Sánchez aparca la ley con la que pretendía clasificar materias a su antojo

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y Aitor Esteban entendió el mensaje de Félix Bolaños a la primera. El portavoz del PNV aprovechó la sesión de control al Gobierno de este miércoles para preguntar al ministro de la Presidencia qué fue de aquellas dos iniciativas legislativas que Pedro Sánchez prometió allí mismo el pasado 26 de mayo.

Entonces, con la crisis ocasionada por el espionaje a los independentistas abierta en canal, el presidente anunció una nueva Ley de Información Clasificada que vendría a sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales, que es del año 1968. Y también, una reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, que data de 2002.

Y Bolaños contestó a Esteban que el Gobierno da por cumplidos «todos los compromisos que públicamente adquirió el presidente» ese día, entre los que citó la destitución de la entonces directora del CNI, Paz Esteban.

«Confirmado. El Gobierno se desdice del compromiso público del presidente Sánchez de modificar la ley del control judicial del CNI», lamentó el portavoz del PNV. «Mucho eslogan bonito, pero mantienen leyes poco garantistas y franquistas», añadió, en referencia a la Ley de Información Clasificada.

En efecto, el Ejecutivo ha aparcado ambas y no las ha incluido en el Plan Anual Normativo 2023, el último de la legislatura, que el Consejo de Ministros aprobó a finales de enero. En el Ejecutivo argumentan que no da tiempo en lo que queda de año parlamentario, pero el motivo real es que quieren evitar el enésimo choque con Unidas Podemos y también con los socios parlamentarios.

Nunca fueron prioritarias

No son reformas legislativas prioritarias. En realidad, nunca lo fueron, sino que Sánchez las utilizó la pasada primavera para apaciguar al independentismo del escándalo de Pegasus a sabiendas de que su aprobación en las Cortes iba a ser muy complicada, puesto que ni tenía entonces ni tiene ahora mayoría para acometerlas. Como auguró El Debate el 26 de mayo de 2022 en una información titulada: Sánchez distrae al independentismo con dos reformas legales de muy difícil aprobación.

En el caso de la Ley de Información Clasificada, la maniobra de distracción incluyó al mismísimo Consejo de Ministros. El Gobierno llegó a aprobar un anteproyecto de ley el pasado 2 de agosto, justo antes de irse de vacaciones. Texto que fue rechazado por juristas y asociaciones de la prensa, entre otras cosas por la discrecionalidad con la que el Gobierno podía clasificar materias utilizando como coartada la seguridad nacional. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Carlos Flores alertó por aquellos días en este periódico de que el Ejecutivo pretendía «apartar del debate público materias que, sin poner en riesgo la seguridad nacional, sean sencillamente incómodas para el poder».

Esto es algo en lo que también puso el énfasis el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su informe sobre el anteproyecto de ley. El órgano que vela por la garantía del derecho constitucional al acceso a la información pública alerta, en primer lugar, de que el Gobierno pretenda etiquetar como «Alto secreto» y «Secreto» –dos de las cuatro nuevas categorías, junto con «Confidencial» y «Restringido»– un «amplio elenco de materias» que «exceden del ámbito propio de la seguridad y la defensa nacional».

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue más allá y alertó de que el anteproyecto fijaba un número demasiado «amplio y heterogéneo» de cargos públicos que podían «clasificar, reclasificar y desclasificar información» de estas dos últimas categorías. El presidente, los ministros, secretarios de Estado y subsecretarios en sus departamentos, autoridades autonómicas competentes en materia de policía, altos mandos de las Fuerzas Armadas, los directores del CNI, la Policía y la Guardia Civil, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, delegados y subdelegados del Gobierno…

No gustó a los órganos consultivos del Estado ni mucho menos a Unidas Podemos, el PNV, ERC, Bildu y Más País, que rápidamente mostraron su rechazo a los plazos establecidos por el Ejecutivo para la desclasificación de documentos. El anteproyecto preveía que la información catalogada como «alto secreto» se desclasificara a los 50 años, prorrogables por 15 más. Lo que dejaba fuera el golpe de Estado del 23-F y los GAL.

El partido que más protestó fue el PNV, puesto que los nacionalistas vascos llevan siete años intentando que algún gobierno derogue la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. En su última proposición de ley registrada al respecto, los de Aitor Esteban proponían que las materias secretas fueran desclasificadas a los 25 años y las reservadas, a los 10 años.

Cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, en agosto, el portavoz del PNV ya manifestó sus «dudas» acerca de las posibilidades de que la Ley de Información Clasificada culminara su tramitación en la presente legislatura. Esteban acertó.

Con respecto a la prometida reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, ha muerto sin nacer, porque no hay un solo papel en el que haya trabajado el Gobierno. El pasado mes de diciembre, el pleno del Congreso debatió una proposición de ley a este respecto presentada por el PNV. El PSOE votó en contra con la excusa, precisamente, de que el Ejecutivo ya estaba en ello.

«El Gobierno ya está trabajando en esta línea, como se pone de manifiesto en que el Consejo de Ministros haya aprobado, en primera vuelta, el anteproyecto de ley de Información Clasificada. Lo mismo ocurre en cuanto a la línea de trabajo de la Ley del Control Judicial del CNI. Por lo tanto, lo deseable, señor Esteban, es un texto que emanara del Poder Ejecutivo, que fuera un texto informado por los órganos competentes y, posteriormente, debatido en esta Cámara, donde sus señorías podrían enriquecerlo con las enmiendas que consideren oportunas», señaló entonces la diputada socialista Zaida Cantera. Pero ni el Gobierno estaba en ello ni lo estará.