia al fallo del Supremo que dio firmeza a la resolución inicial de la Justicia catalana: «La regla mínima del 25 % de uso vehicular con cada una de las lenguas oficiales, establecida por la sentencia del TSJC, no se convierte en parámetro de constitucionalidad que vincule al legislador y que, por lo tanto, obligue a respetarla».

Una «contaminación» de manual

La vicepresidencia de Díez en el órgano consultivo catalán encargado de decidir si las leyes del Parlament encajan en el marco constitucional y del Estatuto vigente para la comunidad autónoma, respaldó el hecho de que no establecer el castellano como lengua vehicular en la norma no era inconstitucional. «Se ha de hacer notar que la legislación básica estatal en materia de educación nunca, con excepción del periodo en el que estuvo vigente la LOMCE, ha declarado el castellano como lengua vehicular», sostuvo el órgano para justificar el catalán como «centro de gravedad del sistema educativo».

Una «contaminación» de manual de la que la propia interesada es consciente y que, con arreglo al artículo 219.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la obliga a abstenerse por «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo» antes de incorporarse como magistrada del TC.

Díez tendrá, además, que apartarse de los asuntos de los que hubiera podido tener conocimiento cuando fue asesora del Govern entre 2002 y 2004 y cuando fue adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña –el equivalente al Defensor del Pueblo– seis años después. Fuentes consultadas por El Debate apuntan, también, a que debería abstenerse de los casos en los que pudo haber intervenido cuando fue directora en el gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia (entre 2018 y 2020) y más recientemente como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia (entre 2020 y 2022).