Carlos Cuesta: «El gran problema de la Justicia española es que está excesivamente politizada»

Carlos Cuesta (Ávila, 1983) es un joven abogado especialista en recuperaciones empresariales, concursos de acreedores y operaciones mercantiles, fundados del despacho Carles Cuesta, miembro investigador de la cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo y Director del Departamento de Mercado Bancario desde 2011. Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Máster Executive en Derecho Empresarial por Harvard Law School y Centro de Estudios Garrigues y Programa de Especialización en Administración Concursal en FIDE (2011), Carlos también colabora como profesor de Derecho Mercantil (CEU), desde 2010 y con el Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba.

En su labor como autor y conferenciante en distintos medios, Carlos Cuesta solo concibe el ejercicio de la profesión de abogado poniendo su conocimiento al servicio de la sociedad. En esta línea, ha puesto en marcha distintos programas de reinserción social en el centro penitenciario de Madrid V, Soto del Real, dependiente del Ministerio del Interior, con reconocido éxito por parte de fundaciones como Horizontes Abiertos y la Fundación Garrigues.

–Baile de cifras, discrepancias entre organismos, un Gobierno optimista... Económicamente, ¿España va bien?

–La situación económica actual es tremenda. El Gobierno es optimista porque tiene que ser optimista. Es su papel. No se puede esperar que el Gobierno diga de sí mismo lo mal que están haciendo las cosas pero la realidad es crítica y todos lo vemos día a día: los precios son tremendos, la inflación está suponiendo un empobrecimiento generalizado de las familias, hay un encarecimiento increíble del dinero como consecuencia de la subida de intereses para remediar la inflación,... Y nos hemos encontrado con que con que todo lo que se ha gastado en esta época de crisis contradictoria, como yo la llamo, una crisis que existía pero en la que muchas empresas que no eran operativamente viables pero que habían tenido acceso a ICO y tenían dinero para sobrevivir, lo han ido gastando y ahora lo tienen que devolver mucho más caro. Nosotros desde el despacho lo vemos constantemente, las empresas acuden al despacho a decirnos que no pueden más porque aún siendo operativamente viables lo que no pueden es afrontar el nivel de deuda tan gordo que arrastran desde atrás.

–¿Quiere decir esto que va a haber impagos?

–Se está calculando ya que el impago a los ICO va a rondar al 50 % y es que ya llevamos 6 mil millones de euros sin pagar. Es cierto que el mecanismo ya existía cuando entramos en la pandemia pero lo que ahora hace el Gobierno es incentivar el pedir este dinero. Existe un incentivo real desde la Moncloa para que la gente pida dinero y pueda seguir trabajando, operando, gastando, haciendo que las empresas funcionen y ahora, lo que nos encontramos en el despacho es que vienen muchas empresas y nos dicen que su negocio funciona pero que lo justo para cubrir los gastos operativos, los intereses no pueden pagarlos. Y ésta es una realidad muy importante, una realidad que afecta a las empresas y, por extensión, a todos los españoles. No podemos olvidarnos que el 80% de esos préstamos ICO estaban avalados por el Estado, o sea, por todos.

Se calcula ya que el impago a los ICO va a rondar al 50 % , llevamos 6 mil millones de euros sin pagar y el 80 % de esos préstamos están avalados por el Estado, o sea, por todos

–¿Quiere esto decir que el Gobierno ha sido irresponsable?

–El Gobierno ha hecho dos cosas que están francamente mal. Por un lado, ha incentivado las solicitudes de financiación explicando que el 80 % iba a estar avalado por el Estado. Esto tiene una parte positiva y una negativa. El concepto es bueno mientras hemos estado confinados porque el Gobierno tiene que proteger a la nación. La irresponsabilidad viene cuando no se fija bien a quién se le da ese dinero que pagamos todos los españoles. Y creo que aquí el menor responsable es el empresario. El empresario se ha encontrado motivado por algo tan importante como el Gobierno de la nación pero hay una cuestión que mucha gente no sabe y es que existen pólizas en las que el dueño de la empresa, además de empresario es un autónomo y como socio de la compañía avala el 100 % del préstamo. En nuestro despacho estamos consiguiendo que se declaren nulos en muchísimas ocasiones o al menos nulos en la parte que ya avala el Estado al 80 %, porque se trata de un doble aval que no estaba previsto y que mucha gente ha firmado por puro desconocimiento.

–¿Significa esto que pasará lo mismo con los ERTE?

–La realidad es que los ERTE son un mecanismo que viene de la reforma laboral, que es muy interesante y está muy bien pensada pero incurren en el mismo error de los ICO, el cómo los utilizamos. El hecho de reingresar a la plantilla a muchísima gente que se mantenía de manera artificial, a través de la Seguridad Social, va a suponer un nuevo incremento del coste operativo de las empresas que no todas van a poder asumir. Una vez más, los ERTE, como los ICO, son una buena medida que se ha hecho sin pensar.

