Calviño avaló con 4,3 millones al constructor que pagó con dinero negro la campaña del PSOE en Valencia

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha concedido 4,3 millones de euros en avales públicos a Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos SA, la constructora que pagó con dinero ilícito la campaña electoral del PSOE de Valencia en 2007. En la actualidad, la Guardia Civil investiga a esta constructora en el caso Azud por haber sufragado gastos de los socialistas valencianos tras beneficiarse de un contrato público de 46 millones de euros, de los que 2 millones fueron desviados para el pago de comisiones ilegales.

La primera de las ayudas públicas otorgadas por Calviño a esta empresa tiene un importe de 3.150.000 euros y fue adjudicada el 22 de abril de 2020. Seis meses después, el 27 de octubre, el Ministerio de Economía volvió a inyectar una nueva partida en Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos SA. En esta ocasión de 573.999,30 euros. El 9 de noviembre, la constructora investigada por la Guardia Civil recibió 300.000 euros y el 22 de diciembre, de nuevo, otros 350.000 euros.

La Guardia Civil sostiene en un informe secreto al que ha tenido acceso El Debate que esta constructora, anteriormente denominada Construcciones Luján SA, abonó mediante el uso de facturas falsas que emitía una empresa interpuesta gastos electorales del PSOE de Valencia en los comicios autonómicos que se llevaron a cabo el 27 de mayo de 2007. En concreto, para la campaña de Joan Ignasi Pla, en ese momento secretario general de los socialistas valencianos y candidato a la presidencia regional.

La empresa que hacía de puente entre el PSOE de Valencia y la constructora a la que ahora Calviño beneficia es Cronosport SL. Esta empresa emitió el 18 de abril de 2007 a Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos SA cuatro facturas por un valor total de 120.060 euros. La primera de ellas fue de 25.462 euros, la segunda de 57.304 euros, la tercera de 20.010 euros y la cuarta de 17.284 euros. Todas estas facturas, que la UCO considera «ficticias», contaban con una numeración correlativa (94, 95, 96 y 97).

Los investigadores obtuvieron esta información por dos vías. En primer lugar mediante el análisis de las bases de datos de facturación de Cronosport SL, obtenidas durante los registros que practicaron en su sede. Por otro lado, a través de las declaraciones de impuestos de esta compañía ante la Agencia Tributaria, donde también figura el pago de 120.060 euros por parte de la empresa que ahora recibe ayudas públicas de Calviño.

La tesis de la UCO es que esta constructora abonó los emolumentos a pesar de que no efectuó ningún trabajo electoral para los socialistas valencianos porque nueve meses antes había recibido un contrato público de 46 millones de euros. El 12 de julio de 2006, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE, adjudicó la obra del trasvase Júcar-Vinalopó por casi 200 millones de euros.

Este proyecto se dividió en varias partidas y una de ellas, concretamente la denominada tramo E, fue adjudicada por 46 millones de euros a esta constructora. Las anotaciones que la UCO encontró en las agendas de José María Cataluña, extesorero del PSOE de Valencia, revelan que la empresa desvió 2 millones de euros para el pago de comisiones ilegales. Es decir, un pellizco del 5 % sobre el importe total del contrato. Cataluña se refería a la mordida como «condición de adjudicación».

Los avales públicos que ahora Calviño otorga a esta constructora fueron dirigidos desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía. El concepto de todas estas ayudas siempre fue el mismo: «Paliar los efectos del coronavirus». En la actualidad, este organismo está presidido por José Carlos García de Quevedo. El pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que establece un plazo de diez años para la devolución de los créditos públicos otorgados durante la pandemia.

Otros 15,4 millones

Como ha desvelado El Debate, esta no es la única empresa implicada en el caso Azud que ha sido beneficiada por organismos públicos controlados por el PSOE. El empresario Enrique Gimeno, dueño de la constructora Facsa, ha recibido 15,4 millones de euros de entidades que están bajo el control de Ximo Puig. Este empresario, condenado por la Audiencia Nacional, también está siendo investigado por la Guardia Civil en el caso Azud por pagar comisiones a cargos del PSOE de Valencia a cambio de beneficiarse de adjudicaciones públicas amañadas.

Los dos primeros contratos fueron otorgados desde el Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR). El objeto de ambos fue el «servicio de funcionamiento y mantenimiento de pequeños sistemas de saneamiento y depuración municipales de la provincia de Alicante». La empresa Facsa se llevó dos lotes: el número 2, por un importe de 6.185.230 euros; y el número 3, de 7.815.941 euros. La entidad EPSAR está dirigida por Juan Ángel Conca y las adjudicaciones fueron firmadas el 22 de junio de 2022. Es decir, cuando el adjudicatario ya estaba siendo investigado por los tribunales.

Los otros dos contratos fueron de 250.644 y 180.872 euros. El primero de ellos fue otorgado el 15 de febrero de 2022 desde la Consejería de Agricultura, dirigida por Mireia Mollà en el momento de la adjudicación, y tenía como objeto «la renovación del abastecimiento de agua potable entre el poblado marítimo y el poblado interior de Xilxes (Castellón)». El segundo se adjudicó el 19 de septiembre de 2022 desde la Consejería de Educación, hoy en manos de Raquel Tamarit, para «la realización de prácticas para el alumnado de los ciclos formativos».