Batet esconde si Pedro Sánchez y María Jesús Montero cobran «sobresueldos» del Congreso como diputados

Meritxell Batet no quiere que se sepa cuánto gana, en realidad, Pedro Sánchez. Ni tampoco la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además disfruta de una vivienda gratis en Madrid, con todos los gastos pagados.

Ambos dirigentes podrían estar beneficiándose de un «sobresueldo» por su condición de diputado, que les daría entre 13.000 y 27.000 euros anuales a añadir a su salario ordinario, situado por encima de los 80.000 euros anuales en ambos casos, gastos de representación, desplazamientos y alojamiento aparte.

Se trata de las llamadas «indemnizaciones» que los 350 diputados del Congreso tienen a su disposición cada mes, a los que suelen renunciar algunos ministros para no añadir más ingresos públicos a los que ya tienen por su condición de miembros del Gobierno.

Las dietas, como se las conoce coloquialmente en el argot parlamentario, están dotadas con una horquilla de entre 1.959,62 euros mensuales para los electos por circunscripciones ajenas a Madrid, como es el caso de la andaluza Montero; y los 935,37 euros para los que fueron elegidos en la capital, como Sánchez. De ninguno de los dos consta la renuncia a ese sobresueldo.

Así se refleja en un documento oficial al que ha accedido El Debate en el que Batet se niega a aclarar si Sánchez y Montero se sirven de su condición de parlamentario para mejorar su sueldo real hasta bordear los 100.000 euros anuales.

«Se considera que debe prevalecer la garantía de tal intimidad sobre el interés público a la divulgación, pues conocer las cuantías abonadas a cada uno de los Diputados no es un dato necesario a efectos del control del gasto público de la Cámara en esta materia», arguye Batet a través de la Secretaría General del Congreso

Una afirmación desmontada por la muy reciente sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 17 de noviembre de 2022, donde manifiesta que «el interés público sobre el destino y eficiencia del gasto público sobrepasa sin género de dudas la afectación a la esfera personal» y por ello «en la ponderación que ordena el artículo 15.3 de la Ley de Transparencia prevalece el interés público sobre la afectación indirecta de la esfera de los datos personales».

Pese a ello, Batet echa balones fuera para no aclarar lo que, sin embargo, parece más que probable por lo que reconoce a la vez: «La indemnización por los gastos originados por el ejercicio de la función se abona a todos los diputados por su condición de parlamentarios», se escribe en un documento que obra en poder de El Debate, del pasado 2 de enero, firmado por la Secretaría General del Congreso, a cuyo frente se sitúa el Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.

La ley impide cobrar dos sueldos a cargos públicos como Sánchez o Montero, pero el truco está en lograr esos ingresos bajo un epígrafe distinto al salarial que, técnicamente, se dedica a ayudar a los diputados a mantenerse fuera de sus provincias de origen o, si son de Madrid, para cubrir gastos fruto teóricamente de sus funciones.

Algo que ya tienen cubiertos tanto Sánchez como Montero, y con generosidad, en su calidad de presidente del Gobierno y de ministra de Hacienda.

El primero reside en La Moncloa, dispone de un parque móvil por tierra y aire a su servicio y tiene a su disposición un ingente personal, con el mayor número de asesores y altos cargos conocido hasta ahora en democracia, con 1.839 personas a disposición del Gobierno.

La opacidad de Batet, cuya tendencia a anteponer su filiación al PSOE a su condición de presidenta del Congreso en múltiples ocasiones le ha generado numerosas críticas, no ha impedido que en el pasado varios ministros de Podemos hayan difundido, a través de distintos medios de comunicación, su renuncia a esas «indemnizaciones» que según todos los indicios sí podrían estar cobrando Sánchez y Montero.

El caso de Montero

El caso de María Jesús Montero es también llamativo, pues a sus emolumentos le añade una desahogada posición personal, con un patrimonio inmobiliario notable; y una vivienda gratis que incluye todos los suministros de luz o calefacción que tanto cuesta sufragar a miles de familias, tal y como reveló El Debate.

El Tribunal Supremo ya ha resuelto que no existe ninguna razón relativa a la privacidad que permita ocultar el uso de dinero público para aumentar retribuciones

«El Ministerio de Hacienda y Función Pública dispone de una zona privativa para residencia de la persona titular del Departamento, englobándose los costes de los suministros de la indicada zona privativa en los gastos en los gastos de los suministros generales del edificio en el que se ubica, no pudiéndose hacer una diferenciación particular de los mismos», según el documento en propiedad de este periódico, firmado por la subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque Sosa, con fecha 8 de septiembre.

Montero tiene un sueldo bruto anual de 74.858,16 euros y, según su Declaración de Bienes y Renta oficial consignada en el Congreso en 2019, tiene en propiedad tres viviendas, un local comercial y un garaje, todo en Sevilla, al 50%.

Ese patrimonio, cuyo valor de mercado la convierte en millonaria según los propios parámetros del Gobierno a la hora de defender ese impuesto anulado o reducido en comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia; no le impide disfrutar de un inmueble gratis total en las propias dependencias del Ministerio de Hacienda, sin preocupación por la factura eléctrica.

Una situación en la que también están al menos otros dos ministros: tanto Miquel Iceta, titular de Cultura, cuanto José Manuel Albares, responsable de Asuntos Exteriores, tienen a su disposición inmuebles públicos y ambos desconocen el coste que tiene su mantenimiento y refrigeración, algo que sí son capaces de precisar otros compañeros de Gabinete con vivienda gratis, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, o el titular de Agricultura, Luis Planas.

El caso de Calviño es definitorio del tren de vida del Gobierno, pues si bien «confiesa» el coste de su manutención para el Estado a diferencia de Albares, Montero o Iceta, éste es muy elevado.

Los ministros que usan viviendas gratis tampoco costean la luz, la calefacción o el mantenimiento y muchos ni saben su precio

En concreto, su vivienda oficial, propiedad del Estado y está situada en un exclusivo barrio de Madrid, en un edificio externo al Ministerio de Economía que alberga cuatro pisos de entre 150 m² y 250 m², con un garaje común, cuya localización exacta no se consigna por razones de seguridad.

En ese inmueble, donde también residió José Luis Ábalos hasta que fue destituido por Pedro Sánchez, el Estado ha gastado en suministros y mantenimiento una media de casi 19.000 euros anuales en los dos últimos ejercicios cerrados, en concreto los de 2020 y 2021.

Así constaba en un informe oficial, en propiedad de El Debate, firmado en nombre de la vicepresidenta por su subsecretaria, Amparo López Senovilla, en el que se da la cifra exacta anual, que es de 18.831,61 euros, y se detallan los epígrafes incluidos en un gasto que, solo en suministros, supera de largo la media de la hipoteca mensual de Madrid, situada en torno a los 900 euros.

Calviño usa una vivienda oficial teniendo una propia en Madrid, en la colonia de Mirasierra y un patrimonio sin deudas de más de 335.000 euros, según consta en su última Declaración de Bienes difundida.