El TC rechaza la abstención de la magistrada Espejel en el caso del aborto para evitar las recusaciones de otros tres

La abstención de la magistrada Concepción Espejel en la causa del Partido Popular contra la «ley Aído» del aborto, que El Debate adelantó en primicia, no ha recibido el visto bueno de la mayoría de los miembros de izquierdas que, hoy por hoy, integran la Corte de Garantías. El Tribunal Constitucional ha declarado, este martes, «no justificada» la motivación de la veterana jurista para apartarse en la deliberación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así las cosas, el TC ha blindado la conformación del Pleno frente a las tres recusaciones adicionales -entre ellas las del propio presidente, Cándido Conde-Pumpido- planteadas por una parte de los recurrentes de la norma que, de haberse admitido las razones de Espejel, habrían quedado condicionados por los mismos motivos causando una suerte de «bajas» con las que no se alcanzaría el mínimo legal de 8 magistrados, de los 11 que actualmente integran el órgano, necesarios para entrar en el fondo del asunto, doce años después.

La magistrada consideraba que su abstención estaba fundada en su participación como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en julio de 2009, en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de ley, que fue sometido a votación del Pleno del CGPJ, sin llegar a ser aprobado, por lo que no fue incorporado al proceso legislativo que dio lugar a su posterior aprobación.

Éste detalle es, precisamente, uno de los motivos que justifica la decisión mayoritaria, que no unánime, del Pleno del TC ya que, a juicio de los siete miembros que han rechazado la autocensura de Espejel, «pese a someterse a votación», en su día, en el seno del máximo órgano de los jueces, "los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo su contenido no fue trasladado al Gobierno».

Además, el Constitucional se ha apoyado en las «particularidades» del caso para tomar una decisión inédita apoyada en tres argumentos adicionales más. En primer lugar que «la abstención ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares». En segundo término, que «el objeto del recurso de inconstitucionalidad sobre el que ha de deliberar el Pleno no coincide con el del anteproyecto de ley sobre el que se recabó el fallido informe del Consejo General del Poder Judicial».

Como tercera y última razón, el Pleno mayoritario de izquierdas, ha sostenido que «la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresada hace más de doce años; lo que es habitual pues los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, y no les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales».

Tres votos particulares

Han anunciado voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa. Ya que, según ha podido saber El Debate de fuentes próximas al Tribunal de Garantías, los tres mantienen una sonora discrepancia tanto con los motivos suscritos por el resto de sus compañeros como por el hecho de que, lo que «subyace» es un intento del presidente Cándido Conde-Pumpido por evitar que el cónclave del aborto quedase frustrado por falta de quorum.

No en vano, la recusación de otros tres integrantes del Pleno está sobre la mesa y «ha tratado de evitarse que éstos tengan que sentarse frente al espejo de su propia falta de imparcialidad» en esta materia, subrayan las mismas fuentes.