El juez Alejandro Abascal
La Audiencia Nacional investigará la «expulsión forzada» de miles de personas por las amenazas etarras
El juez Abascal ordena investigar a 10 exjefes de ETA por el asesinato del concejal del PP, Jesús Mari Pedrosa, como sujeto para amplificar la amenaza terrorista
La Audiencia Nacional se ha abierto a investigar «la política de expulsión forzada» de miles de personas del País Vasco «mediante coacciones y amenazas» ejercida por la organización terrorista ETA a lo largo de décadas y que provocó, según un estudio del propio Gobierno vasco, la marcha de entre 60.000 y 200.000 personas de Euskadi.
El juez Alejandro Abascal, ha admitido la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia contra diez dirigentes de ETA por el asesinato del concejal del Partido Popular en Durango, Jesús María Pedrosa, el 4 de junio de 2002. Entre los investigados se encuentran todos los integrantes de la cúpula terrorista en aquel momento como ‘Txapote’, ‘Iñaki de Rentería’ ‘Anboto’, ‘Mikel Antza’ o ‘Gadafi’. Pero esta decisión va más allá de la simple investigación del asesinato del concejal.
El mismo auto judicial reconoce que «la naturaleza del asesinato del señor Pedrosa Urquiza viene determinada por la indisoluble y directa consecuencia de su resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco, tras una larga campaña de coacciones y amenazas terroristas que llevaron a su «ejecución extrajudicial» ante esa negativa, y como crimen instrumental o ejemplarizante de cara a otros muchos perseguidos por ETA, a los que igualmente quería expulsar del territorio en el que se hallaban legítimamente presentes».
Estrategia de ETA
De ahí que, además de investigar la implicación de los dirigentes etarras en el asesinato de Pedrosa, el juez pide «documentos intervenidos a miembros de ETA y publicaciones internas de la organización donde se plasmasen la estrategia de ETA de realizar acciones, ya fuesen de hostigamiento o amedrentamiento, ya acciones terroristas contra las personas o su patrimonio, de una forma permanente y reiterada, al objeto de tratar de conseguir su expulsión del País Vasco y Navarra».
Un estudio encargado por el propio Gobierno vasco establecía en 2011 que «la estimación numérica de las personas que abandonaron Euskadi (por la amenaza de ETA) varía de 60.000 a más de 200.000, sin que se especifique consideración de los familiares».
La Audiencia Nacional admite la querella de Dignidad y Justicia que recuerda que “las sucesivas ZUBAS (como se denomina a la cúpula de los terroristas) de ETA venían perpetuando una idéntica política de expulsión forzada de población mediante coacciones y amenazas que progresivamente se iba ampliando, individualizando, sobre aquellos sujetos que iban siendo detectados por los dirigentes terroristas como parte de esa resistencia cívica y democrática a sus designios criminales.