–Porque una vez se levante esa cobertura, los trabajadores se incorporarán ya con las nueva subida del salario mínimo y el consiguiente aumento de las cotizaciones...

–La realidad es que cualquier trabajador que cobrase menos antes de acogerse a un ERTE, tendrá que reintegrarse cobrando el salario mínimo interprofesional. Hace unos dias me decía una persona que si alguien no puede pagar el salario mínimo interprofesional que ha subido el Gobierno, mejor que cierre. Me parece un comentario muy temerario, porque al final el hecho de que una empresa cierre porque no puede pagar determinados salarios -y esto existe, insisto, no sólo en Madrid, ni sólo en grandes empresas- es un fracaso general.

Los ERTE, como los ICO, son una buena medida que se ha aprobado sin pensar

Cerca del 90 % de las empresas en España son microempresas, empresas que tienen una cifra de negocio por debajo de los 750.000 €, que tienen menos de diez empleados y ¿qué hacemos con toda esta gente?. Al final, todos esos pequeños comercios que levantan la economía de España, ¿cómo van a permitirse reintegrar a muchas personas que están en ERTE y, además, actualizar sus sueldos? Y habrá quien piense que las subidas han sido bajísimas pero nunca lo son para quien las tiene que pagar.

–Todos esos cierres, ¿supondrán un incremento de carga para los tribunales en el ámbito concursal? ¿Hasta qué punto la nueva Ley favorece la viabilidad parcial de las empresas?

–Tanto familias como empresas están asfixiadas. Esto es una realidad del día a día y para estos casos, lo que hace la Ley Concursal es muy sencillo: cuando una empresa no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles tiene, no el derecho, la obligación de comunicarlo a los juzgados de lo mercantil para bien intentar llevar a cabo una reestructuración de su empresa en el marco regulado del concurso, o bien para acudir a una reestructuración o a un concurso de acreedores. Y esta situación va a multiplicarse en el año 2023 debido, fundamentalmente, a la imposibilidad de devolver los ICO, a quienes la inflación les está matando, a quienes tienen que reintegrar a muchísima gente actualizando salarios a los mínimos interprofesionales para quienes la presión fiscal es absolutamente tremenda. A pesar de que cada vez se está recaudando más, precisamente como consecuencia de la inflación, nos encontramos con que aún así se aprietan cada vez más las tuercas a los empresarios y se les demoniza aunque son quienes dan empleo y generan riqueza.

–Siempre se ha dicho que la subida de los tipos de interés ha de utilizarse cuando sube la inflación pero en épocas de crecimiento. ¿Estamos creciendo?.

–No estamos creciendo en absoluto. La realidad es que la inflación está ahí y parece que la forma de apaciguarla es subiendo los tipos de interés. Pero si subo los tipos de interés, suben las hipotecas, el precio de la financiación empresarial, el precio de cualquier préstamo y eso hace que el consumo baje y por tanto, los precios, en principio, se vayan regulando. Y eso se está consiguiendo. Sin embargo no debemos confundir luchar contra la inflación con luchar contra la crisis. Son dos cosas completamente distintas. La lucha contra la inflación que se está haciendo desde el Banco Central Europeo y otros bancos estatales, aumentando los tipos de interés para que sea más difícil acceder al consumo en general, va a tener como consecuencia una recesión que es real. Y la recesión va a suponer que muchas empresas que no venden no van a poder pagar lo que deben, que mucha gente no va a poder emprender negocios y que, por tanto, se van a cerrar muchísimas persianas.

Aunque cada vez el Estado recauda más, como consecuencia de la inflación, nos encontramos con que cada vez más se demoniza a los empresarios que son quienes dan empleo y generan riqueza

–¿Está preparada la Justicia española para asumir el incremento de concursos como resultado de la crisis?

–Hay dos escenarios judiciales que van a aumentar la litigación en general. Por una parte que si a mí no me pagan, interpongo una demanda para reclamarlo y, por otro lado, el sistema de acreedores. En este último caso es esencial que la gente entienda que con la modificación del texto refundido de la Ley Concursal, los abogados que estamos especializados en derecho insolvencias podemos ayudar a que una empresa salga adelante porque, hoy por hoy, en general, tenemos una legislación concursal mucho más preparada. A la gente le da miedo hablar de derecho de insolvencias pero incluso sin serlo todavía se puede recurrir a esta opción si se vislumbra que, de una forma inminente, lo va a poder ser o incluso si cree que no va a poder cumplir regularmente a dos años vista. Con este panorama nosotros ya podemos empezar a trabajar en una reestructuración para sacar adelante a la empresa.

