Enrique López: «Un Gobierno que desarma el Estado de Derecho es democráticamente desalmado»

Enrique López, (León 1963), exmagistrado del Tribunal Constitucional y actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, es un liberal convencido y un jurista comprometido con el cumplimiento de la ley. López ha analizado para El Debate las consecuencias jurídicas y políticas de las polémicas más recientes del Gobierno y los recientes nombramientos de magistrados para la que fue su 'casa' profesionalmente hablando, el TC, que en las próximas semanas tendrá que decidir sobre las leyes más cuestionadas de Pedro Sánchez en esta legislatura: sedición, malversación, indultos, aborto, 'sólo sí es sí',...

–La última propuesta del Gobierno madrileño en materia de Justicia está orientada a 'despolitizarla'...

–Se trata de un proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo de la Comunidad hace meses, tramitado en la Asamblea, que propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que el magistrado perteneciente a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia autonómico no sea designado por la Asamblea, sino por el Consejo General del Poder Judicial. Consideramos que no es una buena situación aquella que permite que un órgano legislativo pueda designar a un magistrado para un tribunal tan importante. Era una promesa electoral que, por tanto, tenemos que cumplir y es que, además, creemos firmemente en ella.

–Pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también sigue sin renovarse... ¿Por qué el Gobierno se niega a retocar el sistema de elección actual para desbloquearlo?

–A estas alturas han pasado muchas cosas en España, y en Europa, que hacen que el actual modelo de elección del CGPJ, en lo que se refiere a los 12 vocales de los 20 que son de origen judicial, es claramente inconstitucional, está contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es contrario a lo que nos está reclamando Europa. La UE a la que pertenecemos, que se declara como un Estado de Derecho, lo que pide es que, como mínimo, la mitad de los miembros de los órganos de gobierno de los jueces, allí donde existan, deben ser elegidos por los jueces. Y, cualquier interpretación que haya que hacer de una norma española, por lo tanto, hay que hacerla en virtud del principio de primacía de las normas comunitarias. Por eso es absolutamente aberrante que el Gobierno se niegue a pactar con el Partido Popular la reforma de la Ley Orgánica que permita que, en el futuro, los vocales judiciales sean elegidos por los jueces.

–¿En especial con un Gobierno que ha modificado el Código Penal a la carta de los separatistas asegurando que se trataba de adecuarlo a los estándares europeos?

–El Gobierno falta a la verdad cuando dice que el texto final del delito de desórdenes públicos agravados tras derogar la sedición obedece a estándares europeos. Es mentira como también lo es en la malversación donde se han apartado de la definición que se hace del delito en la directiva del año 2017 que trata de armonizarlo en la UE. La calidad del Estado de Derecho en España desde que gobierna Sánchez está perdiendo enteros de forma paulatina. Su Gobierno tiene muchos problemas con la ley, primero porque hace malas leyes. Y, segundo, porque no cumple la ley, ni la Constitución.

–El comisario de Justicia, Didier Reynders, advirtió de las sospechas de la UE sobre la reforma de la malversación. ¿Habrá consecuencias?

–Yo tengo muy claro es que el informe de este año de la UE sobre el cumplimiento del Estado de Derecho va a ser muy crítico con España por la falta de calidad legislativa, por el uso torticero de la potestad legislativa para solucionar problemas políticos, generando y quebrantando el principio de seguridad jurídica y el de igualdad ante la ley. Se ha hecho una reforma de la sedición que supone la derogación del delito y una amnistía encubierta de la malversación, sencillamente, para liberar de carga penal a aquellos que apoyan al Gobierno desde el ámbito independentista. Afortunadamente, no son buenos redactando las leyes y han confundido el ánimo de lucro con el uso público o privado de fondos públicos. Ánimo de lucro lo tiene tanto el que quiere enriquecerse como el que no quiere empobrecerse. Y, desde luego, lo tienen aquellos que pagan una campaña ilegal para promocionar un referéndum y no lo hacen de su bolsillo.

–¿Cómo un Gobierno con el mayor número de asesores de la democracia y varios magistrados en primera línea desconoce estas cosas? ¿Es ignorancia o mala fe?

–Es una mezcla de ambas. Es muy difícil legislar renunciando al principio de interés general que ha de tener la ley cuando, por ejemplo, se reforma el Código Penal pensando solo en un caso en concreto. El Gobierno ha pedido al legislador que redacte tipos penales que se adapten a hechos ya cometidos para que el castigo sea más leve que el impuesto por los tribunales o el que se les impondría a futuro. Está claro que hay mala fe tras el uso absolutamente espurio de la legislación.

–¿Ninguno de los cuatro magistrados del Consejo de Ministros se dio cuenta del escándalo de la Ley del 'solo sí es sí'?

