Investigación
La jefa de una asociación que tutela prostitutas con dinero público acumula un patrimonio de 10 millones en propiedades
El Debate publica hoy en exclusiva el amplio listado de inmuebles de Rocío Nieto, presidenta de APRAMP. Ninguna de estas propiedades están declaradas ante el Portal de Transparencia de la asociación
La activista Rocío Nieto, presidenta de la asociación de tutela de prostitutas APRAMP, acumula un patrimonio de 17 propiedades inmobiliarias valoradas en más de diez millones de euros. Ninguno de estos inmuebles están declarados ante el Portal de Transparencia de la asociación. Esta entidad, que se financia mayoritariamente a través de subvenciones públicas, está en el punto de mira por el trato que ofrece a las víctimas de trata a las que acoge.
El Debate ha tenido acceso en exclusiva a todos los inmuebles que figuran a nombre de Nieto, cuya cifra asciende a 17 propiedades. De todas ellas, 10 están a su nombre como persona física y 7 a nombre de sociedades mercantiles. La casa más llamativa es un chalet ubicado en el distrito madrileño de Aravaca. Concretamente, en la calle Cabellera de Berenice. El inmueble, valorado en 3,5 millones de euros, es un impresionante palacete de 1.600 metros cuadrados en una finca de 2.491 metros cuadrados. Fue adquirido el 15 de octubre de 2018 y a día de hoy está libre de cargas hipotecarias.
Nieto cuenta también con cuatro viviendas en Pozuelo de Alarcón (Madrid), cada una de ellas cuenta con valores que oscilan entre los 400.000 y los 900.000 euros. El patrimonio personal de la presidenta de APRAMP incluye también cinco inmuebles más, todos ellos ubicados en la capital: tres pisos y un local en la calle Mesón de Paredes y un apartamento en la calle Gumersindo Azcárate. De todo este patrimonio, todo ha sido adquirido por compraventa excepto el último piso, el más humilde, valorado en tan sólo 100.000 euros, que la presidenta de APRAMP recibió tras una herencia.
Las siete propiedades restantes están a nombre de las mercantiles Alcopromo SA y Oicor-Aifos SL. La primera de estas sociedades patrimoniales fue administrada por Nieto hasta el 23 de enero de 2019 y la segunda está domiciliada en la vivienda privada donde reside. Alcopromo SA es dueña de un segundo palacete en Aravaca situado en la Avenida de Valdemarín. Esta propiedad, valorada en más de 3 millones de euros, fue comprada el 1 de abril de 2009 y, como el anterior palacete, está libre de cargas hipotecarias.
La vivienda cuenta con una superficie de 1.542 metros cuadrados y la parcela en la que se encuentra tiene una extensión de 2.619 metros cuadrados. Por último, Oicor-Aifos SL tiene a su nombre dos pisos, uno junto en la céntrica Plaza del Ángel de Madrid y otro en el municipio de Fuenlabrada. También cuenta con dos locales, un garaje y un trastero en este último enclave del sur de la capital.
Ninguna de estas propiedades inmobiliarias están declaradas ante el Portal de Transparencia de APRAMP. En cambio, al acceder a la plataforma de rendición de cuentas de la asociación hay un lema que reza: «Nuestro compromiso con la igualdad y la eliminación de la esclavitud sexual y la trata de personas nos obliga a una administración óptima e impecable de nuestros recursos». Sin embargo, tan sólo se limitan a hacer público un escueto resumen de las cuentas de la entidad.
Teóricamente, ni Rocío Nieto ni ningún otro cargo de la junta directiva de APRAMP tiene un sueldo por figurar dentro de la entidad. Aún así, en los estatutos de la asociación se afirma que hay excepciones «para las personas que puedan ser contratados o realicen alguna tarea remunerada para la asociación». De ser así, estos empleados contarían con salarios que van desde los 16.106 euros a los 27.380 euros brutos anuales. Es decir, poco más de 1.000 euros netos al mes.
La financiación de APRAMP procede mayoritariamente de multitud de organismos públicos. Entre ellos se encuentran el Ministerio de Sanidad, que según las cuentas de la entidad en 2022 inyectó 397.700,69 euros, y el Ministerio de la Seguridad Social, que les otorgó una subvención de 282.832 euros, entre otros.
Un acuerdo con Irene Montero
El pasado 26 de julio, el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero firmó un acuerdo con APRAMP al incluir a la asociación en un plan de inserción laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de prostitución. Un proyecto que cuenta con un presupuesto público de 12,9 millones de euros.
La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) es una entidad que fue constituida en 1984 por la activista Rocío Nieto, presidenta y fundadora de la entidad. APRAMP tiene su sede central en Madrid y cuenta con delegaciones en Salamanca, Asturias, Almería, Murcia y Badajoz.
Este periódico se ha puesto en contacto con Rocío Mora, directora de APRAMP, para conocer su versión de los hechos sobre la existencia de este abultado patrimonio inmobiliario. Mora ha declinado hacer declaraciones a El Debate alegando que «desconoce a qué patrimonio» se hace referencia. Además de ser la número dos de la entidad, Mora es hija de la presidenta de APRAMP.
En el punto de mira
A mediados de 2021, APRAMP comenzó a estar en el punto de mira por el trato que ofrece a las víctimas de trata a las que acoge. Según El Confidencial, esta asociación ha recibido numerosas denuncias de antiguas trabajadoras en las que se pone en entredicho cómo tratan a las víctimas de la prostitución a las que tutelan, entre las que se implanta una «cultura del miedo».
Según estas denuncias, esta es la vida que llevan las mujeres que son tuteladas por APRAMP: nada más entrar a los pisos tutelados les retiran el dinero y la documentación que puedan llevar encima. Estas denuncias también aseguran que las mujeres no recibían todas las comidas diarias y que en el desayuno se les contaba las galletas que previamente se les había repartido. Si alguna de ellas optaba por guardarla y eran pilladas se las penalizaba.
También se relata que tan sólo se las dejaba hablar por teléfono unos minutos a la semana con sus familiares; que vivían con las puertas de los pisos cerradas con llave y que tenían terminantemente prohibido salir solas a la calle. A pesar de que la presidenta de APRAMP negó estas afirmaciones cuando vieron la luz las denuncias continúan.