El CGPJ prepara un 'plan B' de nombramientos de magistrados del Supremo para paliar la prohibición del Gobierno

La reforma con la que el Ejecutivo socialista vetó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su función constitucional de nombramientos ha llevado al Supremo a un escenario crítico, dos años después de la entrada en vigor de la ley. El Alto Tribunal acumula ya una veintena de vacantes sin cubrir –que podrían ascender a veinticinco en el primer trimestre de este año– del total de las 79 plazas que lo componen. Por ello, el CGPJ ha decidido pasar al 'plan B' y activar una batería de designaciones provisionales de magistrados, en comisión de servicio, para paliar los perjuicios que se están produciendo, desde 2021, con la parálisis institucional impuesta por el Gobierno.

Según ha podido saber El Debate, en primicia, la propuesta «estructurada» que se pondrá sobre la mesa en el Pleno extraordinario del próximo día 9 de febrero, permitirá «algo parecido a cubrir los huecos» de las Salas más mermadas de efectivos, con jueces de carrera, sin incumplir el mandato del legislador –ya que los refuerzos tendrían una duración máxima de seis meses, prorrogables por períodos de idéntica duración– pero sorteando los efectos negativos del mismo.

No en vano, en el último informe de situación de la Sala de Gobierno del Supremo (TS), remitido a la Comisión Permanente del CGPJ, el propio órgano denunciaba, una vez más, su precaria realidad y pedía soluciones urgentes y excepcionales para una situación inédita. El Alto Tribunal reflejaba en su dictamen el «impacto» negativo de la reforma política que impide al Consejo hacer nombramientos discrecionales. Una lectura que ya había avanzado, un año antes, el Gabinete Técnico al alertar sobre cómo el hecho de no cubrir las vacantes actuales en el TS implicaría unas 1.000 sentencias menos cada año.

Hasta la fecha, cada una de las Salas había tratado de redistribuir a sus propios miembros con la intención de contar, en cada una de sus secciones, con el número legal mínimo exigido para funcionar. Y en ocasiones puntuales, también, incorporar al Gabinete Técnico a jueces de refuerzo como apoyo. Sin embargo, todos los esfuerzos han resultado insuficientes no sólo porque la parálisis supone un esfuerzo cada vez mayor para los efectivos disponibles que han visto «considerablemente» incrementada su carga de trabajo, sino porque la jubilación progresiva e inevitable de los magistrados hace que, cada vez, se haga más evidente lo insostenible de la situación.

Hasta tal punto han llegado los efectos de la crisis institucional que, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Militar Central quedaba completamente inactivo tras la salida del instructor que alcanzaba la edad legal máxima para el cargo dejando, sin posibilidad de reemplazo, un hueco que sólo el CGPJ estaría habilitado para cubrir, de no existir el veto legal que se lo impide.

Así las cosas, el Partido Popular presentó, antes de final de año, un texto normativo en sede parlamentaria bajo la idea del «cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el fortalecimiento de la independencia judicial». Una propuesta que los de Alberto Núñez Feijóo han venido defendiendo desde hace meses desde la oposición. Además y, provisionalmente, los populares añadían la posibilidad de que los magistrados del Supremo pudieran, voluntariamente, aumentar su edad de jubilación hasta los 74 años y, con ello, durante al menos un tiempo frenar las pérdida de más miembros del Alto Tribunal.

Por su parte, el PSOE hace ya más de un año que deja «pudrir» su funcionamiento para obligar al PP a negociar una nueva composición del Consejo, antes del final de la legislatura, toda vez que el Constitucional frenó su intento por colar dos enmiendas, sin debate parlamentario, para reducir la mayoría cualificada de tres quintos que, actualmente, necesita el Congreso de los Diputados para renovar a los vocales del CGPJ en su mandato.