Campo gastó como ministro en solo 18 meses 286.000 euros en viajes y hoteles en Cádiz pese a tener allí dos casas

Juan Carlos Campo, miembro del Tribunal Constitucional promovido por Pedro Sánchez, se gastó casi 300.000 euros en viajes, hospedaje y comida, buena parte de ellos en acudir a Cádiz, donde tiene su residencia personal, coincidiendo con periodos vacacionales o en fin de semana, cuando era ministro de Justicia, entre el 13 de enero de 2020 y el 12 de julio de 2021.

Así consta en la documentación oficial a la que ha accedido El Debate, en la que se consignan hasta 31 desplazamientos del ministro que asumió y firmó los indultos, más de la mitad de ellos a la provincia donde tiene dos viviendas, veranea y representó como diputado en el Congreso.

En concreto, el hoy vocal del Constitucional que bajo el mando de Conde Pumpido actúa ya como extensión de los intereses del Gobierno, acudió hasta 16 veces a Cádiz en apenas año y medio, pasándole al erario público una formidable factura total de 286.099,68 euros.

Se da la «casualidad» de que Campo, nacido en la localidad sevillana de Osuna, se considera gaditano «renacido», y dispone de dos inmuebles allí: uno en Cádiz capital adquirido en 2017 del que es propietario al 50 % y otro con plaza de garaje en la costera Zahara de los Atunes, comprado en 2006 y del que es dueño de pleno dominio, tal y como figuraba en su Declaración de Bienes en el Congreso, donde también se consignaba un coche modelo Mercedes 220 y un patrimonio no inmobiliario de 178.162 euros, ahorrados con distintos productos bancarios.

El listado de viajes a su casa pagados por el contribuyente coincide además, de manera casis sistemática, con periodos vacacionales o, en su defecto, con vísperas de los fines de semana o pegado a ellos: el ministro viajaba en jueves o viernes, habitualmente, para quedarse hasta el domingo en el lugar donde tiene sus dos viviendas, pese a lo cual cargaba gastos de alojamiento o manutención de miles de euros.

Campo pasaba gastos de miles de euros por alojamiento en Cádiz, donde tiene dos viviendas, tras pasar la factura de desplazamiento a su residencia particular

La práctica totalidad de los desplazamientos, además, se intentaban justificar, en el mejor de los casos, con pretextos tan peregrinos como la grabación de un programa en una televisión local o la asistencia a seminarios, aunque en al menos dos de ellos se le debieron agotar las excusas y figura como causa del gasto el «traslado a su residencia particular».

En concreto, Juan Carlos Campo pasó un gasto de más de 2.600 euros por «desplazamiento, alojamiento y manutención» entre el 25 y el 26 de agosto de 2020, el primer verano de la pandemia con fuertes restricciones a los desplazamientos y al esparcimiento vacacional, pese a que según la documentación en posesión de este periódico se limitó a instalarse en su residencia personal.

Aquella factura supuso un desembolso exacto de 924 euros en «alojamiento», pese a estar teóricamente en su domicilio, más otro de 1.676 euros en viaje, aunque en la víspera ya estaba en Cádiz para participar en un Consejo de Ministros celebrado en la ciudad. A esos dos extraños gastos le añadió otro de 60 euros en manutención, pasados al erario aunque estaba de ocio y en su propio piso.

Ese mismo proceder se repitió a principios del mismo mes del mismo año, un 4 de agosto, con un desembolso bien distinto que hace más llamativo el anterior: en aquella fecha, también se trasladó a su «residencia particular», esta vez con un coste de 95 euros entre desplazamiento y manutención que no incluyó hospedaje alguno.

Aquel verano de 2020 aún hizo Campo la misma jugada y, entre los meses de junio y agosto, se marchó hasta siete veces a su paraíso particular, en unos casos sin poder esconder que se instalaba en su propio piso y en otros con excusas muy endebles, pero en ambos casos pasando la factura al Estado.

Por ejemplo, se gastó 3.020,18 euros en acudir a un seminario de política criminal de la Universidad de Cádiz, un acto que en su agenda oficial solo incluía su presencia duró cuatro días: desde el jueves 16 hasta el domingo 19, lo que le permitió pasar un puente de cuatro días en la zona con todo pagado.

Y algo muy similar repitió entre el 30 de julio y el 2 de agosto, endosando al contribuyente una factura de 4.732.08 euros por un viaje sin ningún acto en su agenda oficial y consignado, sin más, como un « desplazamiento a Cádiz».

En aquel verano, Campo fue fotografiado además durante el mes de julio con su nueva pareja, la también socialista presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, con la que fue visto en restaurantes o en la playa de Zahara de los atunes.

Siempre a Cádiz

Igualmente, sobresalen los viajes realizados del jueves 8 al domingo 11 de abril de 2021 por 2.544,79 euros o los actos institucionales que se agendó para el puente de mayo del mismo año que consistieron en varias entrevistas y un encuentro en el Colegio de Abogados de Cádiz, que le sirvieron de excusa para realizar un desplazamiento cuyo coste total ascendió a 2.739,44 euros.

Se trata, en fin, de 16 viajes entre el 24 de enero de 2020 y el 3 de mayo de 2021, cuando pasó la última factura, de cerca de 2.700 euros, por acudir a «varios actos institucionales» sin ningún tipo de precisión en Sevilla y Cádiz, los dos lugares que personalmente han marcado su vida, coincidiendo además con el puente de mayo en Madrid.

Campo fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez entre el 13 de enero de 2020 y el 12 de julio de 2021. A los diez días de tomar posesión ya se marchó a Cádiz por primera vez con todos los gastos pagados. Entre medias firmó los indultos de nueve condenados, cuyo contenido reveló El Debate, a sabiendas de que la medida de gracia carecía de «justicia» y de «equidad», como él mismo reconocía en su propio escrito.

Aquel trabajo al servicio de Sánchez parece estar detrás de su promoción el pasado mes de enero a uno de los puestos de vocal en el Tribunal Constitucional, en la misma hornada que Laura Díez, otra estrecha colaboradora del presidente del Gobierno, a quien sirvió en la Moncloa. Ellos dos, junto a otros cinco magistrados, parecen garantizar una sólida mayoría «progresista» por su claro alineamiento con el PSOE, cimentado en colaboraciones tan directas como la que, durante años, mantuvo la catedrática María Luisa Balaguer con la Junta de Andalucía socialista.