El socialista Chema Dávila podría beneficiarse de una rebaja de pena gracias a la ley del 'sí es sí'

Chema Dávila, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hasta 2019, podría beneficiarse de una rebaja de pena de cárcel tras la entrada en vigor de la polémica ley del 'solo sí es sí'. El Debate publica hoy en exclusiva que la Fiscalía solicita un año y medio de prisión para el exedil por abuso sexual al llevar a cabo tocamientos no consentidos a una militante del partido. El polémico texto legal, que elimina el delito de abuso, está generando fuertes tensiones dentro del Gobierno.

La ley del 'solo sí es sí', cuya denominación exacta es Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual. Hasta el momento, para que hubiera una agresión sexual se requería violencia o intimidación. De no darse estos requisitos, el hecho se consideraba abuso. En cambio, ahora se termina con esta diferencia, de forma que todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual.

Como desvela hoy este periódico, Dávila fue denunciado a comienzos de noviembre de 2021 por una militante socialista con la que mantenía una relación de amistad. Tal y como figura en el expediente judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, donde recayó el asunto, el exconcejal del PSOE acudió al domicilio privado de la víctima y llevó a cabo tocamientos sexuales sin su consentimiento.

La juez encargada del caso, María del Pilar Martínez Gamo, apreció indicios delictivos en la actitud del dirigente socialista y el 31 de marzo de 2022 decidió procesarle por un delito de abuso sexual. Por su parte, la Fiscalía solicita 18 meses de cárcel para Dávila. Es decir, un año y seis meses de prisión. A día de hoy, la causa está pendiente de reparto en un juzgado de lo Penal. El Debate dispone de todos los detalles del testimonio de la víctima pero se reserva a publicarlos para proteger su intimidad y evitar entorpecer la labor de los tribunales.

Varios juristas consultados por El Debate analizan el caso del socialista Dávila y afirman que, en el momento en que se desarrolle el juicio, el fiscal podría solicitar una rebaja de pena en el caso de que crea que la ley del 'solo sí es sí' le beneficie. Si, en efecto, el Ministerio Público modifica su petición de cárcel siempre lo hará en beneficio de Dávila, tal y como establecen los principios de legalidad y de irretroactividad penal.

La ley promovida por la ministra Irene Montero explica qué se entiende por consentimiento. Esto es, traduce a términos penales el lema 'solo sí es sí' que hizo suyo el Tribunal Supremo en la sentencia de La Manada. «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», establece el texto. La idea que subyace es que el silencio no es un sí si no hay una expresión clara de la voluntad.

Enormes tensiones

Tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' más de 500 violadores han visto reducidas sus penas de prisión. La repercusión mediática que están teniendo estas rebajas de pena han provocado una crisis de Gobierno entre el PSOE y Podemos, impulsor de esta ley. El pasado 8 de febrero, Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, calificó el texto legal de «chapuza» y «esperpento».

Días antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en el Senado que la ley del 'solo sí es sí' estaba provocando «consecuencias no deseadas» y que, por este motivo, precisaba de un «retoque técnico». Por su parte, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguró: «Usted y su Gobierno pasarán a la historia por ser los primeros en dar un paso atrás en la lucha del feminismo».

Otro miembro del Ejecutivo en criticar la norma ideada por Montero ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha reconocido que la ley está provocando «efectos que no eran los deseados». Tras las críticas de la oposición Llop aseguró: "A mí me llega al alma, y se lo digo porque no es algo que haya leído en las noticias, sino que son casos, son mujeres, son agresores, a los que he tenido que mirar a los ojos en mi vida profesional y reconozco la gravedad de esta situación. Creo que es algo muy grave”.

Desde Podemos insisten en que la norma está bien hecha. Montero asegura que la ley anterior a la que ella ha impulsado «trata de volver al Código Penal de La Manada». También ha asegurado que «el Código Penal basado en la violencia o intimidación suponía que se le preguntara a las mujeres si habían cerrado bien las piernas». El último miembro del Ejecutivo en pronunciarse sobre esta polémica ha sido Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que asegura que la ley es «imperfecta».