El fiscal general trabaja a espaldas del Consejo para salvar al Gobierno de sus leyes más polémicas

El primer Consejo Fiscal del año se celebrará este miércoles sin un contenido relevante en materia legislativa pese a las complicaciones que, en las últimas semanas, están provocando a nivel judicial las últimas reformas del Gobierno de Pedro Sánchez. La ley del 'sólo sí es sí' y la rebaja de la malversación se han convertido en un foco de problemas para la labor del Ministerio Fiscal y, consciente de ello, según ha podido saber El Debate, el titular del Departamento, Álvaro García Ortiz, trabaja en la confección de varias instrucciones que unifiquen el criterio de los miembros de la Carrera en las leyes más polémicas del Ejecutivo. Por el momento, sin hacer partícipe a su máximo órgano asesor en la materia que, hoy, se reúne a título informativo y para resolver algunas cuestiones menores sobre incompatibilidades, convenios de colaboración, solicitudes de amparo o ampliaciones de plantilla.

No en vano, hasta la fecha, todas las propuestas e intentos por paliar desde el Gobierno los beneficiados de la ley del 'solo sí es sí' a los delincuentes sexuales condenados en nuestro país, han resultado un fiasco. Tal y como advirtieron los propios fiscales, cualquier medida o decisión ha de pasar necesaria y previamente por una autorización judicial, salvo que en la sentencia condenatoria del reo hubiese quedado reflejada la prohibición de aproximación a la víctima como pena accesoria a la privación de libertad.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, señalaba hace unos días la posibilidad de que ante el goteo de revisiones a la baja de condenas pudiesen atenderse en un plazo exprés de 24 horas las peticiones para instalar dispositivos de control telemático en casos de excarcelaciones sorpresivas o inesperadas. Una medida que, al igual que la circular emitida en su día, no vinculante para los fiscales al no haber emanado del Consejo, queda limitada al criterio final del juez encargado de la causa y obligado no sólo a aplicar la ley vigente sino a cumplir con todas las garantías procesales tanto de la víctima como de su agresor.

Por ello, el fiscal general del Estado, quien el pasado mes de noviembre solicitaba datos de las fiscalías de toda España para conocer el estado de las causas con preso relativas a delitos contra la libertad sexual para dictar, días más tarde, un decreto con el que todos los representantes de su Ministerio darían una respuesta uniforme que garantizase el principio de unidad de actuación a la hora de posicionarse en la revisión de las sentencias firmes provocada por la entrada en vigor de la conocida como ley del 'solo sí es sí', ahora quiere transformar dicho decreto en instrucción de manera que sea obligatoria, sin excusa, para todos los miembros del Departamento.

Las «instrucciones y circulares» de las revisiones de sentencia y «de la interpretación de los artículos 23, 25 y 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) están en marcha», han apuntado fuentes conocedoras de la materia a El Debate. Y ello, tras haberse otorgado, la semana pasada «el plácet a los fiscales» del Supremo en el juicio del 'procés' para «defender que tras la supresión del delito de sedición» por parte del Gobierno «subsisten los desórdenes públicos agravados» incorporados por el Ejecutivo al texto del Código Penal reformado.

El «problema» de la malversación

El fiscal general del Estado ha puesto, también, a la Secretaría Técnica manos a la obra para analizar cómo afectará la rebaja del delito de malversación de caudales públicos a los procedimientos judiciales por corrupción en curso en nuestro país. Y, con ello, preparar un decreto que Álvaro García Ortiz quiere notificar de manera inminente a los fiscales para evitar que ciertas conductas puedan quedar «impunes» a raíz de los retoques aplicados por el Gobierno en el tipo delictivo inicialmente previsto en el Código Penal.

Se trata, por lo tanto de indicar a los miembros de la Carrera del Ministerio Público unas líneas comunes y concretas de aplicación y revisión de «cada caso» que se plantee para construir un relato único de interpretación de la reforma que ha entrado en vigor y que, a nivel judicial, ya ha supuesto que varios magistrados soliciten a la Fiscalía que se pronuncie sobre cómo afecta a los procesados e, incluso, a los investigados implicados por los mismos.

García Ortiz saldrá así al auxilio del legislador si en las prisas del Gobierno por aprobar una modificación legal pactada con sus socios separatistas de legislatura, antes de final de año, que haya podido dejarse en el tintero algunos comportamientos que si antes estaban castigados por la malversación, ahora hayan podido quedar excluidas de la misma.