Cándido Conde-Pumpido, el rodillo del Constitucional que se convirtió en apisonadora

La llegada de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a la Presidencia del TC –fraguada tras varias visitas del veterano jurista a la Moncloa en los meses previos a su renovación– garantizaba a Pedro Sánchez el control del órgano, tras el vuelvo del Pleno a una mayoría de izquierdas, sino que un afín, que nunca ha ocultado su simpatía por el PSOE, liderase una de las legislaturas más complejas para la Corte que tendrá que decidir sobre las causas más polémicas del Gobierno. Aborto, eutanasia, memoria histórica, indultos al separatismo catalán, querellas de los familiares de fallecidos por Covid,... esperaban sobre la mesa del Tribunal más politizado de la historia de la democracia.

Consciente de ello, y nada más resultar elegido para el cargo, Conde-Pumpido estrenaba su «rodillo» para dejar sin representación institucional al ala conservadora, en minoría de cuatro magistrados, tras designar como vicepresidenta a Inmaculada Montalbán. Se estrenaba, así, rompiendo una norma no escrita en el seno del Tribunal según la cual tanto el primero como su segundo deben ser elegidos entre los jueces que se encuentran en el último tercio de su nombramiento –no en el primer año de andadura como sucedía con Montalbán– y, en todo caso, respetando la alternancia de sensibilidades ideológicas en los dos puestos de mayor responsabilidad.

Así las cosas, dejaba todo dispuesto para abordar uno de los temas clave para la izquierda política, aplazado desde hace más de trece años y que, finalmente, tras cuatro ponencias distintas, dará a luz a una sentencia que avale la ley de plazos de la interrupción voluntaria del embarazo, la coloquialmente conocida como «ley Aído». Para lograrlo, Conde-Pumpido recurría a su mano dura, asegurando el quorum de un Pleno en el que cuatro de sus magistrados, una conservadora y tres zurdos, se encuentran bajo sospecha de falta de imparcialidad para pronunciarse sobre el tema.

De nada han servido, por el momento, las recusaciones planteadas por varios de los diputados populares que, en su día, recurrieron la inconstitucionalidad de la norma ante el TC. Tampoco el hecho de que una de las juezas que tomó conocimiento de la cuestión y se pronunció, expresamente, en contra del Anteproyecto normativo que ahora será salvada como ley decidiese autoexcluirse del debate. Conde-Pumpido ha desoído cualesquiera argumentos que respalden la idea de que sus compañeros Concepción Espejel, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la tramitación de la norma; el exministro de Justicia y secretario de Estado de la cartera en el momento de construirse el texto del aborto, Juan Carlos Campo; y, la exalto cargo de la Generalitat, Laura Díez deban apartarse de una materia que ha dividido al Tribunal sin solución de continuidad.

Con todo ello, el jurista al frente del Constitucional ha sentado las bases de lo que será su mandato, blindado frente a las posibles tachas, incluidas las suyas propias, que recomendarían por ética y por estética alejar a algunos de sus miembros del debate y la votación de los asuntos más ideológicos. No sólo el aborto, sino la eutanasia o la memoria histórica, entre otros.

Armar el «encaje» de Cataluña

En su etapa como fiscal general, el jurista gallego nunca ocultó que el Ministerio Público debía estar comprometido con la transformación de la realidad social. Y así lo puso de manifiesto en materia de terrorismo: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino», dijo públicamente Conde-Pumpido en un polémico discurso pronunciado seis meses después de la declaración de alto el fuego de ETA, en 2006.

Por ello, precisamente, Sánchez recurría a un hombre de confianza para la izquierda, en el ámbito judicial, dispuesto a diseñar las estrategias necesarias para armar, jurídicamente, el «encaje» de las Cataluña que ansían los socios separatistas del Gobierno. Y es que, una vez rebajada la malversación del procés y suprimida la sedición del Código Penal, al gusto del independentismo, a Conde-Pumpido sólo le queda garantizar la legalidad de un nuevo Estatuto de autonomía en el que la «consulta pactada» se convierta en una realidad a la medida efectiva del derecho a decidir de los autodeterministas.

Conde-Pumpido ya maniobró en favor del anterior Estatuto de Cataluña cuando era fiscal general del Estado, un cargo que ocupó entre abril de 2004 y diciembre de 2011. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había prometido aceptar el texto que saliera del Parlamento catalán, y Conde-Pumpido puso todo de su parte para que así fuera. No debería haber por lo tanto ningún impedimento para que, ahora, dé con la fórmula para colar en la Carta Magna lo que siempre se ha considerado inconstitucional por el TC. Hasta en tres ocasiones la Corte de Garantías blindó la Constitución española frente al Plan Ibarretxe en 2008, la consulta del 9-N convocada por Artur Mas en 2014 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, Conde-Pumpido pilotará la apisonadora con la que deconstruir el andamiaje de la doctrina reforzada por sus predecesores para plantear una fórmula con nuevas posibilidades: las de un Estatut que se someta al refrendo de los catalanes, como ha venido avanzando El Debate desde el pasado mes de septiembre.