Llop envía a su tercero a negociar con los Letrados en una huelga que acumula 176.000 vistas suspendidas

Un viaje a Gijón impedirá a la ministra de Justicia, Pilar Llop, incorporarse a la mesa de negociación prevista para este próximo viernes día 24, de 10.30 a 12.00 horas, entre su Departamento y el Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras la polémica surgida entorno a la excusa inicial del Departamento que alegó «motivos de agenta» de la titular de la cartera para rechazar cualquier nuevo encuentro antes del próximo mes de marzo. Las más de 176.000 vistas suspendidas en nuestro país como consecuencia del paro –que podrían ser más ya que hasta tres de las aplicaciones telemáticas del Ministerio se encuentran inactivas por procesos de actualización–, han sido uno de los motivos fundamentales para que Llop envíe a su tercero, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, como interlocutor autorizado.

«Hemos convocado al Comité de Huelga para el próximo viernes», con la intención de «seguir acercando posturas». «Tenemos que bajar el tono y hacer un ejercicio de prudencia, un ejercicio de respeto a la otra parte de la negociación», confirmaba el propio Olmedo, consciente de que la actitud del Ministerio ha venido prolongando más de lo deseable un conflicto colectivo que arrancaba el pasado 24 de enero y que avanza por su quinta semana de duración.

Los representantes de los funcionarios se han mostrado esperanzados: «Confiamos plenamente que esta próxima reunión abra las puertas a la pronta resolución a las dificultades para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril de 2022». El encuentro fijado para el viernes 24 de febrero tendrá lugar una semana después de que ambas partes se sentaran a la mesa y se levantaran –tras más de 15 horas– sin acuerdo y con reproches cruzados entre las partes que se acusan mutuamente por mantener posturas inamovibles.

No en vano, ésta será la segunda reunión que mantendrán el Ministerio y los LAJ tras más de un mes de huelga indefinida por parte de los letrados que, según los cálculos de las asociaciones convocantes, ha supuesto la suspensión de 176.000 vistas desde la última actualización, parcial, de datos y el bloqueo de 560 millones de euros.

Crítica a las «exigencias» de los LAJ

Tras aquella primera reunión, el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, aseguró que los letrados lejos de sentarse con una actitud abierta elevaron «sus exigencias respecto a las iniciales y sin proponer alternativas, además usando un lenguaje bélico inentendible en estos tiempos».

Sin embargo, el portavoz del Comité de Huelga, Juan José Yáñez, a la salida de la reunión dijo a los medios que a pesar de que la ministra, Pilar Llop, habló de que quería abrir un diálogo honesto, en las horas que han pasado sentados frente a frente «ni hubo diálogo, ni hubo honestidad».

Así las cosas, la huelga indefinida ha alcanzado a su jornada número 30 a raíz del conflicto que tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que a juicio de los letrados, ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Los convocantes señalaron como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».

El secretario de Estado de Justicia ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de una huelga «política» que está fuera de lugar. Tras la primera reunión con el comité de huelga, recordó que no son trabajadores «que quieren llegar a fin de mes» sino que son «personas privilegiadas» que cobran entre 40.000 y 60.000 euros. También recordó que tuvieron este año un incremento del salario del 14 %. Por su parte, los convocantes recuerdan al Ministerio que aceptó sus planteamientos hace ya ahora un año, en abril de 2022, y que hasta la fecha, sabiendo perfectamente el contenido de los mismos y negándose a asumirlo, no se han llevado a cabo.