Ni «fachas», ni «machistas», seis de cada diez de los jueces que aplican la ley del 'solo sí es sí' son mujeres

Las juezas son mayoría en España. Así lo confirman los datos del último informe de la Estructura de la Carrera Judicial que, cada año, confecciona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2022, los números eran rotundos e indiscutibles: de los 5.408 magistrados en ejercicio en nuestro país, un 56 % son mujeres que, entre los 25 y los 50 años, es decir, las que más recientemente se han incorporado a la Carrera judicial, la cifra se eleva hasta el 67 %.

Una diferencia por sexo y edad que se agudiza si nos centramos, únicamente, en la jurisdicción de lo penal donde se están produciendo, tanto en Audiencias Provinciales como el Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, las rebajas de las condenas para violadores y pederastas como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En este ámbito de la Magistratura, las mujeres son el 66,2 % del total de los 382 jueces adscritos a la especialidad. Y, cuando más descendemos en la escala por edad, más mujeres hay.

Ni rastro, pues, de ningún elemento objetivo que apoye el perfil que se está intentando presentar desde el Ministerio de Igualdad y Podemos en sus constantes ataques a los jueces que, en los últimos meses han venido aplicando la ley estrella de Irene Montero para, de acuerdo con su reforma, favorecer a más de 407 agresores condenados por delitos contra la libertad sexual, 30 de los cuales han sido anticipadamente excarcelados.

Lejos de reconocer el fatídico error que ha llevado a la norma del 'solo sí es sí' a reducir los castigos impuestos a los agresores de mujeres y menores en el ámbito de su libertad e indemnidad sexual, desde las filas de la formación morada siguen defendiendo su ley como «buena» pese a las críticas atroces que recibe desde todos los sectores jurídicos y sociales; y, pese a que su socio de Gobierno, el PSOE, presionado por los preocupantes datos de las encuestas preelectorales, ha planteado una reforma de la misma para evitar que las condenas sigan menguando y, con ellas, sus votos.

Y es que para Podemos la culpa de lo que está pasando no es el texto normativo porque «las leyes no rebajan penas», sino de la derecha política y de los jueces, mayoritariamente juezas, que están firmando dichas rebajas. Así las cosas, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, declaraba que «estamos ante una mala aplicación de las rebajas de las penas por parte de una minoría de jueces que está aplicando de manera incorrecta la ley».

Un enfoque al que se sumaba, también, su compañera de filas, la ministra de Igualdad, Irene Montero para afirmar que: «El problema no es la ley, sino la resistencia a su aplicación». Porque «cuando una ley nueva entra en vigor es lógico que tarde un tiempo» en cambiar esa «mirada patriarcal» de algunos jueces que, sin embargo, en el marco de la jurisdicción penal no superan la veintena. Tan solo 18 magistrados de lo criminal superan los 61 años y, no hay más que uno que rebase los 70.