–Cierto que es uno de los Gobiernos de la democracia conformado con mayor número de integrantes del Poder Judicial, y sin embargo, es el más atentado contra el Estado de Derecho y contra nuestra democracia, hasta el punto de debilitarla. Hoy por hoy, nuestro orden constitucional no tiene la adecuada defensa penal porque se ha derogado el delito de sedición. Recordemos que ya en el año 95 se cometió un grave error al excluir en la reforma del Código Penal el delito de rebelión impropia, que castigaba la rebelión cuando no se daba la suficiente violencia y tenía una pena inferior a la rebelión como tal, que es donde hubieran encajado todos los hechos del procés. Ya en ese momento los nacionalistas, tanto PNV como de Unió, advirtieron al Gobierno socialista que se podrían estar castigando acciones ilegales que tuvieran como fin perseguir la independencia en España y el PSOE renunció, fiando todo a la sedición que ahora, también ha eliminado. En el futuro podrá haber actos totalmente ilegales, contrarios al orden constitucional que, por no tener la suficiente violencia o no tener carácter funcional respecto al fin último perseguido que es la independencia, quedarán impunes.

Hay hechos del procés, condenados por el Supremo, que han quedado impunes. Y este Gobierno ha llamado a repetirlos con una menor carga penal

–Es un precio bastante alto para la «desjudicialización del conflicto catalán» de la que presume Pedro Sánchez...

–Hay hechos cometidos en el ámbito del procés y condenados por el Supremo que han quedado impunes. Y esto, obviamente, puede suponer una llamada a repetirlos con una menor carga penal porque este Gobierno actuó de forma totalmente contraria al sentido común. Se creen que la mejor forma de que no vuelva a atacarse el orden constitucional es, precisamente, sin castigar penalmente esos ataques. Y eso es un contrasentido que no hay quien lo entienda. En Europa no lo entienden... cómo les pedimos ayuda con Carles Puigdemont, por ejemplo, y a la vez estamos desprotegidos en nuestro orden jurídico frente a los ataques al orden constitucional.

–El Gobierno tapa todos esos errores señalando a los jueces. ¿Qué le parece que una ex magistrada como Victoria Rosell, por ejemplo, no asuma las consecuencias nefastas de la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí', sino que culpe a quienes la aplican?

–Lo que han hecho tanto la delegada del Gobierno para la violencia de Género como la ministra de Igualdad en una democracia normal tendría que implicar consecuencias. Insultar, demonizar e imputar delitos a los integrantes del Poder Judicial, que se han limitado a aplicar una ley con una mala previsión transitoria y con un error conceptual como es el de unir los tipos de agresión sexual y el de abuso sexual, rebajando el mínimo, cuando ellas son responsables directas... Lo que pretenden es que el Poder judicial dé soluciones contrarias a la ley para acomodarla a los fines que ellas perseguían mientras no reconocen su error. Es indignante. Tienen que pagar por todas sus tropelías.

–¿Una de esas tropelías ha sido bloquear al Consejo General del Poder Judicial en su función de nombramientos de jueces y magistrados? El Supremo agoniza...

–Lo del Supremo es alarmante y, no cabe duda, otra de las tropelías de este Gobierno ha sido limitar las funciones del órgano del Poder Judicial como si se tratase de un órgano ejecutivo. Eso es desconocer, absolutamente, la naturaleza de la labor de los jueces que no están sometidos a ese condicionamiento del Poder Ejecutivo. Pero la solución es sencilla, cuando Sánchez quiera desbloquearla se desbloquea y se inician los trámites de la reforma del Poder Judicial que es lo que el PP le lleva ofreciendo años a Pedro Sánchez. Lo que se produce en España es realmente paradójico: tenemos los 5.000 jueces y magistrados más independientes de Europa pero como consecuencia de la forma de elección actual de la cúpula del Poder Judicial transmitimos una imagen de politización que los profesionales padecen en carne propia.

En Podemos pretenden que el Poder judicial dé soluciones contrarias a la ley para acomodarla a sus fines mientras no reconocen su error con el 'sí es sí'. Tienen que pagar por todas sus tropelías

–Sin embargo el Gobierno desbloqueó los nombramientos del Constitucional. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez haya elegido a un exministro y una alto cargo de Moncloa para decidir sobre sus leyes más polémicas?

–Yo confío en que los actuales magistrados hagan lo que han hecho siempre los magistrados del Constitucional que es defender la Constitución y analizar el acomodo de las leyes a ella con objetividad. Pero es cierto que el escenario que ha planteado Sánchez no es el mejor de los posibles. De hecho, los dos magistrados propuestos por el PSOE van a tener que abstenerse en muchísimos casos de leyes que ha aprobado este Gobierno. Algo absolutamente anómalo y, realmente, una mala forma de comenzar un nuevo mandato del Constitucional. Como también es perverso que se haya elegido una vicepresidenta del TC que no está en el último tercio de su mandato, sino al revés, en el primero, denostando a magistrados que llevan en él más de siete años.

