El fiscal general mantiene la línea de nombramientos sin consenso en el Consejo

No hay, por ahora, cambios sustanciales en la Fiscalía General del Estado, en manos de Álvaro García Ortiz, en lo que a la dinámica de los nombramientos se refiere. Hasta la fecha, las designaciones siguen pivotando entre los perfiles más afines a la izquierda política y contra el habitual criterio de la antigüedad que se observaba, tradicionalmente, en el seno de la institución hasta la llegada de su predecesora al cargo, Dolores Delgado, que inauguró una era de «dudosa discrecionalidad». El más reciente, en el último Consejo Fiscal celebrado el pasado 23 de febrero, el de la Jefatura de Siniestralidad Laboral. Una plaza que se dio «al séptimo candidato más antiguo del escalafón», Ángel Javier Muñoz Marín.no asociado y que era el adjunto del responsable anterior,

Pese a que la plaza la solicitaban, también, cinco fiscales del Tribunal Supremo, los tres primeros, «al menos, con un CV mucho mejor», apuntan a El Debate fuentes próximas al caso, la plaza fue, finalmente, para un candidato que fue «respaldado por criterios de especialización». «Éste no ha sido un nombramiento político pero no ha habido consenso ni unanimidad en la elección», añaden.

Tras la preceptiva, aunque no vinculante, audiencia a su órgano consultivo, García Ortiz formulaba la semana pasado un total de ocho propuestas de nombramiento para cargos discrecionales en el seno del Ministerio Fiscal. La Fiscalía de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo, vacante tras la jubilación de Félix Pantoja, el pasado diciembre; las jefaturas de las Fiscalías provinciales de Badajoz, Jaén, Las Palmas y León; la Tenencia Fiscal de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, y las Fiscalías de Área de Ibiza, Getafe y Leganés. Además, de la del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo que no obtuvo el apoyo total de los consejeros.

El Supremo tiene la última palabra

Una tónica que se repite con el fiscal general actual que arrastra algunas de las decisiones más cuestionadas a su mentora y antecesora, Dolores Delgado, quien fue protagonista de numerosas polémicas durante su etapa al frente del Ministerio Público procedente de la cartera de Justicia del actual Gobierno sin solución de continuidad. Su propio nombramiento o el escándalo del llamado «caso Stampa», han estado bajo la lupa y las críticas, de sus excompañeros del Ministerio Fiscal. La socialista llegó a enfrentarse en el Supremo a un recurso que presentó la Asociación de Fiscales (AF) contra la política de nombramientos de la fiscal general.

En concreto, la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores. Como alternativa, José Miguel de la Rosa Cortina, un candidato que –a juicio de la AF– atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y que, además, ostentaba la categoría de fiscal de sala, un escalafón superior.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal deliberó sobre el texto de la AF, que ha criticado públicamente la «querencia» de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que perteneció antes de adquirir dimensión pública– a la hora de acordar nombramientos discrecionales. No en vano, de todas las vacantes cubiertas en los últimos meses, ni un sólo candidato ha sido seleccionado de entre las demás entidades profesionales o de fuera del entorno asociativo.