El juez Abascal propone juzgar al exembajador Morodo por un delito contra Hacienda

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha propuesto enviar al banquillo al que fuera embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo Morodo y a la mujer de este último, Ana Catalina Varandas, por varios presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre los años 2013 y 2017. Así lo ha recogido el magistrado instructor del denominado 'caso Morodo' en el auto de pase a procedimiento abreviado de una pieza separada de la causa principal, abierta hace algunos meses, a instancias de la Fiscalía.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional atribuye a los investigados un delito agravado contra la Hacienda Pública española que, en el caso del exembajador afectaría a sus relaciones con el fisco en el ejercicio de 2014, a su hijo por los años 2013 y 2014; y, a su nuera por la tríada 2013, 2014 y 2017.

De acuerdo con las pesquisas del magistrado, Alejo Morodo dedicaba su actividad profesional a una supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y, para sortear a Hacienda, decidió constituir e interponer hasta tres sociedades distintas con las que 'ahorrarse' el importante coste de tributar a través del IRPF que reemplazó por el Impuesto de Sociedades cuya carga impositiva era menor. Parte de los beneficios obtenidos a través de las mercantiles bajo sospecha, además, pasaron a engordar el patrimonio de su padre, el exembajador Raúl Morodo, quien a su vez las habría mantenido opacas a la Agencia Tributaria.

De ahí que, desentrañado el mecanismo diseñado por los Morodo y su entorno, el juez haya querido agilizar el enjuiciamiento, por separado, de unos hechos delictivos que –tras ser investigados en el seno de unas diligencias previas– «no deben aguardar o demorarse hasta que se complete la instrucción con relación a otros hechos delictivos u otras personas que pueden ser objeto de indagación separada». Esto es, la trama principal, y más compleja, del caso.

Varios ejercicios fiscales han prescrito

El juez explica que, entre 2007 y 2014, Alejo Morodo inició «una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros de los que percibieron 3.996.000 euros en los años 2013 y 2014».

De los ingresos percibidos en 2013 y 2014 –un total de 4.463.832,84 euros– a través de estas sociedades instrumentales Alejo Morodo dispuso, según explica el juez, para su consumo personal y familiar, de un total de 4.105.862,56 euros. Así, y con el fin de reducir fraudulentamente su carga fiscal, tributó esas cantidades con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades.

El magistrado detalla que de los ingresos percibidos a través de estas sociedades instrumentales también se benefició su padre, el exembajador en Venezuela, que recibió 357.970 euros y los integró en su patrimonio, ocultándolos a la Hacienda Pública.

Con todo, el instructor aclara que lo hechos investigados relativos a los ejercicios fiscales de los años 2011 y 2012 estarían prescritos.

Por otro lado, el juez Abascal acuerda el archivo de la causa para la esposa de Raul Morodo, Cristina Cañeque, y su empresa MS TRADING S.L. al considerar que no hay motivos suficientes que acrediten su participación en el delito contra la Hacienda Pública investigado.

La trama del 'caso Morodo'

Estas decisiones se enmarcan en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, y que tiene su origen en la querella que la Fiscalía presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas a ambos.

En aquel escrito se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.

Las pesquisas iniciales se centraron en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) «carentes de justificación real y lógica comercial».