El Gobierno intenta el control de daños sin que la coalición salte por los aires

El Gobierno está buscando la receta para hacer una tortilla sin romper los huevos; o lo que es lo mismo: enmendar la ley del 'solo sí es sí' sin reconocer que hubo errores en su tramitación que han llevado a la reducción de más de 300 condenas de otros tantos violadores y agresores sexuales. Y lo que es más: que el control de daños se haga sin que la coalición salte por los aires.

En esa tarea se empleó a fondo este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Rodríguez fue conminada a hacer autocrítica, toda vez que los «ajustes técnicos» que el Ministerio de Justicia prepara son un reconocimiento implícito de que la ley está fallando. Sin embargo, de su boca no salió un mea culpa, ni medio.

Ésta es una ley de la que nos sentimos muy orgullososIsabel RodríguezPortavoz del Gobierno

La portavoz gubernamental se limitó a señalar que su aplicación está generando «efectos que no eran los deseados» y que, ante la «alarma social», lo mejor es someterla a una pequeña cirugía. Es más. Rodríguez defendió la ley del 'solo sí es sí', que reivindicó como una ley de todo el Gobierno y no de Irene Montero o de Podemos. «Ésta es una buena ley. Una ley pionera, una ley de la que nos sentimos muy orgullosos», subrayó.

Sus palabras iban destinadas a serenar los ánimos del socio minoritario, ofendido por el intento de algunos socialistas de desvincularse por completo de la norma. Especialmente la exvicepresidenta y ahora presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso Carmen Calvo, que el lunes sostuvo en la SER cómo ella y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo se opusieron al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021 (y luego enviado al Congreso).

La respuesta de Podemos ha sido poner en circulación un hilo de Twitter que Campo escribió aquel día y en el que presumía de las bondades de la controvertida ley. «No se opta por la exacerbación punitiva ni por la rebaja de penas, sino por un sistema progresivo y proporcional a la gravedad, disuasorio y efectivo», explicaba en aquellos tuits, entre otras cosas.

Sentado al lado de la portavoz del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia insistió: «La tramitación de esta norma fue completa. El proyecto de ley en el Gobierno estuvo más de un año, contó con todos los informes preceptivos y luego estuvo otro año en tramitación parlamentaria. Y recibió el apoyo de más de 200 diputados. Yo estoy convencido de que ninguno de esos 200 diputados, ninguna de las personas que participaron en esa tramitación, querían los efectos indeseados que se están produciendo y que han generado una preocupación social que desde el Gobierno hacemos nuestra. Por eso estamos buscando un acuerdo para acabar con esos efectos indeseados y que a futuro no se produzcan», señaló Félix Bolaños.

En busca de un acuerdo

En el ala socialista del Gobierno realmente quieren llegar a un punto de encuentro con Unidas Podemos que les permita pasar página, pero no a cualquier precio. En la reforma, que se tramitará como proposición de ley, habrá un endurecimiento de las penas. Sin embargo, no se tocará el artículo 178.1, el que articula el consentimiento, eje tractor de esta ley y línea roja de los morados: «Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», reza éste.

El tira y afloja entre los equipos de Justicia e Igualdad va a durar varios días, aunque en la Moncloa no quieren eternizar la negociación porque cada vez están más cerca las elecciones municipales y autonómicas y a la proposición de ley le quedará una tramitación parlamentaria de varias semanas (por mucho que corran en el Gobierno). Desde el departamento de Montero explican que llevan «semanas y semanas» manteniendo reuniones con juristas de ambas partes del Gobierno. «Todas las que ha propuesto Igualdad desde diciembre han sido rechazadas. Y seguimos. Tiene que haber acuerdo», señaló la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

En Igualdad han visto las orejas al lobo, puesto que saben que habrá reforma de la ley, sí o sí: con o sin el consenso con Podemos. Dado que Pedro Sánchez tiene votos de sobra, puesto que Alberto Núñez Feijóo ya adelantó el lunes que puede contar con los de los 88 diputados del PP.