–El TC saliente suspendió la votación de dos enmiendas del Gobierno que no tenían nada que ver con la ley en la que se incluían y trataron de reformar las mayorías para la elección de los magistrados del Constitucional. ¿Está en riesgo el Estado de Derecho?

–Lo que hizo el TC en su anterior conformación no fue más que aplicar la Constitución. Aquí hay una mentira que ha intentado trasladar el Gobierno, desde el Partido Socialista y Unidas Podemos, y los responsables del Congreso y el Senado y es que el Poder Legislativo lo puede todo. Eso no es verdad. El Poder Legislativo, como todos los poderes del Estado, está sometido a la Constitución y es el Tribunal Constitucional, prueba del fin espurio de esas dos enmiendas, quien decidió suspenderlas en su aplicación para ser votadas. Y aquí lo importante no era el fondo, que ya se vería una vez aprobadas, sino las formas, los procedimientos. Cuando se empiezan a romper las reglas se rompe nuestra democracia. Y yo sospecho que este Gobierno es un Gobierno desalmado democráticamente porque no es que desarme el Estado de Derecho, que también, sino que quiere desarmar la democracia con unos fines muy claros, que es imponer un modelo político de sociedad que sea muy difícil de cambiar en unas elecciones.

–El nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha acelerado varias causas como la de la Ley «Aído» del Aborto. ¿Qué espera el Partido Popular de la solución que se abordará en los próximos días?

–Es coherente que los asuntos más retrasados sean los que tengan, obviamente, un trato preferencial en el ámbito temporal. Lo que sí espero es que los nuevos magistrados mantengan la doctrina del propio Constitucional, claramente afianzada, que ya en una sentencia del año 85 dijo que, si bien el embrión como tal no es titular del derecho a la vida, sí merece protección y una protección que se le tiene que dar desde el momento de la concepción. Y, en ese sentido, hay que establecer un estudio y una ponderación de los derechos y de los bienes en juego que espero que sea lo haga el Tribunal.

El Gobierno ha querido hacernos creer que el Poder Legislativo lo puede todo. Eso no es verdad. El Legislativo, como todos los poderes del Estado, está sometido a la Constitución y a sus límites

–La Comunidad de Madrid ha sido pionera en esa protección, en materia de ayudas a las familias y a las madres gestantes...

–Nuestro plan de de promoción de la maternidad, de la paternidad y la conciliación familiar –que presentó la presidenta de Isabel Díaz Ayuso en el mes de enero del año 2022– ya ha conseguido, en estos momentos, que más de 5.500 mujeres estén recibiendo ayudas económicas, por ejemplo, como consecuencia de ser mujeres gestantes. Recordemos que una de las medidas estrella es la de conceder una ayuda de 500 euros al mes, durante dos años, a las mujeres menores de 30 años que decidan tener un hijo, siempre que tengan unos unos ingresos inferiores a 30.000 € o 35.000 si conviven en pareja. Estamos ante un auténtico desierto de natalidad en Europa, especialmente en España, y tenemos que trabajar sobre ello.

–El Gobierno de la Comunidad de Madrid, también en materia fiscal, ha ido contracorriente. ¿Cómo está el recurso contra el impuesto del Patrimonio?

–En España hay, claramente, dos modelos políticos en lo que se refiere a lo económico: aquellos que consideran que lo mejor es gastar y otros que consideramos que es mejor, mucho mejor, gastar de forma eficiente. Lo importante no es gastar más, sino gastar mejor para conseguir lo que conseguimos en Madrid que, con una política de rebaja permanente de impuestos, tenemos los mejores servicios públicos de España en materia de sanidad, educación, transportes, comunicación,... Por eso hemos decidido, desde hace ya muchos años, que el impuesto de Patrimonio estuviera bonificado al 100 %, porque es un impuesto absolutamente denostado en todo el mundo.

En Europa sólo se paga en dos países, y de forma diferente a como está en España, porque grava aquello por lo que ya se ha pagado y este Gobierno, a petición de Esquerra (ERC), pidió que se armonizara sin reformar la Ley Orgánica de Finanzas Autonómicas sino creando un impuesto bis. De tal manera que allí donde donde se bonifica se cobre y donde no se bonifica, se pueda, precisamente lo pagado por patrimonio deducir y desgravar de ese impuesto. Desde luego nosotros no vamos a recibir esos ingresos, porque no creemos en ello y consideramos que ataca a nuestra autonomía fiscal que, no lo olvidemos, está establecida en la Constitución y es suficiente para presentar el recurso que hemos presentado ante el Tribunal Constitucional.