A pesar de los factores externos como las subidas de intereses y, por tanto el encarecimiento del dinero, de tener que pagar mayores sueldos a sus empleados, de que hay una imposición fiscal, a pesar de todos los errores y de esta tormenta que se está viviendo, existen abogados y economistas especializados que pueden ayudar a reajustar una empresa a la realidad actual. Tenemos una legislación muy buena y muchos juzgados de lo mercantil que nos van a dar un paraguas. El juez mercantil es un sitio donde muchas empresas encuentran amparo. Hoy el dato es que se han destruido 28.000 puestos de autónomos y que el paro ha crecido en 215.000 personas. Sin cifras tremendas para la riqueza en España y esto se soluciona manteniéndose fuerte y acudiendo a abogados y economistas especializados que pueden ayudar a reajustar una situación a la realidad actual de forma judicial y extrajudicial.

–¿Es España un país, en general, poco atractivo para atreverse a dar el paso de emprender, de montar un negocio propio?

–España es un país magnífico donde cada vez más gente se está atreviendo a emprender. La gente tiene ideas pero lógicamente, tener una idea no es suficiente para montar un negocio. Para montar un negocio hace falta dinero, y el dinero, cuando no se tiene, se obtiene a través de la financiación. Si la financiación se encarece, ese emprendedor que tiene una idea y quiere ponerla en marcha no va a poder pagar ese préstamo o esa línea de crédito que necesita y, de ahí, que tengamos una cultura menos desarrollada que la que existe en el resto de Europa a la hora de emprender. Lo vamos superando y, cada vez, lo conseguimos más y mejor.

–Hablamos de emprender pero también de desincentivos: la presión fiscal, la inflación, la subida de los costes laborales,... ¿Qué hay de la seguridad jurídica? ¿Somos un país confiable?.

–Desde un punto de vista nacional no nos percibimos como un país jurídicamente seguro y esto me parece un pelín injusto. Creo que tenemos muy buenos jueces, muy buenos magistrados y una Administración de Justicia que, a pesar de las cuestiones que están en prensa todos los días, funciona. Y hay un esfuerzo legislativo en materia de Derecho Mercantil y Concursal que funciona. Ahora bien, estamos a la cola del resto de países europeos y los propios agentes internacionales nos lo están advirtiendo. España no es un país que demuestre una solvencia jurídica y económica que anime a invertir. Pero si se hace, el hecho de ir bien asesorados es absolutamente clave y, gracias a Dios, hay muchas empresas y particulares en el extranjero que siguen acudiendo a España.

Los jueces de lo mercantil dan amparo a muchas empresas. Son extremadamente rigurosos pero muy flexibles para salvar empresas

–¿Los tiempos judiciales son asumibles? ¿Son ajustados a lo que requiere una reestructuración?

–Los tiempos, hoy por hoy, con la nueva legislación concursal son asumibles. Venimos de una época en la que la fase común de un concurso, que es esa fase en la que se trabaja por saber cuándo es el activo y el pasivo de la empresa, cuánto tiene y cuánto debe, ha llegado a durar hasta 60 meses. Cinco años que, evidentemente, hacían que una empresa en concurso se secase. A día de hoy las cosas han cambiado. Por ejemplo, si queremos llevar a cabo la venta de una unidad productiva, una parte del negocio que funciona, se puede, en un escenario pre concursal, trabajar por valorar a esa empresa, encontrar compradores que apuesten por el negocio y que puedan quedarse con las unidades que más les interesen. Y, posteriormente, en un concurso de acreedores, solicitar el visto bueno de un juez que podríamos tener en un mes desde que entramos en concurso. La justicia, en general, es lenta pero henos mejorado mucho.

–Ya que ha surgido el tema, en términos generales y, como abogado en ejercicio, ¿en qué debería mejorar la Justicia?

–Desde un punto de vista completamente general, el gran problema que existe en la Justicia española es que está excesivamente politizada. Para que la Justicia fuera mejor tendría que estarlo mucho menos. Ahora bien, sí que tengo que decir y reiterar que tenemos un cuerpo de magistrados en los Juegos de la Mercantil sobradamente preparado y además me gusta transmitirlo cada vez que puedo. Por ejemplo, desde el Colegio de la Abogacía de Madrid donde dirigimos el máster de reestructuraciones y donde muchísimos ponentes son magistrados de los Juzgados de lo Mercantil de distintas zonas de España. Es espectacular el rigor técnico que existe por parte de estos jueces y magistrados y, también, la flexibilidad con la que se asoman a una legislación muy complicada como lo es la concursal. Tienen muchas ganas de salvar empresas y esto es algo muy positivo. Yo puedo decir que me siento muy orgulloso de los jueces y magistrados que tenemos en España.