Denuncian a Jordi Cuixart por blanqueo en Suiza tras la exclusiva de El Debate sobre su 'offshore'

Jordi Cuixart, uno de los condenados por el Tribunal Supremo por el proceso independentista de Cataluña, ha sido denunciado ante la Fiscalía de Suiza por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La denuncia, interpuesta por la organización Convivencia Cívica Catalana, se ha llevado a cabo tras la exclusiva de El Debate en la que se desveló que el líder independentista había constituido una sociedad offshore en el país helvético mediante 100.000 euros en efectivo.

La denuncia, redactada en francés, ha sido interpuesta por Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, el pasado 23 de diciembre. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, arranca así: «Mediante el presente escrito se interpone contra el señor Jordi Cuixart Navarro denuncia por la comisión de presunto un delito de blanqueo de dinero, castigado por el Código Penal Suizo en el artículo 305 del Código Penal». La legislación suiza castiga duramente a los condenados por este delito con penas de hasta tres años de prisión.

El Debate ha publicado en exclusiva que el pasado 31 de marzo de 2022, Cuixart constituyó en Suiza una firma offshore denominada Aranow Swiss SA. Una compañía que actúa como instrumental de la fábrica de maquinaria que posee en Barcelona. Las escrituras de la compañía opaca fueron elaboradas en la notaría Nova de la ciudad de La Chaux-de-Fonds. Allí, el líder independentista fue atendido por el notario Stefan Choffat. Posteriormente, Cuixart inscribió la offshore en el Registre du Commerce de Neuchâtel (el organismo equivalente en España al Registro Mercantil).

Tras una intensa investigación llevada a cabo desde Suiza, este periódico también publicó un documento notarial en el que Cuixart reconocía hasta en tres ocasiones que depositó 100.000 euros en efectivo para constituir la offshore. Una afirmación que el notario que supervisó la apertura de la firma opaca plasmó en las escrituras bajo la expresión «apport en espèces». «Se hace constar que los fundadores han desembolsado totalmente el capital social mediante una aportación en efectivo de 100.000 francos suizos». A continuación aparecía la firma del líder independentista.

Por este motivo, la organización catalana también solicita a los tribunales helvéticos que investiguen al líder independentista por la posible comisión del delito de Fausses commu- nications aux autorités chargées du Registre du Commerce (en español, delito contra el patrimonio por falsas comunicaciones a las autoridades responsables del Registro Mercantil).

«Se inicien las correspondientes actuaciones de comprobación sobre el origen de los 100.000 euros ingresados en efectivo por el señor Cuixart, determinando si existe algún tipo de responsabilidad penal en su actuación e iniciando el procedimiento penal correspondiente. Asimismo, se comunique esta denuncia a la Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) a los efectos que efectúe las comprobaciones previstas en las normas antiblanqueo suizas», continúa la denuncia.

La MROS a la que se refieren los denunciantes es la Oficina Antiblanqueo de Suiza. Las autoridades helvéticas cuentan con una agencia dedicada a detectar las operaciones de blanqueo de capitales que se llevan a cabo en el país. Su nombre, traducido al español, es Oficina de Informes de Lavado de Dinero de Suiza y su objetivo consiste en «evitar que los fondos ilícitos se canalicen hacia la economía legal». Este organismo está conectado directamente con el Sepblac y la UDEF de la Policía Nacional de España, ya que ambos organismos forman parte de las Unidades de Investigación Financiera (UIF) que hay en muchos países del planeta, cuya misión es combatir el lavado de dinero a nivel internacional.

En la actualidad, el Ministerio Público helvético está en manos de Olivier Jornot, fiscal general de la República. El equipo más próximo de Jornot está conformado por Adrian Holloway, Séverine Stalder, Anna-Laure Huber, Yves Bertossa y Olivia Dilonardo. En total un grupo de seis juristas afamados por la profesionalidad y la minuciosidad de sus investigaciones judiciales unidos por un mismo fin: luchar contra la corrupción.

Ángel Escolano, presidente de la entidad denunciante, asegura a El Debate: «Desde Convivencia Cívica Catalana creemos que no podemos que dirigentes independentistas que han hecho tanto daño a Cataluña vayan impunemente con 100.000 euros en efectivo por Suiza y que nadie sabe de donde han salido. El historial delictivo del movimiento independentista nos hace sospechar que la procedencia de ese dinero podría provenir de cualquier presupuesto público. Por eso es indispensable que las autoridades suizas investiguen, y en su caso, depuren responsabilidades».

Condenado por el Tribunal Supremo

Cuixart fue uno de los doce condenados por el proceso independentista de Cataluña. En octubre de 2017, la Audiencia Nacional acordó su ingreso en prisión por ser el promotor del asedio contra la Guardia Civil los días 20 y 21 de septiembre de ese año. La juez Carmen Lamela señaló a Cuixart «en el centro de la estrategia para proclamar la independencia ilegal». Precisamente, el día 20 fue cuando Cuixart fue fotografiado subido al techo de un vehículo policial junto a un megáfono con el que alentaba a un grupo masivo de radicales. En ese momento, Cuixart era el presidente de la organización independentista Òmnium Cultural.

Tras recibir el indulto en julio de 2021, Cuixart anunció que trasladaba su residencia de España a Suiza. Un cambio que alegó argumentando que tenía como objetivo «internacionalizar la causa independentista y denunciar los déficits de la democracia española». En todo momento ocultaba que, en realidad, se trataba de un trámite burocrático que necesitaba realizar para poder constituir la compañía opaca. Desde que se mudó definitivamente nunca más se había vuelto a saber de él. Hasta que El Debate desveló sus actividades en el país helvético.

En 2003, Cuixart fundó en Barcelona la compañía Aranow, dedicada a la fabricación de maquinaria de envasado industrial. Una empresa que, desde el año que Cuixart ingresó en prisión, ha facturado 25,6 millones de euros. A pesar de estos datos financieros, desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa con el apoyo de los partidos independentistas, el grupo empresarial recibió un reguero de subvenciones estatales por valor de 5,4 millones de euros. Muchas de estas ayudas fueron otorgadas mientras cumplía su pena en la prisión.