La ley trans continúa su tramitación en el Senado y el PP avisa: «Será un nuevo error de Irene Montero»

el debate del dictamen de la ley trans ha llegado al Senado enmarcado en plena polémica por los efectos negativos de la ley del 'solo sí es sí' –ya son más de 300 los condenados por delitos sexuales que han visto rebajadas sus penas gracias a esta ley–, y la norma, que permite a los menores de 16 y 17 años cambiarse de género sin necesidad del permiso de sus padres, continuará su tramitación en la Cámara Alta, donde se debatirá la próxima semana en el Pleno, pese a los dos vetos presentados por el PP y Vox, ambos rechazados.

Los socialistas tenían difícil defender otra ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad, y a la que han mostrado su rechazo organizaciones feministas e incluso miembros del PSOE y que han cuestionado informes de órganos consultivos –sin ir más lejos, el CGPJ–, después de este precedente legislativo que ahora se plantean reformar para tratar de frenar las consecuencias.

«Esta ley será un nuevo error de la ministra Montero, y mira que nos salen caros los errores de la ministra –ha advertido la senadora del Partido Popular Patricia Rodríguez–, un error que ustedes van a apoyar solo para mantener a Sánchez en su sillón». Para la parlamentaria popular, la ley trans «no ayuda a las personas transexuales, desprotege a los más vulnerables, a los menores, y borra por completo a las mujeres», y –ha denunciado– no ha contado con informes favorables ni con el consenso siquiera entre los partidos de la coalición. Es más, Rodríguez ha afeado al PSOE no haber presentado en esa ocasión ninguna enmienda, cuando sí lo hicieron en el Congreso: «Una vez más se pliegan a sus socios de Gobierno».

Previamente el senador también del PP, Jaime de los Santos, ha recordado que la socialista Carmen Calvo, que se abstuvo cuando se votó en la Cámara Baja en diciembre, había señalado que la ley trans «pone en peligro a 47 millones de españoles y españolas». Ha criticado la tramitación de la norma por vía de urgencia, lo que, a su juicio, supone estar «robando a los ciudadanos el derecho» a enriquecer opiniones con análisis de expertos en la materia.

Por parte del Grupo Socialista, ha sido Ana María Agudíez la senadora que ha defendido la postura en contra de los vetos de la oposición. Agudíez ha calificado la ley trans de «necesaria» y lo ha descrito como un «avance en derechos humanos». Al mismo tiempo, ha lanzado en su intervención ataques contra el PP y Vox, a los que ha acusado de afanarse en «gobernar en contra de las mujeres, en contra del colectivo LGTBI y en contra de las personas trans». Especialmente dura ha sido con la formación de Abascal, sobre cuyo veto ha señalado que tiene como objetivo «difundir un discurso lgtbifobico, tránsfobo, antifeminista y antiabortista», recurriendo –como han hecho en el debate previo relativo al dictamen de la reforma de la ley del aborto– a las medidas provida de Castilla y León.

Vox señala en su veto que este proyecto de ley parte de una «imagen distorsionada de la sociedad española actual» y recrimina a la izquierda su intención de «dividir a la sociedad en grupos de opresores y oprimidos, arrogándose la representación de los supuestamente dominados». A su juicio, la ley trans «impone» a toda la sociedad «una antropología sin fundamente científico» basada en «opciones ideológicas sectarias». Remarcan, en este sentido, que «el sexo es una realidad biológica» y critican la ideología de género que «impregna» todo este proyecto de ley y sobre la que denuncian que esta considera que la mujer «no existe como categoría biológica», sino que se reduce a una «autopercepción subjetiva», algo por lo que, tal como recuerdan, feministas históricas rechazan esta ley.